La decisión judicial generó opiniones muy fuertes contra la conducción de la investigación y serios cuestionamientos sobre algunos procedimientos iniciales tras la muerte del menor.

La decisión adoptada por la jueza de Garantías de Gobernador Virasoro, Silvia Benítez, que prohíbe a los medios de comunicación radiales, escritos o cualquier soporte digital difundir las actuaciones que integran el legajo sobre la muerte dudosa del menor Claudio Flores, generó un sacudón mediático y rozaría la censura en torno a un caso en el que el propio Superior Tribunal de Justicia ordenó la exhumación del cuerpo del adolescente por supuestas irregularidades que habrían sido detectadas.

Esa misma medida judicial hizo que, por ejemplo, en la mañana de ayer ningún medio de comunicación pudiera hacer tranquilo una cobertura periodística respetuosa y necesaria sobre la medida ordenada por una entidad pública, en un lugar público, sobre un caso que afecta a toda la sociedad correntina.

Pero quizás lo más insólito de la resolución es que haya sido tomada en base a un audio de WhatsApp enviado por el fiscal a la jueza que solicita aquella medida, que en su artículo primero dice textualmente: "Ordenar en carácter de medida cautelar el cese inmediato y prohibición de divulgación y/o publicación a todos los medios de comunicación masiva, tanto gráficos, radiales o televisivos, y asimismo a todas las redes sociales, de las actuaciones que integran el legajo de investigación que tramita esta unidad fiscal de investigaciones concretas referidas a la muerte dudosa de Claudio Elías Flores, como así también a las publicaciones, tanto en los medios públicos o privados, con nombres, apellidos o imágenes de menores o adolescentes institucionalizados…".

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En este sentido, el abogado querellante de esta causa, Eduardo Etchegaray Centeno, fue categórico en declaraciones realizadas a diario época: "Esta medida no tiene sentido. Intentaron amedrentar a los medios para que no se hagan eco de un caso que presenta muchísimas irregularidades. Además yo voy a seguir hablando del caso todo lo que quiera porque corresponde en mi rol de querellante", enfatizó el letrado. "Lo que nos pidió la jueza es que no ventilemos las fotos del expediente", agregó Etchegaray.

En referencia a la exhumación del cuerpo del menor, dijo: "Voy a pedir que se investigue la conducta de Andrich y Artigas, quienes fueron los médicos que realizaron la primera autopsia, para ver si no incumplieron los deberes de funcionarios públicos porque si hubo una orden del Superior Tribunal para hacer una exhumación y una necropsia al cuerpo es porque se dieron cuenta que la primera estuvo mal hecha. Ayer (por el miércoles) se retiró el cuerpo que estaba muy descompuesto y algunas partes para analizarlas, pero quedó claro que faltaron muchos detalles claves que no fueron cubiertos en el primer examen del cuerpo y que hoy dificultan toda la causa", concluyó el abogado.

Por su parte, Patricia Ramos, perteneciente a la ONG "Faro Solidario" que apadrina a niños y hogares de tránsito, comentó a diario época: "Yo era la madrina solidaria de Claudio, él antes no tenía celular por lo que mucho no podíamos hablar, por eso no me alcanzó a contar sobre las torturas y castigos dentro del hogar. Nosotros lo vimos por última vez en el mes de enero, después nos agarró COVID-19 y cuando intentamos volver a contactarnos nos enteramos que había muerto, lo que fue un fuerte golpe emocional. Tras mi publicación sobre esta muerte y las dudas me contactaron un montón de chicos que pasaron por los hogares de Virasoro y destaparon el escándalo", sostuvo Ramos.

Finalmente, Ramos sentenció: "No se puede creer que exista tanta crueldad y el mayor pecado de Claudio para esas personas fue haber sido pobre. Ellos habrán pensado que no se merecía justicia".

Ahora se espera que los resultados de la necropsia realizada al cadáver del menor estén para los primeros días del mes de mayo. Esto definirá finalmente cuál será la carátula final en el caso que desató un enorme escándalo en el entorno de los hogares de menores de Gobernador Virasoro.

¿Versión correntina de "la jueza Barú Budú Budía"?
Corría 1992 (el próximo 10 de mayo, en 18 días, se cumplirán 30 años), la jueza María Romilda Servini de Cubría interpuso un recurso para que uno de los bloques del programa político-humorístico de "Tato" Bores no saliera al aire. La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal se hizo eco del reclamo y censuró dos fragmentos del programa que aparecieron con placas negras en la que se leía "censura judicial".

Días atrás, en Gobernador Virasoro, la jueza de Garantías Silvia Érika Benítez, en el marco de las actuaciones por la muerte de un adolescente en un Hogar de Menores, resolvió "ordenar en carácter de medida cautelar el cese inmediato y prohibición de divulgación y/o publicación a todos los medios de comunicación masiva, tanto gráficos, radiales o televisivos y asimismo a todas las redes sociales de las actuaciones que integran el legajo de investigaciones… referidas a la muerte dudosa de Claudio Elías Flores". Luego, en el segundo punto de la Resolución judicial, la magistrada comunica su decisión a la parte querellante al abogado patrocinante y al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

En pocas palabras, la jueza Benítez pretende, lisa y llanamente, que los medios de comunicación no informen más nada de la continuidad de una causa que causó indignación social en Virasoro con múltiples marchas de pedidos de justicia. Pero, además, entiende que una resolución rubricada por su cargo evitará que el tema sea difundido por redes sociales. Dos consideraciones. La primera, se trata de una censura. La segunda, es una utopía.

En aquel 1992, Servini de Cubría argumentó que un llamado anónimo la había alertado sobre escenas "injuriosas y difamantes hacia su persona" aunque ella no había visto el segmento en cuestión.

Se trataba de un bloque en el que un supuesto arqueólogo en 2492 analizaba datos de una Argentina desaparecida y evaluaba cómo la Corte Suprema de Justicia le aplicó una multa irrisoria a la jueza como reprimenda por las irregularidades detectadas en la causa por lavado de narcodólares ("el Caso Yoma").

El resultado, una enorme cantidad de importantes y reconocidos artistas y figuras hicieron público su apoyo a "Tato". Se reunieron en el estudio de televisión y en coro entonaron el famoso estribillo "la jueza Barú Budú Budía es lo más grande que hay", en clara pero sarcástica alusión a Servini de Cubría.

Aquella "rebelión" se transformó en, quizás, el acto más recordado de rechazo a la censura y a favor de la libertad de expresión.

Tres décadas después, la jueza Benítez rubrica una resolución en la que ordena que nadie publique sobre la investigación por una muerte. Podrá argumentar que parte del expediente fue fotografiado y filtrado a los medios de comunicación y, además, distribuido en redes. Si tanto le preocupa debería trabajar para evitar "esas fugas", pero no puede coartar la libertad de prensa. "Un mundo sin periodistas sería un mundo feliz", dijo John Major cuando era premier británico. Seguramente sería así para aquellos que pretenden que las verdades no se conozcan.

Viernes, 22 de abril de 2022