La Fiscalía de Instrucción entrevistó a 56 personas que confirmaron que sus firmas en planillas de trabajo eran falsas y que no cobraron ningún plan. El Intendente sostiene que esas pruebas no son reales y habla de maniobras políticas.

El intendente Caram habla persecución política y el fiscal de planes truchos por $5 millones


La Justicia correntina dictó el procesamiento y prisión preventiva de Diego Caram, intendente de la ciudad de Mercedes. La causa engloba un supuesto caso de peculado en el que el equipo municipal habría malversado fondos a través de planes sociales truchos.

El fiscal Adrián Casarrubia confirmó a El Litoral que declararon 56 personas, mientras Caram sostiene que apelarán y denunció persecución política.

La jueza Margarita López Rivadeneira confirmó la semana pasada el procesamiento y prisión preventiva del intendente peronista por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación de documentos públicos agravado y sustracción de documentos públicos”.

Diego Caram explicó a El Litoral que tanto él como los demás implicados apelarán la decisión, ya que sostiene que los documentos que lo apuntarían por los planes truchos serían falsos. El fiscal que investigó aseguró que habría en juego $5 millones en peculado y que hay documentos digitales que avalan su veracidad.


“Esta es una causa que Víctor Cemborain denunció en mayo del 2019 sobre la utilización de nombres de personas para cobro de planes. La plata se la quedaba el tesorero, el secretario de hacienda, la jefa de personal y el Intendente”, relató Casarrubia, fiscal de Instrucción de Mercedes.

En términos judiciales, peculado refiere a la apropiación del dinero público que pertenece al Estado por las personas que están encargadas de gestionar, administrar y custodiar dichos recursos. “La metodología que utilizaban era con nombres de personas reales, de carne y hueso. En la investigación se acreditó que nunca cobraron un peso”, explicó el fiscal.

Según resaltó, el peculado se habría desarrollado “desde el mes de mayo hasta septiembre del 2019. Hay cerca de 5 millones de pesos solo en eso”.



Sobre la denuncia y la investigación

El profesional sostuvo que hay 76 personas involucradas en la denuncia. “Se usaron 76 nombres de personas. Yo cite a 56 en el proceso de investigación. Al resto no los encontré porque viajaron o cosas por el estilo”, relató.


“Esas personas declararon que no eran sus firmas, que no eran empleados municipales y que no cobraron un peso”, comentó.

Los funcionarios municipales están procesados también por delito de sustracción documental. “Cuando nosotros realizamos los allanamientos y buscamos los planes de trabajo de esos meses (planillas donde las personas vuelcan sus firmas) no los encontramos. Ellos sustrajeron los originales, alguno de ellos se lo llevó a su casa. Hicimos allanamientos y no pudimos hacernos de la documentación original”, confirmó.

“Entonces le dimos entidad a una fotocopia que Cemborain consiguió de personas de adentro de la Municipalidad”, agregó.

Es ese el factor clave para comprender la apelación que hará el intendente Caram ya que para él esos documentos no tienen autenticidad. Casarrubia sostiene que: “Estas planillas de planes sociales quisieron ser cuestionadas en la investigación, pero se acreditó que fueron válidas. La jueza entendió que eran suficientes para procesar. Además había otras pruebas: se hizo pericias en elementos informáticos donde se acreditó que ellos utilizaban planillas digitales. Estaban en un pendrive y una netbook de una de las imputadas. Todas esas planillas estaban digitalizadas en sistemas informáticos de ellos y con eso logré convencer a la jueza”.


La palabra de Caram y el proceso que sigue

Tras conocerse la decisión judicial, Diego Caram confirmó que sus abogados harán una presentación en la Cámara de Apelaciones. El funcionario sostiene que las fotocopias de esos documentos no son reales. Ahora será la Cámara quien decidirá si Caram irá a juicio. Pero no será encarcelado, ya que en 2019 se le otorgó la excarcelación.

“Mi lectura y la de todos es que el fiscal fue el presidente de la Unión Cívica Radical en su momento. Y ahora me persigue por una denuncia de Cemborain con fotocopias que no reales”, mencionó a El Litoral Diego Caram.

“Este procesamiento habla constantemente de las fotocopias, pero nadie dice de dónde salió o cómo lo consiguió”, sostuvo el funcionario.

Además, el Intendente destacó que: “La denuncia se hizo en un momento de la interna radical donde el senador Colombi le manifestó a los integrantes del Ateneo Radical lo que nos iba a pasar. Esa es la realidad no hay otra”.


Sobre los pasos a seguir, Caram confirmó que tiene hasta este miércoles (mañana) para apelar el procesamiento. “Hasta el miércoles hay para apelar. Lo que pasa es que la Justicia dijo que puede llegar a haber algo. Ahora lo que nos queda a nuestros abogados es presentar las pruebas, las recusaciones de quiénes podrían participar y quiénes no. Los que dicen que hicimos las cosas mal también tienen que presentar las pruebas”, cerró el funcionario mercedeño.

En tanto, según explicó el fiscal Casarrubia: “Los procesados tienen 10 días para apelar a la Cámara de Mercedes. Un recurso de apelación para discutir por lo que la jueza los procesó. Si confirman el procesamiento va a ir a juicio, el otro paso procesal donde el Tribunal Oral Penal debatirá el tema”.

“Va a ser rápido porque los pasos de apelación hoy son rápidos”, dijo.

La situación es que además de todo lo mencionado, el fiscal sostiene que: “También se acreditó otro tipo de maniobras de extracción de dinero diario. Aproximadamente entre $30.000 y $50.000 pesos diarios sacaban por tesorería usando pequeñas planillas de personas en las que cobraban algún servicio que ellos nomás falsificaban. Cada una cobraba entre 8 mil y 9 mil. Eran pequeñas sumas cada una, pero que en la totalidad es mucho”.


Esas sustracciones sí fueron acreditadas por documentos originales. La investigación inició en 2019 tras otra denuncia de Víctor Cemborain. Al respecto, el exfuncionario mercedeño dijo este fin de semana a El Litoral: “Yo hice la denuncia como un ciudadano más en 2019 y aunque la Justicia tardó casi tres años en expedirse, lo hizo. Eso es lo importante”.

Martes, 19 de abril de 2022