Desde la sede del organismo se le deslizó al Ejecutivo que se le daría el aval dentro del Board si el Congreso aprueba el proyecto sin el artículo 2. Siempre que lo defiendan Kozac, Cubeddu y Goldfjan. Se avalaría la teoría Carrió/ Melconian.

Parecería que la fórmula Carrió/Melconián toma fuerza. Si en horas el oficialismo en Diputados no encuentra la manera de garantizar la llegada al recinto del proyecto de ley que incluye el 100% del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), algo que hoy estaría pasando; el oficialismo aceptará que se habilite una instancia negociadora con la Coalición Cívica y parte de la Unión Cívica Radical (UCR). Esto derivaría en que el artículo 2 del proyecto, el que incluye el contenido técnico concreto del Facilidades Extendidas, podría quedar fuera; pero se le avalaría la autorización al Ejecutivo para cerrar el acuerdo y firmar el nuevo endeudamiento. Luego, el contenido de los anexos, sería reglamentado a través de un decreto y diversas resoluciones del ministerio de Economía; sin que pierdan validez legal ni institucional.

La novedad de la jornada es que luego de consultas locales e internacionales, desde el organismo financiero internacional se le aseguró a la Argentina que para el Board no habría mayores cuestionamientos ante el cambio político en el trámite de la aprobación. Y que si tiene el sello de agua de los técnicos negociadores Julie Kozac y Luis Cubeddu y la firma de Illan Goldfjan; habría votos positivos. Por lo que se sabe en Buenos Aires, ni la directora adjunta para el Hemisferio Occidental, ni el encargado del caso argentino; y, dato clave, el director gerente para el Hemisferio Occidental discutirían la legalidad del acuerdo si este pasa por el Congreso, aún en su versión mínima.

Si esto se confirma, se habrá consolidado la idea original planteada dentro de Juntos por el Cambio (JxC), por primera vez, por Carlos Melconián, y que Elisa Carrió llevó a la primera línea política de la oposición, y acercó en febrero pasado al Gobierno nacional como alternativa. El economista fue quién originalmente planteó que no existirían argumentos económicos y financieros sólidos y legales, para que el acuerdo pase en su totalidad por el Congreso. Según lo que explicó Melconián en una reunión en enero pasado, solo se necesitaría que pase por el Poder Legislativo la aprobación o rechazo (o la abstención), de una reestructuración de deuda por una nueva. En el caso de la discusión con el FMI, el reemplazo del Stand By vigente, por un nuevo proceso de toma de crédito incluido en el Facilidades Extendidas. Pero sólo como dinero que ingresa en un plan de pagos para liquidar otro vigente.

Como segundo argumento, Melconián explicó que de ninguna manera debe pasar por la Cámara de Diputados y el Senado para institucionalizar su legalidad, un acuerdo con el FMI para avalar compromisos trimestrales y anuales acordados con el organismo financiero internacional. En este caso, el cumplimiento de las metas de déficit fiscal, monetario, macro, financiero y cambiarias, deberían ser firmadas y comprometidas sólo por el ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esto es, que, en la actualidad, Martín Guzmán y Miguel Pesce tendrían que rubricar el acuerdo; y discutir trimestralmente con los enviados del FMI al país el cumplimiento (o no) de esas metas.

Eventualmente, y sólo como una complementariedad formar institucional, sería tarea del Congreso debatir un proyecto de presupuesto que incluyera las métricas selladas con el Fondo. Pero no mucho más. En general, y con matices, a la línea de Melconián adhieren Guido Sandleris y Hernán Lacunza, los otros consultados por el ala política. Ambos comparten la visión del expresidente del Banco Nación, y la profundizan con más contenidos técnicos y políticos. Y afirman que el seguimiento de estos conceptos, tiene además que ver con la negociación y cierre del Stand By discutido durante el Gobierno de Mauricio Macri; que ahora se intenta cerrar y renegociar.

La clave teórica, es que la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública 27612, aprobada en marzo de 2021, dice en su artículo 2: “Dispónese que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”. Y que en el artículo 3 se menciona a “la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras, así como los programas de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y las eventuales ampliaciones de los montos de esos programas u operaciones”.

Este punto fue tomado al pie de la letra por Carrió, que en febrero explicó desde la Coalición Cívica que los anexos no están alcanzados legalmente por esa ley de endeudamiento y que es responsabilidad del Ejecutivo el de negociar y cerrar metas y variables con el FMI; así como se cierran acuerdos con el Banco Mundial (BM) el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la CAF, entre otros.

Como ya se contó en este espacio, nunca desde el FMI se exigió que todo el acuerdo en su extensión sea aprobado por ley. Simplemente se acordó con Martín Guzmán, en los comienzos de las negociaciones a inicio del 2021, que debía haber algún tipo de aval de la clase política para cerrar un compromiso general de cumplimiento y apoyo al Facilidades Extendidas. Pronto se entendió desde Washington que había problemas internos en el aval, con lo que las expectativas dentro del Fondo fue limitándose a un acuerdo a dos tiempos; un primer plazo que cierre en 2024, y luego habilitar un segundo proceso para los otros 10 años del tratado. En este sentido, si se aprobara el acuerdo por ley con el articulado mínimo (sin el segundo), no se pondrían trabas.

Martes, 8 de marzo de 2022