Se esperaban anoche los resultados, pero no había dudas de la victoria sandinista debido a la debilidad y bajo perfil de la competencia. Denunciaron actos de intimidación para robustecer la participación.

Managua - Los nicaragüenses votaron ayer en comicios ampliamente percibidos como una formalidad para que el presidente Daniel Ortega asuma un nuevo mandato tras 14 años seguidos en el poder, algo posible por el encarcelamiento de siete aspirantes opositores. Al cierre de esta edición se esperaba la difusión de los primeros datos del escrutinio y el nivel de participación ciudadana, pero la comunidad internacional anticipaba su rechazo y asomaba una era de mayor aislamiento para el país.

Ortega, quien llegó al poder por las urnas en 2007 y el jueves cumplirá 76 años, se apresta a iniciar otros cinco años como presidente, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y junto a su poderosa esposa Rosario Murillo (70), candidata a la vicepresidencia por segunda vez.

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Tras la detención de opositores de alto perfil, acusado de conspirar con Estados Unidos, el exguerrillero sandinista -también gobernó en los años 1980 luego de que el FSLN derrocara en 1979 al dictador Anastasio Somoza- enfrentó ayer a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados por la oposición proscripta de ser colaboradores del Gobierno.

Sanciones

La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), descalificó los comicios.

El presidente estadounidense, Joe Biden, cuyo país al igual que la UE sancionó al círculo íntimo de Ortega, firmará un arsenal de medidas bajo la Ley RENACER, para aumentar la presión.

La situación en Nicaragua se debatirá esta semana en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde podría plantearse la suspensión del país en el bloque regional.

Analistas advierten que un aislamiento empeorará la situación socioeconómica y disparará la migración, aunque el Gobierno augura un crecimiento del PBI del 6% este año con la inyección de remesas de expatriados –1.400 millones de dólares de enero a agosto–, créditos internacionales y la ausencia de restricciones pese a la pandemia.

Unos 200 “acompañantes electorales” y decenas de periodistas de países que el gobierno considera “amigos”, como Rusia, fueron acreditados.

Según el observatorio independiente Urnas Abiertas, son “simpatizantes sandinistas” que reemplazan la observación internacional de la OEA o la UE y a medios internacionales.

Ambiente

Un total de 13.459 mesas electorales abrieron a las 07.00 locales para unos 4,4 millones de electores convocados a elegir también a 90 diputados de un Congreso que, al igual que todos los poderes del Estado, está bajo control oficial.

“No hay por quién votar. Esto es un circo electoral. Si ellos están tan seguros de que el pueblo los quiere ¿por qué echaron presos a los aspirantes presidenciales?”, le dijo a la agencia AFP una secretaria de 51 años que no quiso relevar su identidad.

En tanto, Lorena Saborío, de 59 años, una activista sandinista que organiza con una lista que la gente vaya a votar en su barrio San José Oriental, mostró su dedo manchado en señal de que votó: “Ni un paso atrás. Lo que está a la vista no necesita anteojos. Este es el Gobierno más democrático que hemos tenido”, afirmó.

La atención de los comicios en este país centroamericano de 6,5 millones de habitantes está centrada, no en quién ganará, sino en la participación y en la reacción de la comunidad internacional que considera estas elecciones “no libres ni democráticas”.

En algunos centros de votación se formaban pequeñas filas. El FSLN se movilizó casa por casa para llamar a votar, mientras que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que se intimidó a la gente para que concurriera a votar.

Estos comicios se celebraron tres años y medio después de las protestas que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100.000 exiliados.

Acercándose los comicios, en junio comenzó una ofensiva contra la oposición: fueron ilegalizados tres partidos, detenidos siete aspirantes presidenciales y otros 32 activistas políticos y sociales, empresarios y periodistas, que se sumaron a unos 120 opositores que aún están presos desde las protestas de 2018.

Los más recientes detenidos están acusados, según leyes aprobadas a fines de 2020, de atentar contra la soberanía, promover sanciones internacionales, “traición a la patria” o “lavado de dinero”, como es el caso de la aspirante opositora favorita, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y quien se encuentra en arresto domiciliario.

Ortega es señalado por sus críticos de “nepotismo” y de instaurar una “dictadura”. Él acusa a los opositores de “golpistas” apadrinados por Washington.

En Costa Rica, donde se refugian miles de exiliados, unos 1.000 nicaragüenses marcharon este domingo por las calles de la capital San José. “Estamos buscando que esa pareja diabólica (Ortega y Murillo) se vaya del país y vuelva la democracia”, dijo Marcos Martínez.

En Managua, al votar, la presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), Brenda Rocha, invitó a la “fiesta cívica”.

El gobierno planea convocar a un diálogo, pero analistas críticos estiman que es una estrategia para ganar legitimidad y que no será real con los opositores presos o exiliados.

Martes, 9 de noviembre de 2021