Al no dar quórum para tratar la ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, la oposición de Juntos por el Cambio priorizó defender intereses corporativos por sobre los de los millones de argentinos y argentinas que representan.

El martes se había convocado a sesión en la Cámara de Diputados para discutir, entre otras, una ley muy importante impulsada por la sociedad civil: la ley de etiquetado frontal. Sin embargo, la oposición montó un show, muchos dicen auspiciado por algún lobby empresario, para evitarlo. Creyendo que perjudicaban al Frente de Todos se metieron con el derecho de millones de argentinos. Pero detrás de esta escena dantesca lo que se esconden son prejuicios ideológicos sobre la intervención del Estado que es preciso desmontar.

Por un lado la premisa de que cualquier intervención o regulación estatal sobre mercados constituye un desincentivo y un obstáculo a la producción. Por otro la idea de que obligar a los productores a informar a los consumidores es una acción paternalista ya que se asume que el ejercicio de nuestra libertad para elegir que comprar es condición suficiente para que la oferta se adapte a nuestra demanda.


Pero lo que sucede con los alimentos y en particular con los que se presentan como "saludables" es un ejemplo concreto de porqué esto no es así.

Los abusos del mercado
En Argentina hay una porción creciente de la población que ha ganado conciencia respecto a lo que consume y que busca alimentos más saludables. La industria ha respondido a esta demanda con una enorme cantidad de productos "light" o con apariencia artesanal. Pero en muchas situaciones estamos frente a casos de publicidad engañosa.

Está lleno de productos verdes con slogans destinados a atraer a este público que son igual o incluso menos saludables que los originales. Productos ultraprocesados llenos de sodio, grasas trans, y químicos de todo tipo que se presentan en la góndola como alimentos saludables. ¿Por qué? Porque es más barato engañar a la gente que cambiar la forma en que se concibe la producción masiva de alimentos.

Es decir que muy lejos de autorregularse y generar un equilibrio óptimo para consumidores y productores, el mercado librado a su suerte en este caso genera lo contrario, una situación de abuso e injusticia que sufren todos los consumidores. El rol del Estado justamente es entonces generar las condiciones para que el intercambio se haga sin engaños ni abusos.

Un Estado presente
La Ley de Etiquetado Frontal es una excelente herramienta en este sentido, para nivelar la cancha y permitir a los consumidores contar con la información necesaria para elegir con libertad qué comer.

El Estado interviene para desincentivar consumos que considere negativos para las personas a pesar de la valorización del mercado en numerosas oportunidades. El mejor ejemplo de esto son los cigarrillos en donde, mediante la intervención estatal, se logró reducir el consumo de tabaco. La Ley de Etiquetado Frontal va en esta dirección. Está comprobado que el etiquetado de advertencia ayuda a modificar los hábitos alimentarios en pos de una dieta saludable en todos los sectores socioeconómicos. En Chile está en vigencia desde 2016 y los resultados allí muestran que el 68% de las personas cambiaron sus hábitos alimentarios, el consumo de bebidas azucaradas bajó casi un 25%, y un 48.1% de los consumidores compara la presencia de sellos a la hora de comprar.

Por otro lado, el Estado invierte millones todos los años en atender a personas con problemas de salud fruto de la mala alimentación, que es una de las principales causas de enfermedades crónicas no transmisibles. Por ende, no solo se cuida a la población sino que es una decisión económicamente lógica.

¿Problemas en la industria?
Otro de los argumentos centrales de quienes bloquearon el tratamiento de esta ley es que sería negativa para la economía del país. Afirman que esto produciría una crisis en la industria alimenticia y pérdida de empleos. Sin embargo, los alimentos son los productos con mayor demanda inelástica, es decir: nadie deja de comer si tiene cómo pagarlo. Por ende, lo que se requeriría en todo caso es una reconversión de la industria alimenticia a tono con lo que los consumidores, con toda la información disponible, elijan comprar. Si analizamos el caso de Chile observamos que el 20% de la industria modificó sus productos. La revista científica Food Policy demostró que, 18 meses después de la implementación de la ley de etiquetado allí, no se advirtieron impactos en el empleo ni en el promedio de salarios reales.

Dime a quién defiendes y te diré quien eres
Una vez más la oposición de Juntos por el Cambio priorizó defender intereses corporativos por sobre los de los millones de argentinos y argentinas que representan. Sería mucho más saludable para el sistema democrático que los manifiesten en forma más transparente en lugar de excusarse en discursos falaces sobre la libertad y las instituciones. Así sería más claro para todos discutir realmente el modelo económico que queremos. Por nuestra parte somos claros con lo que buscamos: un Estado presente, ágil y cercano que no haga la vista gorda frente a los abusos de las corporaciones. En definitiva un país con más justicia social.

Diputado Nacional por el Frente de Todos, economista director del OCEPP.

Lunes, 11 de octubre de 2021