El debate, impulsado por las fuerzas de izquierda y resistido por la derecha, ya está en marcha. Buscan que la nueva fuerza policial no sea militarizada y esté plenamente sometida al control civil. La represión de las protestas sociales de 2019 puso el tema otra vez en cuestión.

Santiago - La Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente acaba de reabrir un debate que suele despertar fuertes pasiones en Chile: propuso en su reglamento “el reemplazo de la institución de Carabineros”, la cuestionada fuerza policial militarizada del país, que tras su reemplazo y refundación pasaría a depender del nuevo Ministerio de Seguridad Pública que intenta crear el Gobierno.

El órgano de la Constituyente, el diverso pleno que discute la redacción de una nueva Carta Magna que reemplace a la de la dictadura pinochetista, se propuso reemplazar Carabineros “por una entidad pública que ejerza la función policial bajo dependencia y control civil, con enfoque ciudadano, desmilitarizado, con carrera funcionaria de escalafón único y que someta su doctrina, sus políticas y el cumplimiento de su labor al respeto irrestricto de los derechos humanos”.

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Carabineros en una institución estrechamente ligada a la represión ilegal durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La sola redacción de este artículo desató un debate polarizado y áspero sobre la posible refundación de una institución que acumula hace décadas denuncias de abusos y excesos, pero que quedó definitivamente bajo la lupa de la sociedad tras las violaciones a los derechos humanos documentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y cometidas por la fuerza durante el estallido social de 2019, cuando miles y miles de chilenos salieron a las calles para pedir un cambio estructural en el país. Dichos abusos fueron denunciados incluso por oenegés internacionales.

El Gobierno conservador de Sebastián Piñera no pudo frenar el hambre de cambios en 2019, pero rechazó de inmediato la iniciativa. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, aseguró que Carabineros “tiene una historia que no se puede borrar de un día para otro” y, en ese sentido, pidió “tener mucho cuidado cuando se quiere hacer un punto a veces político”.

Incluso, habló en conferencia de prensa de un proceso “de reforma” a la institución -que podría depender de un nuevo ministerio que busca crear el Gobierno a través de un proyecto de ley que envió esta semana al Congreso- pero descartó uno “de refundación”, como pide la Constituyente, cuerpo en el que prima la oposición e independientes de centroizquierda muy críticos de la estructura institucional político y económica actual.

Carabineros, según denuncias del INDH, cometió torturas y otras violaciones a derechos humanos contra personas detenidas en el marco del estallido social de hace tres años, una ola de protestas masivas que fueron fuertemente reprimidas y terminaron con más de una veintena de muertos y más de 3.600 heridos. Entre esos abusos se ha registrado el disparo intencional de perdigones a los ojos de manifestantes, muchos de los cuales perdieron la vista.

Ante la acumulación de denuncias y pruebas, el Gobierno de Piñera y hasta la cúpula de Carabineros tuvo que prometer una reforma.

El actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, argumentó en esta semana que la fuerza ya se encuentra en un proceso de “modernización”, pero aclaró: “Ninguna persona me ha pedido que cierre un cuartel o que elimine a carabineros donde están. Todos me han pedido más carabineros”.

Sin embargo, estos argumentos no parecen funcionar ante la dirección de la Constituyente. En una conferencia de prensa, el vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, advirtió que “si la Constituyente decide refundar Carabineros, Carabineros será refundada” y que el pleno, elegido en elecciones hace solo unos meses, “tomará decisiones importantes sobre los poderes del Estado y no se va a dejar pautar por el poder constituido”.

Bassa no está solo en su determinación. Manuela Royo, convencional independiente y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del organismo, defendió la propuesta y explicó que nació “como una garantía de no repetición”.

También, Amaya Alvez, convencional del partido de izquierda Revolución Democrática y coordinadora del reglamento de la comisión, detalló que la propuesta de refundar Carabineros se debatirá en el pleno de la instancia, aunque aclaró que antes debe atravesar el tratamiento de la Comisión de Derechos Humanos.

En la vereda opuesta, el Gobierno se ubica junto con su base conservadora, la que alerta sobre un exceso en las funciones del organismo.

Marcela Cubillos, constituyente de la pinochetista Unión Demócrata Independiente, afirmó que la comisión no tiene atribuciones para refundar Carabineros y que esta acción “aumenta el desprestigio y no ayuda a que la gente pueda tener más confianza en el trabajo que aquí se hace”.

Lunes, 6 de septiembre de 2021