La defensa de Ortiz sostuvo que le corresponde asumir basándose en el dictamen del Superior Tribunal de Justicia. Pero desde el recinto local indicaron que esa sentencia no está firme porque plantearon llevar el caso a la Corte Suprema.

El 10 de diciembre próximo culminará el mandato de quien ocupa la banca de San Roque que se judicializó en el 2019. Un lugar en el que hace poco más de dos años está una concejal. Sin embargo, hay otra pobladora que sostiene que ese espacio le corresponde y que días atrás consiguió un fallo favorable del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Pero desde el Legislativo local recordaron que la controversia comenzó por una presunta incompatibilidad de cargos y sostuvieron que el último dictamen judicial no está firme porque presentaron una apelación.

En la elección de concejales de 2017, la boleta del Frente San Roque Merece Más obtuvo dos bancas en el cuerpo deliberativo local, y una de ellas le correspondió a José María Morales, quien luego renunció a ese rol legislativo para asumir como secretario de Gobierno y Finanzas de la Municipalidad.

Tras realizar el correspondiente corrimiento de lista, asumió en su reemplazo Mariana Florentín. Pero ella, el 6 de noviembre de 2018, también dimitió porque, al ser la cuñada del intendente —es decir familiar— no iba a poder votar balances, presupuestos, etc.

Ante esta situación, se volvió a formar una comisión de poderes para analizar si quien la sucedería en el cargo reunía los requisitos correspondientes.

“Si bien quien continuaba en la lista era Ortiz, no acreditó que tuviera licencia sin goce de haberes en su otro trabajo, donde es personal policial que cumple tareas administrativas; función que hasta ahora sigue realizando”, argumentaron desde el recinto al ser consultados por El Litoral.

Luego añadieron que “en ese momento, en base al despacho de la comisión de poderes, la mayoría de los integrantes del Concejo votó para que no se le tomara juramento a Ortiz debido a que no reunía los requisitos para ser concejal”.

Motivo por el cual en la banca vacante asumió quien seguía en la lista: Isabel Montenegro.

Judicialización

No obstante, Ortiz planteó su caso en los estrados judiciales.

En primera y segunda los fallos no fueron favorables, por lo cual no se revocó la decisión del cuerpo deliberativo local.

Sin embargo, días atrás, el STJ emitió un dictamen a través del cual dio lugar a lo expresado por Ortiz y ordenó que se le tomara juramento en un plazo no mayor a las 48 horas hábiles. Resolución que fue celebrada desde la defensa legal de la sanroqueña porque consideran —entre otros puntos— que no se respetaron sus derechos y que existió un abuso de autoridad.

De acuerdo a esa postura, Ortiz ya tendría que haber jurado.

Sin embargo, desde el Concejo Deliberante ratificaron que por ahora eso no sucederá y, en consecuencia, Montenegro seguirá siendo integrante del Legislativo local. Al mismo tiempo aseveraron: “No es verdad que ella acreditó que le habían dado la licencia sin goce de haberes como personal policial, es más, hasta ahora sigue trabajando como administrativa en esa dependencia. Además se apeló el fallo del STJ. Eso significa que no está firme”.

Sobre esto último, indicaron que realizaron ese planteo porque consideran que la Corte Suprema debería revocar la sentencia del Superior Tribunal de Justicia. En ese sentido, adujeron que —entre otras cuestiones— sería inconstitucional porque presuntamente afectaría el derecho a la defensa en juicio y lesionaría la autonomía municipal.

Viernes, 20 de agosto de 2021