El Grupo Clarín lidera las maniobras judiciales para desobedecer las reglamentaciones vigentes sobre el control de las telecomunicaciones.

“Es impensable vivir en un mundo donde la conectividad no llegue a todos. Se enojan porque digo que internet es un servicio público... ¡que se enojen! Porque vamos a hacer de internet un servicio público para que llegue a todos los argentinos y las argentinas y que no nos estafen ni nos roben con las tarifas”, sentenció el presidente Alberto Fernández en la presentación del plan Argentina Programa. El mandatario le hizo una advertencia al Grupo Clarín, quien lidera las maniobras judiciales para desobedecer las reglamentaciones vigentes sobre las telecomunicaciones.

El año pasado, el Gobierno declaró por decreto como servicios públicos a la telefonía, internet, y televisión paga. La decisión fue tomada para democratizar el acceso al campo de la telecomunicación, un emporio de empresas que se opusieron de forma terminante.

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En la práctica, el decreto obligó a las compañías a consensuar con el Gobierno cuándo y cuánto podían aumentar sus tarifas, lo que derivó en reclamos judiciales que aún hoy se están tramitando y en multas administrativas.

Clarín se mueve por fuera de la ley
El último informe que brindó el Indec sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) arrojó un dato preocupante: el rubro Comunicación registró un aumento del 7% en junio y lideró las subas del mes. A pesar de que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) no autorizó ningún incremento, las empresas de telecomunicaciones se valieron de la medida cautelar que obtuvo el Grupo Clarín para ir en contra de la declaración de servicio público para subir las tarifas indiscriminadamente.

El poder judicial volvió a operar en contra de los usuarios y les hizo un guiño a las compañías de telecomunicaciones en su pelea contra la intervención del Gobierno para regular el mercado. La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal admitió a fines de junio la medida cautelar que pidieron de forma conjunta las empresas Telecentro y DirecTV contra el DNU 690/2020, que declaró a las telecomunicaciones servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. Estas dos compañías se sumaron a Clarín, que inició el proceso judicial.

El fallo contó con los votos de los jueces José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez, mientras que la jueza María Claudia Caputi votó en disidencia con sus pares. El Enacom elevó el recurso de queja para llevar la discusión a la Corte Suprema pero las empresas ya hicieron de las suyas.

Es que la misma Sala II en lo Contencioso Administrativo rechazó el recurso extraordinario que había pedido el ente en un voto mayoritario (2 a 1). El recurso consistía en que se suspenda la medida cautelar a favor del grupo Telecom y contra la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 690 ratificado por el Parlamento. La decisión judicial fue confirmada por la empresa beneficiada en la notificación a la Comisión Nacional de Valores. Gracias a esta ratificación, las compañías privadas pueden establecer sus precios más allá de las autorizaciones del Enacom y las consecuencias ya se hicieron sentir.

En diciembre pasado, el Enacom solo autorizó un aumento del 5% para los servicios de telefonía fija, móvil, internet y TV por cable, que fue desobedecido por las compañías privadas, que aplicaron subas del 12% al 20% durante enero. En aquel momento, el ente logró que las empresas retrotraigan los incrementos, por lo cual los usuarios recibieron un resarcimiento. Sin embargo, el panorama cambió.

Esta semana, el ente regulatorio aprobó un aumento del 5% en comparación a los valores de marzo, que aplicó a partir de julio. Además, instó a que las empresas den marcha atrás y devuelvan a los usuarios los aumentos indebidos. Asimismo, ordenó que no se podrá cortar el servicio a quienes no paguen hasta que se les refacture correctamente. La máxima dificultad yace en que ahora las compañías cuentan con el paraguas judicial de la cautelar.

Martes, 10 de agosto de 2021