El dinero provendría de la aplicación de una tasa menor para todo el acuerdo. Se buscará apoyo internacional.

Con la decisión de Estado de disponer del dinero de los DEG para cumplir con los vencimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) ya tomada, Martín Guzmán se dispone a blindar las negociaciones con el organismo que maneja Kristalina Georgieva y pasar a una etapa que durará meses donde lo que predominará es el secretismo y cuyos resultados finales se conocerán después de las elecciones legislativas de noviembre.

Es posible que el Gobierno de Alberto Fernández acelere desde diciembre la presentación en sociedad de todo lo que el Ministerio de Economía negocie durante este discreto período y que la primer gran medida económica que se tome a inicios de 2022 sea la aprobación legislativa del acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI. Esto no quiere decir que no vaya a haber novedades importantes en el diálogo entre Buenos Aires y Washington.

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Todo lo contrario. Y el primer capítulo será lograr que en firme el organismo deje claro que se aplicará en el Facilidades Extendidas la menor tasa de interés posible; y que, en este capítulo, no habrá sanciones extras. En este tema hay un valor agregado conocido durante las últimas semanas: la tasa menor del FMI, diseñada para países cumplidores y que hacen buena letra con el organismo, ya no es de 2,05% sino de aproximadamente un punto porcentual menor; y cercano al 1%. Si Argentina lograra que el FMI le aplique este interés, el país se ahorraría unos u$s10.000 millones en toda la línea de pago del acuerdo, el que comenzaría 4,5 años después de firmado; con lo que el país comenzaría a pagar desde el segundo semestre de 2026.

El tema comenzó a negociarse en blanco sobre negro y sobre la mesa de discusiones, durante la cumbre del G20 de Venecia donde el ministro habló en vivo y directo sobre el acuerdo en tres encuentros clave. Uno con Kristalina Georgieva y dos con los responsables del caso argentino, la directora adjunta para el Hemisfério Occidental, la norteamericana Julie Kozac, y el responsable del caso argentino, el venezolano Luis Cubeddu.

En los tres momentos Guzmán reclamó que el costo del Facilidades Extendidas se reduzca del 4,05% que se le debe aplicar al país por lo que se firmó en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, a la menor tasa que aplique el organismo para sus mejores países clientes y los que sostienen sus acuerdos financieros en situación de normalidad; y que, a los ojos del Fondo, muestran al mundo planes financieros, monetarios y macroeconómicos sustentables. Obviamente Argentina en su rol de moroso recurrente está excluida del beneficio, y la intención de Guzmán es lograr la masa crítica para que se apruebe aplicar al futuro acuerdo que negocia el país las tasa para los estados que tienen las cuentas en orden.

No es imposible, y el ministro podría obtener apoyo internacional que eventualmente se refleje en una votación en el board del FMI. Incluso el tema ya fue expuesto en mayo ante la directora adjunta para el Hemisferio Occidental Julie Kozac y el responsable del caso argentino Luis Cubeddu; sin que la norteamericana y el venezolano se espantaran con el pedido. Pero a todos les quedó en claro que una atribución de este tipo le excede al cuerpo técnico del FMI, y sólo podría lograrse a través de un voto mayoritario de un piso del 85% de los accionistas del Fondo. Esto es, los propios países que financian al organismo y que tienen a los Estados Unidos como aportante mayoritario con el 17% de los votos en el directorio.

Además de las buenas artes de Guzmán, será también tarea de la diplomacia política del gobierno de Alberto Fernández la de conseguir el voto norteamericano y el de la Unión Europea para el momento que el tema llegue al board (se supone hacia diciembre de este año o el primer bimestre del 2022).

El cálculo que deberá hacerse para mensurar lo importante que sería reducir las tasas de interés es el siguiente. El FMI le cobra al país por el stand by firmado por el gobierno de Mauricio Macri en 2018 un 1,05% más dos puntos porcentuales extra por el exceso de dinero otorgado por superar el límite autorizado por la cuota que le correspondería. Esto fue negociado en el primer semestre de ese año por el Ministerio de Economía que manejaba Nicolás Dujovne, y renovado cuando se extendió el acuerdo en julio de 2018.

Al no poder cumplir el país el primer stand by firmado, y necesitar una renegociación de plazos y montos a otorgar, llegando al préstamo record del organismo financiero internacional, la entonces titular Christine Lagarde negoció llevar el crédito a unos u$s57.100 millones de los cuales se entregaron u$s54.000 millones hasta julio de 2019. En total el stand by le costaba al país un tasa del 3,05% anual. Sin embargo, al no poder cumplir en tiempo y forma, automáticamente el FMI debe cobrar una tasa del 4,05% por los u$s44.500 millones que debe renegociar en un Facilidades Extendidas.

Lo que se intentará es que se elimine el sobrecosto, y que la tasa vuelva al mínimo del FMI, que hoy se ubica en aproximadamente en el 1,05%. Sería una reducción de casi el 75%, y un ahorro que podría alcanzar a los u$s10.000 millones finales que le deberá pagar el país al organismo financiero durante la vigencia del Facilidades ExtendidaS.

Martes, 27 de julio de 2021