Se trató de ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Álvaro Uribe. "Recibimos con gran satisfacción este auto judicial que ha probado que se trató de una práctica sistemática militar", destacó Jacqueline Castillo, representante legal de la organización Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá.

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia imputó este martes a diez miembros del Ejército y a un civil por las salvajes ejecuciones militares conocidas como "falsos positivos". Los once hombres fueron imputados por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada entre 2007 y 2008 en la convulsa región del Catatumbo, al noreste de Colombia. Entre las víctimas hay líderes sociales, campesinos, políticos locales, personas con discapacidades y supuestos consumidores de drogas. Se trata de la primera decisión de este tribunal nacido del Acuerdo de Paz en torno al Caso 03, que corresponde a las "muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado".

"Desde el colectivo recibimos con gran satisfacción este auto judicial que ha probado que se trató de una práctica sistemática militar. Sabemos que es un paso más después del avance que se dio con la versión de Juan Manuel Santos (además de expresidente fue ministro de Defensa durante el gobierno de Álvaro Uribe), cuando reconoció que los jóvenes masacrados no eran guerrilleros". destacó en diálogo con PáginaI12 la representante legal de la organización Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo), Jacqueline Castillo.



Crímenes de lesa humanidad
La magistrada Catalina Díaz, una de las relatoras del caso de los falsos positivos, sostuvo que "la evidencia indica que los imputados son penalmente responsables del crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada". Aunque el alto mando castrense siempre negó que se tratara de una acción sistemática, según la JEP "estos hechos no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate".

El senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, valora mucho que la jurisdicción deje en claro la naturaleza de los crímenes. "Esta ha sido una discusión muy larga y muy intensa porque el uribismo ha sostenido la tesis de que los mal llamados falsos positivos son hechos delictivos que no responden a unos patrones ni a una planificación, y se inscriben mas bien en hechos excepcionales que tuvieron lugar a partir de una mala interpretación de unos estímulos que se crearon al interior de las fuerzas militares para promover lo que se llamaba el conteo de cuerpos, es decir los éxitos operacionales", destacó Cepeda ante la consulta de este diario.


Entre los imputados por la JEP se encuentra el general Paulino Coronado, quien en la época en que se cometieron los delitos comandaba la Brigada 30 del Ejército, que hacía presencia en la región fronteriza de Catatumbo. Dos coroneles, un teniente y varios oficiales de inteligencia también están involucrados. El tribunal de paz colombiano había revelado en febrero su estrategia para esclarecer estos hechos y explicó que el departamento de Norte de Santander, donde se han contabilizado el 82 por ciento de las víctimas entre 1999 y 2008, le serviría de plataforma para abordar los ocurridos en Catatumbo entre 2007 y 2008.

El organismo judicial colombiano identificó dos patrones durante las ejecuciones. Por un lado, "el asesinato de personas en estado de indefensión que son previamente seleccionadas en base a prejuicios", y por otro "una suerte de sofisticación criminal" consistente en reclutar a las víctimas de otros territorios para matarlas en Catatumbo y "reportar su muerte como baja en combate".


"Bajo una lógica criminal cercana a la de la limpieza social, estas víctimas fueron seleccionadas porque eran trabajadores informales o desempleados, tenían alguna discapacidad o porque eran habitantes de calle", denunció el tribunal surgido de los acuerdos de paz firmados con la disuelta guerrilla FARC en 2016. En el auto de casi 300 páginas, la JEP recopila cómo los jóvenes eran reclutados bajo premisas de "un trabajo bien remunerado" en municipios como Soacha, llevados a Catatumbo y de ahí en algunos casos les ofrecían "trago" o "drogas", no los dejaban contactarse con nadie y eran entregados a una "unidad militar ejecutora".

A partir de este martes los imputados tienen 30 días para reconocer o no su participación en los hechos. Quienes confiesen su responsabilidad y reparen a las víctimas podrán recibir una pena alternativa a la prisión. "Los imputados que no acepten responsabilidad ni aporten verdad se exponen a penas privativas de la libertad de hasta 20 años", advirtió el presidente del tribunal, Eduardo Cifuentes. Por su parte el senador Cepeda recordó que "si los militares quieren recibir los beneficios de la jurisdicción, deberán cumplir con el compromiso de verdad y reparación".

La voz de los familiares de las víctimas
Madres y familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales pidieron este martes que los imputados por la JEP colombiana reconozcan sus delitos. "Para nosotros es una gran satisfacción estar escuchando esta determinación que está dando la JEP y yo creo que más claras no pueden estar las cosas", aseguró la representante legal de Mafapo, Jacqueline Castillo, quien además exige conocer la verdad sobre la muerte de su hermano Jaime.

Jaime Castillo Peña tenía 42 años cuando desapareció el 10 de agosto de 2008 en la ciudad de Bogotá y apareció muerto el 12 de agosto en el municipio de Ocaña en Norte de Santander. "Una distancia de 16 horas por ruta", remarcó la titular de Mafapo, quien agregó que "al igual que otros jóvenes, en dos días a Jaime lo habían convertido en guerrillero y le dieron de baja".

Castillo remarcó que más allá de que exista una condena ejemplar, lo que las mujeres agrupadas en Mafapo buscan es conocer, finalmente, "quién dio la orden de cometer todos estos crímenes". En ese sentido, llama a los militares a que "no sientan temor y den la cara" para avanzar en el esclarecimiento de los hechos: "Saben que ahorita tienen que asumir sus consecuencias. O aceptan que cometieron estos hechos o tendrán que pagar las penas que la JEP les puede imponer. Creo que a estas alturas está muy dificil que ellos tapen la verdad con un dedo".

La responsabilidad de Uribe
Los últimos datos de la JEP cifran en 6.402 los civiles asesinados a manos del Ejército para hacerlos pasar por guerrilleros abatidos desde 1988, aunque la Fiscalía contabiliza 2.248. La mayoría de estos crímenes, según el tribunal de paz, habrían ocurrido en un período temporal más corto, entre 2002 y 2008, coincidiendo con los primeros seis años del mandato del expresidente Álvaro Uribe, referente de la derecha colombiana y consejero del actual mandatario Iván Duque.

Frente al avance hacia la responsabilidad política de los crímenes, Cepeda se muestra optimista. "Creo que tarde o temprano se va a llegar a los principales responsables. En días anteriores el expresidente Santos presentó su testimonio ante la Comisión de la Verdad y muchos sectores han reclamado que haga lo propio Álvaro Uribe. Por supuesto este es un asunto que no quedará resuelto si su papel no es esclarecido", manifestó el senador de izquierda.



Martes, 6 de julio de 2021