La sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial le cantó retruco en un fallo al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ), que a pedido de los Macri intentó meterse en el expediente del concurso de acreedores del Correo Argentino con la finalidad de apartar a la jueza Marta Cirulli, que ya está en condiciones de decidir si decreta la quiebra de la empresa.

Las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini rechazaron la decisión de la corte porteña de meterse por la ventana en la causa y la acusaron de inventar un "recurso no previsto por el ordenamiento" para lograr ese fin. La resolución de lxs supremxs porteñxs, enfatizaron, "carece de fundamento normativo y no puede ser avalada por este tribunal". A última hora del jueves el TSJ contraatacó con otra decisión donde insiste en sostener su competencia y esta vez busca abrir la puerta para el apartamiento de la fiscala Gabriela Boquin, que en 2017 sacó a la luz el pacto para licuar la deuda millonaria del Correo y sumó denuncias sobre sus maniobras de vaciamiento. Parece una guerra declarada.

"Nos encontramos en el marco de un proceso concursal, cuyo conocimiento en razón de la materia es exclusivo de la Justicia Nacional en lo Comercial, donde los accionistas de la concursada (el Correo) acudieron en queja ante el Tribunal ahora oficiante invocando la ley nº 402 de la Ciudad, que como se dijera anteriormente rige solo en el ámbito de la justicia local que tiene vedado, por no ser de su incumbencia, el conocimiento de causas como la presente", dice el fallo de la Cámara que se conoció este jueves, al que tuvo acceso Página/12. Es casi cantado que la discusión terminará en la Corte Suprema, que tiene ya otro caso análogo donde esta semana el procurador interino, Eduardo Casal, también se opuso a la intervención del TSJ como revisor de decisiones que se toman en la justicia nacional.


Socma había presentado un "recurso de inconstitucionalidad" para llegar al TSJ de la Ciudad que, según advierte la Cámara Comercial, no existe en ninguna ley. Sin embargo, el TSJ lo admitió como si existiera. Es decir: un tribunal local, de carácter provincial, le daba indicaciones a una cámara de otra jurisdicción. Por eso las camaristas dicen que "resulta evidente que la decisión de ese tribunal (...) crea pretorianamente un procedimiento –invadiendo el ámbito propio del Poder Legislativo–, soslayando –al mismo tiempo– la ley vigente, que ni siquiera ha sido declarada inconstitucional por la sentencia del mencionado tribunal". "Solo la ley y no la interpretación judicial es la que puede alterar la actual organización judicial argentina", insisten, con lo que dejan planteado que si algún día se aprueba por ley el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, el escenario será distinto. La corte porteña cuestionaba a la Cámara, como quien levanta en peso a un tribunal inferior, al que además le daban la indicación de dar marcha atrás y abril el camino para apartar a Cirulli. La respuesta, en rechazo a esa orden, fue de igual calibre.

Sobre el final del día, el TSJ volvió a arremeter y dictó una nueva sentencia donde otra vez se adjudica la competencia en el tema y se atribuye la facultad de revocar la decisión de la Cámara Comercial que había respaldado a Boquin, del mismo modo que lo había hecho con Cirulli. Nuevamente, le dice a ese tribunal de alzada que de marcha atrás y habilite a la justicia porteña a intervenir. "Este tribunal afirmó su competencia para conocer del os recursos de inconstitucionalidad y de las quejas contra resoluciones dictadas por tribunales de la justicia nacional ordinaria...", dicen lxs cortesanxs de la Ciudad y se quejan porque no fue "considerado lo reuselto por por el tribunal". Como es obvio, las camaristas volverán a firmar su rechazo, y seguirá la calesita judicial infinita.

El empecinamiento del Grupo Macri es tan fuerte que esta semana, a través del Correo, presentó un planteo de inconstitucionalidad ante la Cámara idéntico al que había hecho la accionista-controlante Socma. Ese recurso (inventado) ya tiene el mismo recorrido y destino asegurados, pero logra uno de los grandes objetivos que es seguir dilatando el concurso y eludir el pago de la deuda, que supera los 6000 millones de pesos. Hace 20 años que el concurso de acreedores tramita en la justicia nacional. ¿Por qué ahora recurren a lxs supremxs porteñxs? Es evidente que los Macri confían en que se trata de un tribunal aliado, y eso comenzó a confirmarse en las primeras decisiones, que tuvieron la firma favorable de su presidenta, Inés Weinberg de Roca, excandidata de Mauricio Macri a la Procuración General, de Santiago Otamendi, exviceministro de Justicia con Germán Garavano, y Marcela de Langhe.

Pero, además es un momento crucial, de definiciones: el Correo hizo una oferta irrisoria para pagar una sexta parte de su deuda y buena parte de las conformidades que presentó están cuestionadas por distintas formas de manipulación de las mayorías. Es más, el intento de apartamiento de la fiscal y la jueza coinciden con los pedidos de investigación del principal acreedor privado, el Meinl Bank, que hizo un pacto para comprar la deuda del Correo en 2005 de manera sumamente desfavorable. Ese banco hoy está acusado de lavado y quebrado, inhabilitado, sin licencia. El Estado nacional, el otro acreedor de mayor peso, pidió la quiebra. El camino parece cantado y la quiebra debería afrontarla Socma, pilar del grupo empresario.

Quizá una decisión de fondo de la jueza Cirulli llegue antes de que la discusión por la invasión del TSJ sea resuelta por la Corte Suprema.

Jueves, 1 de julio de 2021