La Fiscalía Federal pidió enjuiciar por lavado de activos a los directivos de la Cooperativa de Créditos y Servicios Pyramis, que funcionaba como un banco clandestino. Entre sus clientes estaba el presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes.

La Fiscalía Federal 1 de Corrientes solicitó la elevación a juicio de una causa por lavado de activos en la que están imputados seis integrantes de una cooperativa que funcionó como banco sin autorización y por la que habrían obtenido ilegalmente más de 68 millones de pesos.
Los imputados están acusados de canalizar a la economía formal, a través de la actividad inmobiliaria, la construcción y la compra de automóviles de alta gama y millonarias sumas obtenidas de la intermediación financiera no autorizada, delito por el cual también serán juzgadas ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes.

De acuerdo con la información difundida el martes por el sitio web fiscales.gob.ar, el fiscal Flavio Ferrini, junto a los cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Laura Roteta y Mario Villar, solicitaron la elevación a juicio de la investigación.

Los imputados son Mario y Lisandro Boschetti, César Gelmi, integrantes del Consejo de Administración de la “Cooperativa de Créditos y Servicios Pyramis”, Adolfo Siviero, Ana Karina Alonso y Carlos Ramón Contrera.

Sobre los acusados, el informe oficial detalla que “operaban desde un local supuestamente dedicado a negocios inmobiliarios, en orden al delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por habitualidad, del que habrían sido coautores”.

De acuerdo con la investigación, al menos desde 2012 hasta octubre de 2015 la entidad funcionó como un banco clandestino bajo la fachada de la cooperativa Pyramis.

“Los imputados habrían desarrollado una operatoria que consistía en la captación de fondos del público que luego eran utilizados para el otorgamiento de préstamos, descuento de cheques y operaciones cambiarias”, señala el informe.

Respecto del modus operandi, se explica que “de este modo -a través de un accionar ajeno a las disposiciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA)-, habrían obtenido alrededor de 68,5 millones de pesos y capitalizado más de 9,5 millones en intereses, con al menos 212 clientes confirmados”.

Entre los clientes que tenían dinero guardado en la financiera se encontraban el presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Pedro Cassani, el testaferro de Ricardo Colombi, Marcelo Laslo; y el ex juez federal, Carlos Soto Dávila.

También tenía dinero guardado en el banco trucho Manuel Sussini, el ex asesor del gobernador, Gustavo Valdés, quien está acusado de abuso sexual contra dos jóvenes, una de ellas menor de edad.

Asimismo, la cooperativa recibía dinero de otras empresas para destinarlo a préstamos, garantizando su cobro con cheques y/o pagarés emitidos por quienes tomaban el dinero en préstamo, informó la Fiscalía Federal.

Según la acusación, los imputados introdujeron en el mercado formal el provecho económico de la intermediación financiera no autorizada y con ese fin habrían utilizado maniobras de diversa naturaleza.

Y mencionan la actividad inmobiliaria, la construcción y la compraventa de automotores y motocicletas de alta gama, con el objetivo de dar a los fondos obtenidos ilícitamente una apariencia legal.

En cuanto a los vehículos, se identificaron al menos 25 de marcas tales como BMW, Ferrari, Porsche, Audi y Mercedes Benz, entre otras.

Para el MPF los acusados dieron apariencia legal a los fondos obtenidos ilegalmente mediante inversiones inmobiliarias, en la construcción y compraventa de autos y motos de alta gama.

En base a las pruebas colectadas durante este tramo de la pesquisa, los fiscales Ferrini, Roteta y Villar solicitaron que los seis imputados sean sometidos a juicio oral como coautores del delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por habitualidad.

Telam



Miércoles, 30 de junio de 2021