La Corte Suprema deberá definir si el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) puede inmiscuirse en una causa que tramita en la Justicia nacional, como ese tribunal hizo la semana pasada en el caso del Correo Argentino a pedido de los Macri.

La decisión que tomen lxs supremxs, de hecho, puede impactar en ese expediente. La sorpresa de ayer fue el dictamen que firmó el procurador interino, Eduardo Casal, que le recomendó al más alto tribunal que rechace la competencia del TSJ en una causa civil contra el periodista Gabriel Levinas, una postura a contramano de sus habituales dictámenes promacristas.

"Estimo que la atribución judicial al tribunal superior local de la facultad de revisión de las sentencias de las cámaras nacionales de apelación representa una transferencia de competencias jurisdiccionales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, en principio, sólo podría ser efectuada por el Congreso de la Nación", opinó Casal ante la Corte. El caso "Levinas", que motivó ese dictamen, fue citado la semana pasada por el TSJ en el fallo donde decidió meterse por la ventana en el expediente del concurso de acreedores del Correo y revocar una decisión de la sala B de la Cámara Nacional en Comercial en miras a lograr, como pedía el Grupo Macri, el apartamiento de la jueza Marta Cirulli, a cargo del concurso de acreedores. Lo inédito de la situación fue que un tribunal local --la corte porteña en este caso-- se arrogó la facultad de opinar sobre una decisión de un tribunal de alzada nacional.

La ocasión para la jugada tiene una explicación: la jueza Cirulli está en condiciones de decidir si declara la quiebra del Correo o si admite su última insólita oferta para pagar apenas una sexta parte de la deuda de 6 mil millones de pesos. El objetivo del Correo y su accionista Socma es también desplazar a la fiscala Gabriela Boquin, que reveló el intento de acuerdo espurio durante del gobierno de Cambiemos para licuar la deuda de la firma y luego detectó y denunció maniobras de vaciamiento y manipulación de mayorías, precisamente para esquivar la quiebra. También advirtió en un dictamen que se avecinaba el intento de "forum shopping", como informó Página/12, es decir que trazaban una estrategia para encontrar un tribunal afín o amigo.

El TSJ es presidido por la jueza Inés Weinberg de Roca, que fue la candidata de Macri a ocupar la Procuración General, para lo cual no consiguió los votos en el Senado. Los últimos en desembarcar en el TSJ fueron Santiago Otamendi, ex viceministro de Justicia en la gestión de Germán Garavano, y Marcela de Langhe, ambos nombrados a propuesta de Horacio Rodríguez Larreta y la mayoría cambiemita en la Legislatura porteña. Ellos tres firmaron por mayoría el fallo de la semana pasada para poner un pie en el caso Correo, que hace 20 años tramita en la Justicia nacional comercial. Alicia Ruiz y Luis Lozano tuvieron algunas diferencias y votaron aparte.

Sobre esa decisión del TSJ relacionada con el Correo aún la Cámara Comercial debe responder y todo indica que la rechazará y el asunto también terminará en la Corte. La causa que involucra a Levinas es casi análoga, sólo que tramita en el fuero nacional civil. Pero el periodista hizo la misma apuesta de buscar un salvavidas entre los jueces porteños, lo consiguió, y la pelea de competencia es lo que ahora ya está en el más alto tribunal nacional, y donde dictaminó Casal. Levinas fue demandado por la familia del artista León Ferrari por el robo de obras de arte. Ferrari le había entregado a Levinas collages y dibujos para ser expuestas en la galería Brun Léglise de París. Le devolvió los collages pero no los dibujos. Dijo que los había vendido en Uruguay y que el dinero lo usó para urgencias de salud. Fue condenado por una jueza civil a pagar 88 mil dólares y esto fue confirmado por la cámara del fuero.

El procurador Casal fue contundente: "No incumbe al Poder Judicial realizar por vía pretoriana traspasos de competencias nacionales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que equivale a arrogarse mayores facultades que las que le han sido conferidas expresamente, e invadir de ese modo la órbita de competencias exclusivas del Congreso de la Nación, al que los constituyentes encomendaron expresamente esa misión (...) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene competencia para revisar la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil". El TSJ en sus resoluciones tanto sobre Levinas como sobre el Correo citó antecedentes de la Corte, que habrá que ver qué interpretación elige. Los jueces porteños señalaron que, aunque no esté transferida la Justicia nacional a la Ciudad, eso tiene que ocurrir tarde o temprano por lo cual deciden anticiparse, aunque no hay ley de referencia ni recurso de apelación alguno que regule esa potencial situación.

"Pretenden pasar causas" de la Justicia nacional a la Ciudad "como si fueran muebles", había advertido el vicepresidente del consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, quien calificó la decisión del TSJ sobre el Correo como “una locura inexplicable”. Advirtió que el antecedente habilita al Gobierno de la Ciudad a "intervenir" en decisiones de la Justicia de su distrito. "Con estas medidas --alertó-- el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a poder intervenir en decisiones de la justicia laboral, en el actuar de funcionarios públicos porteños y en cuestiones del ámbito comercial de las grandes empresas."



Miércoles, 30 de junio de 2021