Madre e hija quedaron absueltas de una causa en la que estaban imputadas por homicidio. Su casa fue usurpada y aunque encontraron donde vivir necesitan ropa de invierno, frazadas y alimentos.

En un insólito caso, dos mujeres correntinas estuvieron presas durante 3 años y medio por un crimen que no cometieron. En este tiempo usurparon su vivienda y terrenos del que eran propietarias. Consiguieron de forma provisoria donde alojarse, pero requieren alimentos, frazadas y ropa de invierno.

Sandra (52) y Ludmila (24) son madre e hija. En diciembre del 2017 fueron privadas de su libertad al ser acusadas por el homicidio de una adulta mayor.

El Litoral dialogó con la abogada Andrea Quincose Vilalta sobre los detalles del caso.

En diciembre del 2017 Justa Valenzuela, quien residía en el barrio La Vizcacha de Capital, fue encontrada asesinada en un cementerio de la localidad de 9 de Julio.


Uno de los sospechosos del crimen señaló a estas dos mujeres como las responsables y a los pocos días fueron apresadas. Sin embargo, nunca se comprobó la responsabilidad y fueron finalmente absueltas ayer luego de 3 años y medio privadas de su libertad.

“Las pruebas siempre demostraron su inocencia. La geolocalización de sus celulares y las cámaras del peaje de Riachuelo indicaron que se encontraban en sus casas a las 8.30 de la noche a 180 kilómetros de dónde se cometió el crimen”, indicó Quincose Vilalta.

La autopsia realizada el 18 de febrero del 2018 determinó que el asesinato se produjo entre las 9 y 10 de la noche.

“La fiscalía insistió en la responsabilidad de ellas en el crimen a persar de que las pruebas técnicas de la pericia forense indicaban lo contrario”, relató. El hombre que las culpabilizó estuvo imputado pero fue finalmente sobreseído de la causa.


La abogada puntualizó que en Argentina el plazo de prisión preventiva no puede superar los dos años. Pese a esto, madre e hija estuvieron privadas de su libertad casi el doble de tiempo sin pruebas ni condenas firmes.

Quincose Vilalta indicó que ahora se encuentan en situación de emergencia.

Mientras estuvieron presas usurparon su vivienda ubicada en la calle Guastavino de la Capital y perdieron terrenos que poseían mediante una estafa.

Un miembro del Comité Provincial de la Tortura de Corrientes, que debía procurar su libertad, las estafó y se apropió de 11 hectáreas de un terreno del cual Sandra años atrás había comprado los derechos hereditarios. Actualmente el funcionario se encuentra suspendido e investigado por extorsión.

A partir de ahora las mujeres vivirán en la casa de un amigo de la familia, pero para iniciar la reconstrucción de su vida necesitan ayuda con frazadas, ropa de abrigo y alimentos.


Quienes puedan colaborar, pueden comunicarse al 379-4238269.

Viernes, 18 de junio de 2021