Luego del retiro de la resistida reforma tributaria, los reclamos de las organizaciones sindicales, indígenas y estudiantiles son variados: mejoras en salud y educación, seguridad en las regiones más violentas del país y cese de los abusos policiales.

Miles de colombianos salieron este miércoles a las calles en el segundo paro nacional contra el gobierno del presidente Iván Duque, después de una semana de intensas manifestaciones con al menos 24 muertos y más de 800 heridos. Luego del retiro de la resistida reforma tributaria, los reclamos de las organizaciones sindicales, indígenas y estudiantiles son variados: mejoras en salud y educación, seguridad en las regiones más violentas del país y la creación de una renta básica. Bajo la lupa de los organismos internacionales que denuncian los excesos de las fuerzas de seguridad, el presidente Iván Duque llamó al diálogo y al mismo tiempo aseguró que detrás de las protestas está la "mafia del narcotráfico" que incurre en "el vandalismo extremo y el terrorismo urbano".


Las multitudinarias marchas del miércoles arrancaron a media mañana en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y otras capitales regionales en medio de cánticos, música y banderas de Colombia. "No más impuestos", "Salud y educación" y "Nos están matando a punta de hambre" podía leerse en algunos carteles que mostraban grupos de manifestantes en Suba, una de las localidades más grandes de Bogotá.


"Duele la negligencia de un gobierno que está sordo, que prefiere enviar fuerza pública en vez de ayudar a la gente, prefiere ayudar a los bancos y a las grandes empresas", manifestó Héctor Cuinemi, un estudiante de 19 años que participó de las protestas. En distintos puntos de la capital, miles de colombianos se juntaron para avanzar hacia la central Plaza de Bolívar, aledaña a la sede presidencial. Por la tarde un grupo reducido de manifestantes intentó ingresar al Congreso de la República, situación que obligó a evacuar temporalmente a los congresistas que se encontraban en el recinto y a suspender por unos minutos la sesión.


La comunidad religiosa claretiana denunció que un helicóptero de la policía colombiana aterrizó "abusivamente" en uno de sus colegios en Bogotá y realizó operaciones en medio de las protestas. "Las fuerzas policiales entraron y usaron de manera arbitraria la institución educativa", dijeron las autoridades del Colegio Claretiano en un comunicado. Esa escuela, ubicada en el populoso sector de Bosa, agrega que ni el establecimiento ni los misioneros tenían conocimiento de las actividades, por lo que rechazan "este tipo de maniobras".

En Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, miles de manifestantes que vestían camisetas de la selección colombiana de fútbol coparon las principales calles para dirigirse a la céntrica de La Paz. En Cali, otro foco de las protestas, miles de indígenas se sumaron a las movilizaciones agitando sus bastones de mando y al grito de "Resistencia". A las manifestacion se sumaron bloqueos en caminos y rutas que dificultaron el tránsito. Algunas ciudades del país ya registran desabastecimiento de gasolina y preocupación frente al bloqueo de camiones con insumos médicos en plena pandemia de coronavirus.


Tal como viene pasando desde el 28 de abril, las movilizaciones son en general pacificas aunque en algunas ciudades se tornan violentas hacia la noche. De acuerdo a cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, al menos 24 personas murieron, más de 800 resultaron heridas y 87 permanecen desaparecidas. Distintas ONGs denuncian que la policía está disparando armas de fuego directamente contra los manifestantes y que las víctimas fatales serían más de 30.

La respuesta represiva del Estado colombiano desató múltiples reacciones internacionales y fue condenada por la Unión Europea y por Naciones Unidas, que se declaró "profundamente alarmada" por los acontecimientos. Al repudio se sumó Amnistía Internacional, que exigió que las autoridades colombianas investiguen "de forma rápida, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestantes". Por su parte Reporteros sin Fronteras denunció 76 agresiones contra periodistas.


Protagonista de un escenario cada vez más complejo, el presidente Iván Duque aseguró que abrirá "espacios de diálogo" para escuchar a todos los sectores del país, aunque no precisó cómo se darán esos acercamientos. Ante la lluvia de críticas de abuso y violencia policial, el mandatario eligió respaldar a la fuerza pública, a la que considera víctima de la ira de los manifestantes.

Este miércoles en un breve discurso oficial, el delfín de Alvaro Uribe responsabilizó de la violencia a "una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar" y definió una recompensa de hasta 10 millones de pesos (2.600 dólares) por la "colaboración efectiva para la identificación y captura de los autores de actos vandálicos".


En la misma sintonía el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, había sostenido el martes que las actuaciones de los agentes de policía se desarrollaron "con base en el respeto de los derechos humanos". Congresistas opositores le respondieron radicando una propuesta de debate de moción de censura por las "violaciones de derechos humanos” cometidas por la fuerza pública en las protestas.

Duque dijo que no descarta decretar el "estado de conmoción interior" si se intensifican las manifestaciones. "Yo no estoy diciendo ni que lo voy a hacer ni que es inminente, lo que estoy diciendo es que no renunciamos a ninguna herramienta que nos dé la Constitución y la ley para proteger a los ciudadanos", manifestó el mandatario de derecha en una entrevista con Blu Radio. Según la Constitución colombiana, la conmoción interior es un estado de emergencia que puede ser declarado por el presidente cuando existan graves perturbaciones del orden público que atenten de manera inminente contra la estabilidad institucional.

Pese a que Duque retiró la controvertida reforma tributaria que había propuesto y prometió redactar una nueva, el Comité Nacional del Paro, que agrupa a unas 40 organizaciones sociales y sindicatos, redobló la apuesta con el llamado a una nueva movilización y paro este miércoles. Exigen el retiro de un proyecto que busca privatizar la salud, un mejor manejo de la pandemia de coronavirus y una renta básica acorde a la canasta de alimentos para paliar a uno de los países más desiguales del continente. Actualmente el desempleo en Colombia es del 16,8 por ciento y la pobreza alcanza al 42,5 por ciento de la población.

Miércoles, 5 de mayo de 2021