La Cámara de Casación Penal emitió un fallo que impide el avance de la investigación que podría demostrar cómo se armó una gran operación con repercusión mediática para instalar la versión trucha de que el juez Sebastián Casanello visitaba a Cristina Fernández de Kirchner en la Quinta de Olivos.

El objetivo era sacarlo del expediente sobre lavado de dinero contra Lázaro Báez, con ayuda de operadores y participación de los servicios de inteligencia. Existen ya dos condenados por falso testimonio, que incluso confesaron que mintieron, pero la sala IV del máximo tribunal penal ordenó por segunda vez el sobreseimiento de los dos personajes que estaban imputados como sus posibles instigadores: el abogado Santiago Viola y el exfiscal Eduardo Miragaya, quien también formó parte de las filas de la Agencia Federal de inteligencia (AFI). El fallo se basa, entre otras cosas, en que el fiscal de la instrucción, Carlos Stornelli dijo que no había pruebas suficientes para incriminarlos. Casanello, como querellante, todavía tiene la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema.

El caso es de una enorme trascendencia porque tiene todos los condimentos que muestran cómo funciona el llamado lawfare o los intentos por utilizar fallos en busca de efectos políticos. En 2016, cuando gobernaba Mauricio Macri, Casanello investigaba a Báez por lavado de dinero. En ese expediente no estaban involucrados funcionarios del kirchnerismo, pero los órganos que el gobierno de entonces utilizaba para meterse en las causas como querallente (la Oficina Anticorrupcón y Unidad de Información Financiera en este caso) hacían denodados esfuerzos por introducirlos. En particular, buscaban que se acusara a Cristina Fernández de Kirchner. El juez no encontraba nada que involucrara a la actual vicepresidenta y rechazaba los llamados a indagatoria. Fue así que comenzó la ofensiva para sacarle el caso.


Primero hubo medios que comenzaron a publicar la versión de que Casanello visitaba CFK. La Nación, Infobae y Clarín se hacían eco de la supuesta historia. Hasta que el abogado Viola, en representación de uno de los hijos de Báez, Leandro, se presentó en el expediente y con todas esas notas recusó al juez. La sala II de la Cámara Federal, bajo el comando de Martín Irurzun, tuvo varios meses el tema sin resolver. En el último minuto aparció Viola y dijo que lo había llamado a su estudio un tal Corizzo con información sobre las supuestas visitas de Casanello a Olivos. La Cámara Federal entonces rechazó la recusación pero mandó a abrir una causa penal contra el juez. Los dos principales testigos de esas causa fueron Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino, un militante que trabajaba en la administración pública y un chofer. Ambos declararon bajo juramento haber visto a Casanello en Olivos para reunirse con la expresidenta.

Corizzo llegó a declarar como testigo estrella de la mano de Viola. Su testimonio no tiene desperdicio, por empezar porque dijo que el abogado lo llamó a él para convocarlo y no a la inversa. Y que tuvieron una reunión con un fiscal, que sería Miragaya. El tema llenó páginas de diarios durante días para denostar a Casanello, cuyo mayor pecado era no involucrar a CFK. La propia Cámara Federal comenzó a llamar al expediente como lo nombraba el diario Clarín: "la ruta del dinero K", pese a que no había ningún/a funcionario/a involucrado/a. Pero así quedó sellada en el imaginario y finalmente la propia Cámara con votos de Irurzun y Martín Llorens ordenó indagar a la expresidenta, a quien el juez le terminó dictando falta de mérito.

La causa penal contra Casanello estuvo a cargo de Luis Rodríguez y el fiscal Carlos Stornelli. Casanello, a la vez, querelló a los testigos Corizzo y Scozzino que pretendían incriminarlo, y la investigación le tocó a la misma dupla. No había nada que lo comprometiera a él: jamás se encontró ni una sola prueba de que hubiera visitado Olivos. Por su parte, planteó que no sólo no había estado allí sino que no conocía a la expresidenta. No había registros de ningún ingreso a la residencia presidencial ni testigo fiable alguno que pudiera dar cuenta de eso, ni llamados ni nada que permitiera inferir eso. Quedó claro que Corizzo y Scozzino habían mentido y de hecho fueron a juicio oral por falso testimonio. Al final del camino, ambos reconocieron que su relato era mentira. De ese modo en un juicio abreviado ante el Tribunal Oral Federal 3 consigueron una pena morigerada, a tres años de prisión. Pero quedaba abierta la investigación sobre los autores intelectuales o los instigadores.

De las pruebas presentadas por Casanello quizá la más palmaria era que el mismo Viola había llevado al testigo trucho para recusarlo. Ese abogado, además, presentó una supuesta carta manuscrita de Báez desde la cárcel que decía que él mismo había visto al juez en Olivos. La defensa del empresario luego alegó en el expediente que no tenía nada que ver con esa carta. Sobre el vínculo entre Viola y Miragaya quedó claro por los entrecruzamientos de llamadas telefónicas que tenían un vínculo frecuente, que incluía a la madre del abogado, Claudia Balbín. El juez Rodríguez, sin embargo les dictó falta de mérito. Luego la Cámara Federal --con los votos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, más la disidencia de Llorens--, ordenó procesar a Viola como instigador del falso testiomonio de Corizzo y Scozzino.

Después de eso, intervino por primera vez la sala IV de Casación, y revocó el procesamiento por supuesta falta de pruebas. Cuando vuelve la causa al juzgado de primera instancia, Rodríguez rechaza una serie de medidas cruciales para profundizar la investigación, como el secuestro del celular de Corizzo. O sea, ese aparato nunca se analizó. Stornelli dijo que no tenía más nada que dilucidar, que no estaba claro tampoco que Miragaya tuviera algún papel en la maniobra, y que el hombe que describía Corizzo no coincidía con sus rasgos físicos. El juez sobreseyó a ambos pero la Cámara revocó esa decisión. Los imputados fueron a Casación, donde otra vez encontraron amparo.

Los dos jueces de Casación que firmaron en las dos oportunidades --la primera a favor de Viola y la segunda también de Miragaya-- son Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Pero la primera también integraba con ellos la sala Gustavo Hornos. Borinsky y Hornos son los dos jueces de Casación que visitaban asiduamente a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada. Borinsky 15 veces, Hornos 8 en total. En el fallo de este lunes también firma como integrante de la sala Angela Ledesma, que dice que sin impulso del fiscal Stornelli no puede seguir la causa. Sus colegas fueron mucho más profundo en defensa de los imputados con el argumento de la supuesta falta de fundamentación y de pruebas. Todo indica que el tema terminará en la Corte.

La diferencia entre Borinsky y Hornos con Casanello es que en el caso de los dos primeros sus visitas están asentadas en las planillas de ingresos de la Quinta presidenical y de la casa de gobierno. Cuando la Cámara Federal mandó a investigar a Casanello dijo que si se comprobaban sus visitas a Olivos eran causal de apartamiento, como mínimo. Pero resultó que era información falsa. Lo señaló CFK en un escrito donde pidió este martes anular el caso Memorándum por la falta de imparcialidad y de independencia de Hornos y Borinsky. Todo es parte del mismo combo, nombres de jueces y modos de persecución que se repiten, participación de agentes de la AFI y apoyo mediático, para generar determinadas causas y ciertos efectos con objetivos políticos. El fallo de Casación que desvincula a Viola y Miragaya revela que algo de aquellos mecanismos todavía persiste.

Martes, 4 de mayo de 2021