Nacida en Gambia, Bensouda lidera al único organismo permanente destinado a juzgar crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. A dos meses de dejar el cargo, realiza un balance de su gestión y reconoce que tomaron el legado del Juicio a las Juntas.

"La Corte Penal Internacional (CPI) fue construida sobre las duras lecciones que dejó la historia por las atrocidades espantosas que durante siglos permanecieron impunes", destacó Fatou Bensouda, quien lidera el primer organismo permanente capaz de juzgar a individuos por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Nacida en Gambia, Bensouda tiene bajo su órbita dos casos emblemáticos: los crímenes de guerra que involucran a las tropas estadounidenses en Afganistán, y aquellos que salpican a los soldados israelíes desplegados sobre territorio palestino. Pero tanto Estados Unidos como Israel no reconocen la jurisprudencia de la CPI, y el gobierno del expresidente Donald Trump llegó al extremo de aplicar duras sanciones financieras y retirarle la visa a Bensouda.

La fiscal general, sin embargo, se mostró satisfecha con el trabajo que viene realizando el tribunal con sede en La Haya. "Su creación es uno de los momentos de mayor orgullo en la historia de la humanidad", aseguró quien dejará su cargo en junio para ser reemplazada por el británico Karim Khan. Bensouda reconoció que en sus inicios la CPI retomó el legado del histórico Juicio a las Juntas realizado en Argentina en 1985. La abogada especializada en derecho marítimo manifestó que, como deuda pendiente, es necesario avanzar sobre delitos que habitualmente no son reportados: "los crímenes sexuales que involucran a mujeres y niños".


Bensouda participó del ciclo de conferencias online organizado por la Universidad Di Tella. Bajo el título "La importancia de una Corte Penal Internacional permanente y cómo apoyarla", la charla estuvo moderada por Alejandro Chehtman, director de la carrera de Abogacía de la Escuela de Derecho de esa casa de estudios. Bensouda se desempeñó como fiscal general y ministra de Justicia en Gambia. Casada y con tres hijos, uno de ellos ya fallecido, sustituyó en 2012 al argentino Luis Moreno Ocampo, fiscal general de la CPI desde su puesta en marcha en 2002.


Los orígenes de la CPI se remontan a los juicios de Nuremberg y Tokio, que condenaron los crímenes sistemáticos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. "Los horrores del Holocausto shockearon la conciencia de la humanidad y demandaron la creación de una corte internacional permanente con la aspiración de asegurar que quienes cometieron estos crímenes, sin importar cuán poderosos fueran, debían rendir cuentas", planteó Bensouda. La fiscal gambiana explicó que la Corte "fue fundada sobre la máxima del 'Nunca Más'".

Bensouda destacó la importancia del juzgamiento a los militares en Argentina tras la sangrienta Dictadura iniciada en 1976: "El Juicio a las Juntas es un ejemplo de los esfuerzos de investigación y enjuiciamiento necesarios para investigar estas atrocidades". En 1998 más de 120 países firmaron el Estatuto de Roma y en 2002 el tratado entró en vigor con 60 ratificaciones, lo que significó el inicio de las actividades del tribunal internacional.

Estados Unidos en Afganistán
Antes de dilatar la entrega del mando a la nueva administración demócrata, el expresidente Donald Trump impuso sanciones a la CPI y le rechazó visados a Bensouda y a algunos de sus colaboradores. El motivo era evidente: la abogada había iniciado una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por militares estadounidenses en Afganistán. El viernes pasado el gobierno de Joe Biden, aún "en total desacuerdo" con la mirada de la CPI, levantó los castigos.

La fiscal general de la Corte explicó la forma en que las sanciones estadounidenses afectaron sus tareas cotidianas. "Hemos tenido que reorganizar la Corte para que no nos golpeara con tanta fuerza. A nivel financiero, las principales cuentas con base en Estados Unidos fueron cerradas", remarcó Bensouda, aunque valoró la forma en que la Corte reaccionó: "El equipo trabajó muy bien para conseguir transferencias económicas por nuevas vías. Conseguimos el asesoramiento legal que se necesitaba para ver cómo podíamos trabajar con eficacia sin tener que expulsar a parte del staff".

Pero lo más difícil, aseguró Bensouda, fue comprender que "las sanciones estadounidenses son merecidas por terroristas, por quienes violan derechos humanos, son para ellos y no para quienes trabajan para proteger la ley". Con la llegada de Biden al poder, la abogada apunta a "resetear la relación". Sin embargo, para evitar dificultades a futuro, Bensouda planteó la necesidad de "desarrollar un mecanismo que de forma sistemática proteja a la CPI y su integridad de cualquier ataque".


Ataque a territorios palestinos
El tribunal internacional también inició una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en los territorios palestinos de Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. El gobierno israelí es un aliado incondicional de Estados Unidos que también rechaza la autoridad de la CPI, al contrario de Palestina que acepta la jurisdicción de la Corte. El primer ministro Benjamin Netanyahu, actualmente juzgado por corrupción y fraude, criticó el inicio de la investigación y la calificó de "esencia misma del antisemitismo".


La CPI le dio en marzo a Israel y a los palestinos un mes para que puedan solicitar el aplazamiento de la investigación, siempre que puedan demostrar que están llevando a cabo sus propias averiguaciones. "En Palestina recibimos un pedido de investigación. Ellos aceptaron nuestra jurisdicción y la cuestión jamás estuvo relacionada a determinar si el territorio palestino es considerado o no un Estado", destacó Bensouda. La prestigiosa jurista evitó referirse a la férrea postura israelí, sin embargo aseguró: "Mi oficina exige actividades imparciales constantemente, no trabajamos bajo consideraciones políticas".

La pandemia y el rol del Estado

Consultada respecto a la posibilidad de encuadrar como crímenes humanitarios a la gestión de algunos gobiernos frente a la pandemia de coronavirus, Bensouda reconoció que "algunos líderes mundiales podrían haber respondido mejor", aunque para dar lugar a una acusación semejante "se debe detectar un ataque sistemático y directo a civiles e intención para hacerlo".

Sobre el caso particular del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, la fiscal general admitió que la CPI recibió "distintas comunicaciones" denunciando su gestión de la pandemia. En efecto, Bolsonaro fue denunciado por más de un millón de profesionales de la salud a fines de julio de 2020 bajo el cargo de "genocidio". Un mes más tarde, el cacique Raoni Metuktire, emblemático defensor de la Amazonia, le pidió al tribunal internacional que investigue al mandatario de ultraderecha por "crímenes contra la humanidad".

A la hora del balance de su gestión, Bensouda destacó que la oficina de la CPI alcanzó "un número importante de éxitos en litigios y decisiones históricas". Mencionó en ese sentido la sentencia dictada en la jurisdicción de la frontera Myanmar-Bangladesh, que le permitió mantener abierta una investigación por los presuntos delitos cometidos contra la minoría rohingya, que Naciones Unidas describió como ejemplo de "limpieza étnica".

Bensouda también aseguró que el procesamiento del expresidente de Sudán, Omar Al Bashir, por los cargos de "genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad", sirvió para confirmar que "nadie está encima de la ley". En Congo, la CPI "logró que por primera vez en la historia se declarara esclavismo sexual y violación de mujeres y hombres". Con una leve mueca de satisfacción, Bensouda consideró que "hay suficiente evidencia para creer que el trabajo de la CPI contribuye a la protección de los derechos humanos".

Jueves, 8 de abril de 2021