Mientras se prolonga el desastre humanitario en Brasil, el apellido Bolsonaro acompañado por el adjetivo genocida ya asimila más de 11 millones de resultados en google. Son casi tantos como los infectados por covid-19 en un país que de atractivo turístico mundial, va camino a transformarse en un paria casi imposible de visitar en la actualidad.

El presidente que este domingo cumplió 66 años es el máximo responsable de la tragedia – que se acerca a velocidad inusitada hacia los 300 mil muertos – pero no el único que gobierna. El partido militar, las cúpulas de sus fuerzas armadas, son cómplices. Más un sector civil donde sobresalen pastores evangélicos sumidos en un fanatismo místico suicida y hasta médicos negacionistas – ni siquiera hacen falta economistas - que bajan línea contra el lockdown de los gobernadores. Analistas brasileños ya encuadran la conducta del militar ultraderechista sin partido en la ley 2.889 de 1956 que define al delito de genocidio y establece penas para ello.


Las diatribas de Bolsonaro contra quienes le pedían sensatez a un insensato, su definición sarcástica y cínica del virus como “gripezinha”, a esta altura se volvieron folclóricas. Pero sus medidas para frenar el cierre de economías estaduales, su presentación ante el Tribunal Superior de Justicia para mantener la apertura de la actividad a cualquier precio, su veto a una ley aprobada en el Congreso que cedía más presupuesto para atender las necesidades de los médicos infectados por el virus o al blindaje en el Parlamento para que no se reduzcan los recursos contra la pandemia, incluso su negativa a comprar la vacuna china, son decisiones políticas concretas que causaron un daño irreparable. Todas ellas tuvieron consecuencias más problemáticas que los mentados cambios de ministro de Salud – ya van cuatro - que realizó desde que asumió el gobierno el 1° de enero de 2019.

El sitio jornalistaslivres.org es uno de los más críticos con la política que lleva adelante Bolsonaro. El periodista Homero Gottardello definió a la situación actual como “el genocidio brasileño de la covid-19” y trazó una comparación con datos arrojados por el Holocausto. “Ocupa el segundo lugar después de los campos de exterminio de Bełżec, Treblinka y Auschwitz”, escribió. En el mismo medio digital hay un artículo de Claudio Guedes ilustrado con una foto trucada, como de prontuario del presidente, y un cartel que sostiene con sus manos que dice: “genocida”.

El periodista sostiene que “el mandatario, ante la constatación de que el nuevo virus actuaba de manera diferente en distintos sectores de la población, afectando más gravemente a los ancianos y a las personas con enfermedades preexistentes, optó por no adoptar medidas restrictivas inmediatas y simples acciones preventivas que colaborarían con la no propagación del virus en el país, como ya se había hecho con innegable éxito en China, donde se detectó y enfrentó el virus por primera vez”.

Gottardello advierte que “en el país del bolsonarismo, la matanza llega a todos, independientemente de su orientación política, religión, edad o nivel socioeconómico. A finales de abril, habrá más de 350.000 víctimas de covid-19, más que el número de muertos en tres de los seis peores campos de exterminio nazis en la Segunda Guerra Mundial”. También señala que el exministro de Ciudadanía del militar, el neurólogo y actual diputado federal por Río Grande do Sul, Osmar Terra, “fue, como mínimo, el portavoz de la ‘solución final’ brasileña”.

El médico partidario de Bolsonaro es de tuitear mensajes que dicen: “La mitad o más de la población activa no puede parar, de lo contrario moriríamos de hambre o por falta de cuidados. Estas decenas de millones de personas, que salen todos los días a trabajar, vuelven a casa por la noche y pueden contaminarse ¡Dentro de la casa contaminan a toda la familia!”.


Sus argumentos podrían encuadrar en lo que Hannah Arendt llamó la “banalidad del mal” pero adquirieron espesura política cuando el propio Lula calificó al gobierno actual como “genocida”. La palabra utilizada para definir crímenes de lesa humanidad contra los armenios a comienzos del siglo XX hasta los tutsis de Ruanda en 1994, adquirió sentido jurídico universal en 1946. Su encuadre legal se remonta a fines de ese año, cuando se creó la Asamblea General de la ONU, que aprobó la Resolución 96. Ahí apareció por primera vez el término “genocidio” en un documento de la comunidad internacional. Se lo definió como “la negación del derecho a la existencia de grupos humanos enteros”.


La política de Bolsonaro también tiene propaladores entre los pastores que le aportaron un gran caudal electoral a su candidatura. Silas Malafaia es uno de ellos. Le pidió al presidente que debía “convocar a las fuerzas armadas para establecer la ley y el orden”. No lo hizo porque hubiera manifestaciones populares en la calle pidiendo la cabeza del militar, sino contra las medidas de los gobernadores que restringen movimientos porque los sistemas de salud están colapsados en la mayoría de los estados. “Nuestra democracia no puede tener salida así”, escribió Malafaia en twitter, el autor de una frase que causó estupor en 2020: “La iglesia es una agencia de salud emocional, tan importante como los hospitales”. El pastor aclaró que su mensaje al presidente no era “un pedido de golpe militar”.


Las declaraciones recientes del vicepresidente, el general Antonio Hamilton Mourao – que tiene casi 2 millones de seguidores en Twitter- dan pie a teorías conspirativas. Dijo que Bolsonaro era “responsable de todo lo que pasa o deja de pasar” cuando cambió al médico Marcelo Queiroga por el general Eduardo Pazuello en el Ministerio de Salud, aunque su discreto segundo plano ya no le permite esquivar su relación directa con la tragedia humanitaria. Es el segundo hombre del Estado. Un Estado cuyos puestos fueron colonizados de manera abrumadora por militares retirados y en actividad.

El partido de los uniformados según un artículo publicado en The Intercept Brasil “está activo y en campaña por la reelección”. “¿Con Bolsonaro?”, se preguntó: “Tal vez no. Otros nombres están sobre la mesa, incluido Sergio Moro”. En el mismo sitio digital, el periodista Leonardo Martins señaló que los policías militares consiguieron aportarle 14 millones de votos al jefe de Estado ultraderechista en 2018. Ahora –dice- “están decepcionados” con él. El mayor Olimpio, un senador que fue aliado político de Bolsonaro y murió por Covid-19 en los últimos días, era uno de ellos. Tuvo que poner la cara por el presidente cuando la fuerza se amotinó en varios cuarteles. Esos policías hoy consideran “un traidor” al principal responsable de la tragedia brasileña.

Domingo, 21 de marzo de 2021