El expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) ha quedado al borde del abismo. Se enfrenta a su hora más difícil, con la prisión convertida en una amenaza cercana. Su futuro está en manos de una jueza. En plena campaña electoral y a menos de un mes de las elecciones, los peruanos aguardan expectantes una decisión judicial que podría llevar al exmandatario y hoy candidato al Congreso a la cárcel por cargos de corrupción.

La jueza María Alvarez tomará la decisión de si envía o no al exmandatario a prisión preventiva, tal como lo ha pedido la fiscalía por un plazo de 18 meses. La magistrada prolongó el suspenso, al posponer para este jueves la audiencia virtual iniciada el miércoles, que se prolongó por varias horas.

El pedido de prisión preventiva se da en el marco de un proceso por el supuesto cobro de sobornos por parte de Vizcarra a dos empresas constructoras por 2,3 millones de soles (unos 650 mil dólares al cambio de hoy, pero que al tipo de cambio cuando se habrían pactado y realizado esos pagos ilícitos equivalía a cerca de 800 mil dólares). El caso se encuentra en la etapa de investigación fiscal. La fiscalía le atribuye a Vizcarra los cargos de colusión agravada, cohecho y asociación ilícita, y señala que existe el peligro que el expresidente obstruya el proceso y un riesgo de que utilice sus contactos para pedir asilo, por lo que ha solicitado su detención.


Por los mismos cargos por los que ahora se pide su detención preventiva, Vizcarra fue destituido por el Congreso en noviembre pasado, cuando su popularidad bordeaba el 60 por ciento. Esa destitución gatilló masivas protestas, pero en las calles las proclamas no eran en defensa de Vizcarra, de quien se decía debía ser investigado y eventualmente juzgado, sino en rechazo a una clase política corrupta que buscaba aprovechar la situación para tomar el poder, como efectivamente lo hizo por unos días, hasta que las protestas se tumbaron en menos de una semana al reemplazante de Vizcarra y representante de esa clase política desacreditada, el legislador ultraconservador Manuel Merino, que fue sustituido por el actual presidente, Francisco Sagasti.

Los cargos contra Vizcarra son por hechos ocurridos antes que asuma la presidencia, por lo que no se requiere un antejuicio en el Congreso para procesarlo por estos hechos. Se le acusa de haber cobrado sobornos para la construcción de un hospital y una obra de irrigación cuando era gobernador, entre los años 2011 y 2014, de Moquegua, una pequeña región ubicada unos mil kilómetros al sur de Lima.

El propietario de la empresa Obrainsa, Elard Tejada, ha declarado ante la fiscalía haberle pagado a Vizcarra un millón de soles para hacerse con una obra de irrigación en Moquegua. De otro lado, altos ejecutivos de la constructora ICCGSA han dicho haberle dado al entonces gobernador de Moquegua 1,3 millones de soles como una coima para ganar la licitación para construir un hospital regional. El fiscal Germán Juárez, a cargo del caso, presentó estos testimonios como base de su acusación. También dio a conocer una serie de llamadas telefónicas entre Vizcarra y ejecutivos de estas dos empresas en fechas que, según el fiscal, coinciden con las salidas de dinero de las cuentas de esas empresas por montos que concuerdan con los sobornos denunciados.

Los empresarios convertidos en colaboradores de la fiscalía que acusan a Vizcarra de haber cobrado sobornos están procesados por haber integrado el “club de la construcción”, formado por importantes empresas constructoras para repartirse obras públicas previo pago de sobornos, y han canjeado sus testimonios acusatorios por beneficios judiciales.

El abogado del expresidente, Fernando Ugaz, puso en duda la validez de los testimonios de los testigos de la fiscalía, los cuales, aseguró, no han sido corroborados por otras fuentes. También desestimó como pruebas las llamadas telefónicas presentadas por el fiscal. La defensa del exmandatario recordó que las licitaciones para esas dos obras fueron llevadas adelante y adjudicadas por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y no por el gobierno regional que presidía Vizcarra, por lo que no se explica el pago de esos supuestos sobornos al entonces gobernador, que no fue quién decidió a qué empresas darles esas obras. El abogado Ugaz aseguró que no hay evidencias de pagos a Vizcarra.

La fiscalía ha respondido señalando que UNOPS recomendó al ganador de la licitación, pero la decisión final la tuvo el gobierno regional que encabezaba Vizcarra. Pero lo cierto es que en ambos casos el gobierno regional de Moquegua solamente confirmó la recomendación hecha por UNOPS. Los funcionarios de las dos empresas constructoras han asegurado que Vizcarra les pidió el pago de los sobornos denunciados para confirmar la recomendación hecha por UNOPS, algo que el expresidente niega.

Cuando fue destituido de la presidencia por el Congreso, Vizcarra señaló que los testimonios de los empresarios que lo acusan son “una venganza” de quienes integraban el “club de la construcción” por, según su versión, haber cortado durante su gobierno los sobreprecios que estas empresas cobraban por las obras públicas.

Vizcarra pretende llegar al Congreso y ha sido acusado de querer convertirse en parlamentario para cubrirse con la inmunidad que le daría el cargo. El candidato presidencial apoyado por Vizcarra, el exparlamentario fujimorista Daniel Salaverry, aparece relegado en las encuestas con menos de tres por ciento. Pero a la lista congresal de Somos Perú que encabeza Vizcarra le va mejor y la elección del expresidente pareciera, según los sondeos, altamente probable, pero su popularidad ha sido golpeada por esta acusación por corrupción y por el reciente escándalo por las vacunaciones vip y la inoculación secreta del expresidente y su esposa antes que las vacunas contra el coronavirus lleguen al país, y está por verse cómo esto, y una posible orden judicial para su detención, afectan su candidatura en el tramo final de su campaña. Pero ahora Vizcarra se juega un partido mayor, su libertad.

Miércoles, 17 de marzo de 2021