La candidata presidencial Keiko Fujimori se enfrenta a una posible condena a más de 30 años de prisión. La fiscalía cerró este jueves la investigación iniciada hace más de dos años y presentó acusación contra Keiko por los delitos de lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia y falsedad genérica.

La acusación es por los millonarios aportes secretos entregados a las campañas presidenciales de Keiko en 2011 y 2016. El fiscal José Domingo Pérez, a cargo del caso, ha pedido 30 años y 10 meses de prisión para la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), en prisión desde 2007 condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción. Hay otros cuarenta acusados. Keiko, de 45 años, postula por tercera vez a la presidencia en las elecciones del próximo once de abril.

La hija del exdictador, que pretende llevar al fujimorismo de regreso al poder, ha estado en dos ocasiones en prisión preventiva -por obstrucción al proceso y peligro de fuga- en relación a este caso. La primera vez por trece meses, entre octubre de 2018 y noviembre de 2019, y la segunda por un período más corto, entre enero y mayo de 2020. El fiscal ha pedido que se le impida la salida del país por tres años, que es el tiempo que la fiscalía estima duraría el proceso judicial hasta que se emita una sentencia. El caso pasa ahora aun juez encargado de revisar la acusacion y luego a un tribunal oral que se hará cargo de juzgar a la acusada.


Los cargos contra Keiko se basan en la entrega oculta que importantes empresas -entre ellas la constructora brasileña Odebrecht, envuelta en un escándalo de megacorrupción- hicieran a sus campañas presidenciales de 2011 y 2016 por más de diez millones de dólares. Estos millonarios montos fueron entregados en efectivo, en rees secretas, en algunos casos a la propia Keiko, en otros a emisarios enviados por ella. En un inicio, la actual jefa del fujimorismo negó las entregas clandestinas de dinero, pero luego, ante el peso de las evidencias, aceptó que recibió financiamiento oculto para sus campañas electorales. Su defensa ha alegado que eso es “una falta” y no un delito.

Las evidencias contra Keiko incluyen los testimonios de poderosos empresarios que han confesado esas entregas secretas de millones de dólares a la candidata presidencial. Y también las confesiones de quienes entonces eran cercanos colaboradores de Keiko, que han relatado ante la fiscalía cómo se montó y funcionó una maquinaria para blanquear esos millonarios aportes clandestinos, a través de una larga lista de donantes truchos y eventos de recaudación de fondos en los que se inflaban los montos supuestamente obtenidos.

Altos funcionarios de la constructora brasileña Odebrecht han declarado ante las autoridades peruanas que entregaron 1,2 millones de dólares para la campaña presidencial de Keiko en 2011. Un millón de dólares fue dado en efectivo a dos emisarios de Keiko, los otros 200 mil dólares fueron canalizados a través del principal gremio empresarial del Perú para sumar a una bolsa en respaldo a la candidata del fujimorismo, que en las elecciones de ese año enfrentó en segunda vuelta a Ollanta Humala, quien la derrotó.

Empresarios peruanos también han confesado aportes ocultos a las campañas del fujimorismo. Dionisio Romero, cabeza de uno de los más poderosos grupos económicos del país, ha revelado ante la fiscalía que le entregó en forma oculta 3.65 millones de dólares a Keiko para su campaña presidencial de 2011 y otros 450 mil dólares para la de 2016. Romero, propietario del mayor banco del país, ha confesado que esos aportes de campaña no se bancarizaron, que se hicieron en varios encuentros secretos que él tuvo con Keiko, en los que le entregaba valijas llenas de billetes. El empresario peruano-chileno Juan Rassmuss le dio a Keiko, también en efectivo y bajo las sombras del secretismo, 3,4 millones de dólares para la campaña de 2011 y 1,4 millones para la de 2016. Una tercera confesión es la del propietario del poderoso grupo lácteo Gloria, Vito Rodríguez, quien ha dicho haberle dado, también en secreto y en efectivo, 200 mil dólares a la candidata del fujimorismo en 2011. Miembros del llamado “cartel de la construcción”, formado para repartirse obras públicas previo pago de sobornos, también han declarado haber realizado aportes secretos a las campañas de Keiko.

Conocida la acusación fiscal, Keiko volvió a jugar la carta de la victimización. “Seguiré enfrentando esta persecución”, dijo. Aunque la investigación fiscal lleva más de dos años, acusó a la fiscalía de pretender afectar su campaña electoral con esta acusación. El fiscal José Domingo Pérez negó intenciones políticas, calificó esa afirmación de Keiko como “un agravio” y aseguró que la fiscalía tiene “un caso sólido” para acusar a la candidata fujimorista.

Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos sobre la intención de voto para las elecciones presidenciales de abril, pone a Keiko en el tercer lugar con 8,1 por ciento, igualada con el exfutbolista George Forsyth, detrás de Yonhy Lescano, del partido de centro derecha Acción Popular, primero con 11,3 por ciento, y de Verónika Mendoza, del izquierdista Juntos por el Perú, con 8,9 por ciento. Un sondeo de Datum ubica a Keiko igualada en el segundo lugar con Forsyth y el ultraderechista Rafael López Aliaga, con 7 por ciento, en primer lugar figura Lescano con 13 por ciento.



Jueves, 11 de marzo de 2021