Durante la audiencia judicial por la causa denominada "dólar futuro", la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner nombró varias veces al “doctor Petrone”, en relación a Daniel Petrone, juez de la Sala I de la Cámara Federal de Casación, de quien aseguró “no le conocía la cara”. En ese contexto, apuntó contra los magistrados que trabajan desde el “anonimato”.

“Sería bueno que apareciera la cara de (Diego) Barroetaveña y Petrone porque siempre están en el anonimato quienes deciden”, apuntó. “Sí conocía la de Ana María Figueroa de cuando denunció la presión que había sufrido por funcionarios del gobierno de Mauricio Macri en otra causa que me tiene como acusada, el memorándum con Irán”, aseguró sobre la tercera integrante.

El “doctor Petrone” es Daniel Antonio Petrone, juez y titular de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, tribunal que decidirá el sobreseimiento o la elevación de la causa que involucra a Cristina y Axel Kicillof, entre otros, a juicio oral. Petrone tiene 49 años, se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires en 1996 y actualmente da clases en varias casas de estudios, en materias relacionadas con el Derecho Penal.

El caso más relevante en el que le tocó juzgar fue el de la valija de Guido Antonini Wilson con US$ 790 mil en 2007. Allí, actuó como juez de instrucción en el fuero penal económico.

En 2018 asumió como juez de Casación, elegido por el entonces presidente a instancias del ministro de Justicia Germán Garavano, viejo amigo de Petrone. Llegó a ese lugar junto a Diego Barroetaveña, seleccionados para controlar desde esa Cámara la persecución a sus adversarios políticos.

Pero lo que lo puso hace poco en el medio de la escena fue el fallo --de la misma Cámara y con la misma compañía, Diego Barroetaveña-- que convalidó las declaraciones irregulares de los arrepentidos en la causa de las fotocopias de los cuadernos.

En ese caso, también emblemático del Lawfare, plantearon que no había ningún motivo para disponer la inconstitucionalidad de la ley aprobada en 2016, en la que se basaron el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. También desecharon, pese a que no había más que registros escritos de esas “delaciones” pero ningún audio o filmación, las quejas de varios acusados que dejaban claro que las declaraciones no habían quedado registradas "por medios técnicos idóneos", como lo exige la misma norma, para que se sepa lo que pasó realmente en esas "negociaciones".


Fue muy evidente en los inicios del expediente, en agosto de 2018 que sólo se les concedía la libertad a aquellos que se “arrepentían” y que aquellos que no aceptaban hablar para complicar a otros, en particular a Cristina Kirchner, quedaban presos.

En este reciente precedente de la Sala I de la Casación Federal, "se incurrió en el derrumbe institucional del esquema constitucional del Estado. El mensaje parece ser: “vale todo”. Para los Jueces Barroetaveña y Petrone, nada es imposible: se puede extorsionar a los imputados con su libertad; se puede recibir su declaración a espaldas de cualquier tipo de contralor, sin realizar el debido registro conforme lo exige la ley; se puede vulnerar el derecho de defensa de las demás partes impidiéndoles casi como algo sistemático el acceso a todas y cada una de las revisiones pretendidas; se pueden negar las premisas más elementales del derecho penal como sucede con aquella que veda la aplicación retroactiva de una ley penal más gravosa para el imputado" escribieron en una opinión publicada entonces en Página/12 los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro.

Viernes, 5 de marzo de 2021