La jueza Marta Cirulli inició el tramo final del proceso de salvataje del Correo Argentino, al considerar que las acciones de la firma valen cero pesos y que su millonaria deuda se debe computar con intereses, lo que el gobierno de Mauricio Macri había intentado evitar mediante un acuerdo ruinoso para el Estado. La magistrada anunció también que quienes se postularon para el salvataje tienen 20 días para ofertar y lograr el acuerdo de los acreedores.

Una resolución de la jueza del caso del Correo Argentino inició la cuenta regresiva hacia la posible declaración de quiebra de la empresa de los Macri que intentó licuar su deuda millonaria durante el gobierno de Cambiemos. El texto afirma que el valor de las acciones de la empresa, que está inactiva, es nulo, lo que indicaría que hubo maniobras de vaciamiento tal como denunció la fiscala ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín. Pero, además, anuncia que las personas físicas y jurídicas que se postularon para el salvataje de la firma tienen desde ahora 20 días para hacer sus ofertas y conseguir la conformidad de los acreedores, que son cerca de 800, entre ellos el Estado. Mientras esto sucede, los abogados del grupo Macri intentan que intervenga el Tribunal Superior de la Ciudad, que nada tiene que ver con un expediente concursal que tramita en la Justicia nacional.

En los 19 años que lleva el trámite del concurso de acreedores del Correo, esta es la primera vez que la jueza Marta Cirulli da por iniciado el tramo final del proceso de salvataje, que se debió haber iniciado el 2004 pero comenzó en diciembre de 2019. Su resolución tiene dos datos muy relevantes: dice que las acciones de la empresa valen cero pesos y que su deuda se debe computar con intereses, tal como siempre planteó Boquín.


La firma le debe al Estado 4500 millones de pesos. Si el proceso de rescate no prospera será la controlante Socma --de la familia Macri-- la que deberá afrontar el pago de lo adeudado. En los papeles de la empresa figuran como dueños Gianfranco Macri, Franco Valladares Macri, Rodrigo Valladares Macri, Mariano Macri y Florencia Macri.

El texto del fallo precisa que el Estudio Evaluador actuante presentó un informe en el que determinó que “atento a que el Pasivo es superior al Activo, el valor estimado del paquete accionario es cero”. La empresa de los Macri había intentado que se desestimara el informe del Evaluador, pero la jueza lo consideró pertinente, al subrayar que "el dictamen del Evaluador no es vinculante para el Tribunal, porque así lo dispone la Ley de Concursos y Quiebras (artículo 48, última parte del inciso 3). Sin embargo, no puede soslayarse que en general provee suficiente convicción, en tanto aparece elaborado por expertos en la ciencia contable".

La jueza fijó para el 29 de marzo a las 12 una audiencia donde los oferentes deberán poner sobre la mesa las propuestas a los acreedores, entre los cuales el Estado es el principal, pero hay muchos que están controlados por el propio Correo. Para el 7 de abril deberán lograr la conformidad de la mayoría de esos acreedores --al menos 51 por ciento--, que representan las dos terceras partes del capital. Si no lo logran, van a la quiebra, que es lo que los Macri se han empeñado en evitar a toda costa y con distintos artilugios dilatorios.

La posible existencia de maniobras fraudulentas como el vaciamiento, a través de desvíos millonarios hacia sociedades del mismo grupo y empresas amigas, agravan la situación. Esta es una de las grandes causas que comprometen al expresidente, lo cual explica los ataques y los intentos de apartamiento de la fiscal Boquín, que fue quien denunció a comienzos de 2017 el acuerdo entre el Correo y el Estado --cuando gobernaba el propio Macri-- para salvarse de pagar casi el 98 por ciento de la deuda. Boquín dictaminó que era un acuerdo ruinoso y abusivo, y logró frenarlo. La fiscala fue hostigada sistemáticamente por el macrismo que buscó correrla de la causa por distintas vías.

En agosto de 2020 quienes se postularon para el salvataje o cramdown fueron Transportes Chimiray SRL, de Ramón Puerta, la Organización Courier Argentino SA (OCASA), que maneja Héctor Colella, MV Cargo SAS --una de las sociedades de creación rápida que inventó el macrismo--, Valuaciones SA --que se dedica a la actividad inmobiliaria-- y como particular Jorge Anselmi. Pero, además, se postuló el propio Correo Argentino.


La decisión de Cirulli de activar la cuenta regresiva coincidió con un pedido en ese sentido del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, como representante de los intereses del Estado. Reclamaba que avance de una vez este expediente concursal que representa todo un récord en tribunales. El presidente Alberto Fernández aludió a él y la especulación de los Macri en su discurso ante la asamblea legislativa, el lunes pasado.

Una carta pendiente que se juega el Correo es que intervenga el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, la Corte porteña, donde el macrismo tiene aliados. Pese a que es una jurisdicción ajena a la Justicia comercial nacional, el TSJ ya admitió tratar un recurso de queja de los Macri para apartar a la fiscala Boquín.

Jueves, 4 de marzo de 2021