En atención a los sucesos acontecidos y por las declaraciones públicas postuladas por un funcionario del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes y que Involucran al Presidente de la Cámara de Diputados “Pedro Cassani”, especialmente a su familia, expresamos nuestra preocupación y repudiamos el suceso de tamaña envergadura que no hacen más que afectar al régimen Republicano de Gobierno y, sin más, la vida democrática de la Provincia de Corrientes.

Corría el día 07 de julio del año 2020, cuando este observatorio judicial mediante comunicado “01/20” expresara su preocupación por el alto índice de funcionarios y dirigentes políticos judicializados y que atravesaron por procesos de judicialización. En aquella oportunidad hemos advertido que “…los tiempos previos al ingreso a un año electoral son momentos generalmente propensos para el inicio, movimiento y/o preparación de planes sistemáticos estratégicos políticos tendientes a proscribir y/o inhibir rivales políticos”.-
Así expresamente hemos dicho que “Ante la posibilidad de que actos de esta naturaleza puedan darse, consideramos de interés público todo tipo de causas judiciales que se relacionen directa o indirectamente con dirigentes, funcionarios públicos y sus familiares, por entender que la sustanciación de las mismas y/o sus resultados hacen al estado de derecho”.-
En este orden de cosas hemos expuesto concreta y específicamente cuales son los actos que podían llegar a darse “1.- inicio de causas judiciales a funcionarios y/o dirigentes políticos y/o sus familiares, 2.- movimientos de causas que atañen a funcionarios y/o dirigentes políticos y/o sus familiares y se encuentran paralizadas, 3.- Medidas de Prueba de alto impacto como ser allanamientos de moradas y requisas, 4.- Citación a Declaración de Imputado, 5.- Citación a Juicio Oral, 6.- Resolución a Recursos Pendientes, 7.- embargos y/o inhibición general de bienes y 8.- prisión preventiva; por lo que consideramos que, de darse este tipo de medidas y situaciones, las mismas no deben pasar desapercibidas ni escapar del interés de las diversas instituciones y del público en general”.-
Por ello queremos resaltar que, este observatorio judicial no se dedica a hacer una suerte de futurología, sino que tras el análisis programático y sistemático de antecedentes y causas, establecemos y marcamos cuales son los patrones de conducta, en la materia, de las Instituciones públicas.-
En la misma línea, si este patrón de conducta afecta algún derecho y/o garantía fundamental o a los Derechos Humanos lo marcamos, lo resaltamos y tomamos una postura publica de forma tal que la falta no se refugie en el ocultismo o simulación golpista.-
El Lawfare constituye una técnica jurídica utilizada comúnmente en los sectores políticos que en definitiva ataca directamente a la vida democrática de una región, de un país, de una provincia o de una comuna y por ende constituyen actos de “gravedad institucional”, para lo cual, sin perjuicio de nuestra postura publica, elaboramos informes y comunicamos diversas autoridades.-
En tal sentido, no podemos dejar de tomar posición respecto de la situación del Presidente de la Cámara de Diputados “Pedro Cassanni”, quien tras anunciar su pretensión de candidatearse como Gobernador de la Provincia de Corrientes inmediatamente es cruzado por un funcionario judicial quien de forma pública en un medio radial, adelanto su resolución de requerir el procesamiento del pretenso candidato. Ello en el marco de una causa que tuvo su génesis en febrero del año 2015, o sea hace poco más de 5 años cuando también el dirigente político anunciara su pretensión de ir por la candidatura a la gobernación provincial.-
Una de las técnicas que explican el funcionamiento del lawfare es esa, o sea materializar una causa contra un dirigente, generalmente previo al cierre de alianzas partidarias en el año electoral, mantener la causa abierta sin resolución y cada vez que se asoma un nuevo periodo electoral moverla o amenazar con moverla, para de esta forma torcer la intención del candidato. La vil y mendaz estrategia adquiere parámetros considerables, cuando a la vez la misma se proyecta a familiares del afectado y esta es una cuestión que no debe pasar desapercibida del Interés Social.-
Sin perjuicio de que el defecto Institucional atañe a un poder del estado, desde nuestro lugar sugerimos analizar e investigar la conducta del funcionario judicial intermediario del mensaje, pues su proceder instala un manto de duda sobre una serie de principios que rigen a la función e institución que representa.-


Viernes, 26 de febrero de 2021