Si algo faltaba en el expediente concursal donde el Correo Argentino de la familia Macri lleva 19 años sin pagar su deuda millonaria con el Estado, era que la empresa saliera a buscar sin disimulo un tribunal amigo, pero no cualquier tribunal.

En este caso, con la idea fija de sacar de la causa a la fiscala Gabriela Boquin, pretende que intervenga por su recusación el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires, que tiende a mostrar debilidad por los planteos del macrismo. Boquin es quien denunció en 2017 una acuerdo “ruinoso” y “abusivo” con el gobierno de Cambiemos para licuar el pasivo de la firma así como maniobras de vaciamiento. Para apartarla, en lugar de ir a la Corte Suprema de la Nación –que es el tribunal superior para los casos en los que interviene la justicia nacional, como éste-- el Correo pide que intervengan los cortesanos porteños. La Sala B de la Cámara Comercial ya rechazó esa opción, pero ahora Socma --la controlante y principal accionista de Correo-- puede insistir.


La empresa de la familia Macri desató una cruzada con distintos tipos de ataques dirigidos a la fiscala Boquin. Dentro del expediente del concurso de acreedores desacreditó sus decisiones en forma reiterada. En una ocasión llegó a la Corte Suprema de la Nación en un intento por evitar su intervención en las denuncias e investigación sobre maniobras de vaciamiento de la empresa, que pueden complicar la situación del Correo y aumentar las chances de una declaración de quiebra. Los supremos la respaldaron. El año pasado, directamente la recusaron en la causa donde está pendiente el pago de la deuda del Grupo Macri al Estado, que supera los 4500 millones de pesos. La sala B de la Cámara Comercial rechazó la recusación con el argumento, entre otras cosas, de que los fiscales no pueden ser recusados: tienen deber de objetividad, pero no de imparcialidad como los jueces.


El Correo volvió a la carga con una presentación de 105 páginas (incluidos anexos y otros viejos escritos) donde plantea la inconstitucionalidad de aquella decisión de la Cámara y pide que la recusación sea resuelta por el Tribunal Superior porteño que preside Inés Weinberg de Roca, que fue la candidata fallida de Mauricio Macri para la Procuración General, y tuvo como sus dos últimas incorporaciones a propuesta de Horacio Rodríguez Larreta, a Santiago Otamendi, que fue secretario de justicia de la gestión de Germán Garavano en el Ministerio de Justicia con el macrismo, y a Mónica Vivian de Langhe. El TSJ pertenece a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, sus miembros son elegidos por la Legislatura Porteña y el Poder Ejecutivo porteño. El concurso de acreedores del Correo Argentino tramita en fuero Comercial nacional, donde actúan jueces elegidos por el Consejo de la Magistratura nacional, el Poder Ejecutivo y con acuerdo del Senado. Son dos mundos distintos que, pese a la existencia de proyectos y debates sobre el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad, no se han juntado.

La respuesta de la Cámara, firmada este martes, fue contundente: “El recurso de inconstitucionalidad interpuesto en la presentación a despacho no se encuentra previsto en la normativa del Código Procesal, Civil y Comercial, de aplicación a la materia y litigios ventilados en este fuero y la específica cuestión concursal de este proceso, por lo que corresponde su rechazo en forma liminar”. Pese a este rechazo, el Correo podría recurrir directamente a los/las supremos/as porteños/as.

La presentación de Socma en nombre de Correo Argentino se aferra a antecedentes del propio STJ y a uno en particular que firmó el año pasado y el que mundo judicial miró con atención, más algunos con desconfianza. En una causa civil, el periodista Gabriel Levinas había sido condenado en primera instancia a pagar a los sucesores de León Ferrari el equivalente a quince cuadros y confirmada esa sentencia por la Cámara del mismo fuero nacional. En lugar de ir a la Corte Suprema, Levinas fue al TSJ con un recurso de queja y la sorpresa fue que este tribunal admitió ese recurso. Firmaron Weinberg de Roca, Otamendi, De Langhe y Luis Lozano. Alicia Ruiz votó en disidencia. Después de aquel antecedente, empezaron otros planteos similares, incluso en casos conocidos como el del policía Luis Chocobar, acusado de asesinar a Pablo Kukoc por la espalda después que intentara asaltar a un turista estadounidense y le causara heridas de arma blanca. La defensa de Chocobar fue al TSJ, que le corrió vista a Juan Mahiques, fiscal general de la Ciudad, y ratificó su competencia para un caso así, que tramita en la justicia penal nacional. El juicio, de todos modos, se está haciendo en esta última.


El expediente del Correo está en la etapa de “salvataje”, que la empresa se está encargando de dilatar con otros tantos artilugios, ya que el riesgo de quiebra existe, y debería afrontarlo Socma. La firma ataca a la fiscala por supuesta animosidad, le adjudica parcialidad, y una supuesta “causa personal” en el asunto. Este argumento lo agita hace tiempo, y ahora agrega –con apoyo de medios afines a la oposición política—que ella tiene un comportamiento diferente en expedientes, como el de Oil Combustible (la empresa de los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa), que en rigor no tiene nada que ver con el del Correo.

La empresa de los Macri va rumbo a una quiebra y está concursada desde hace casi dos décadas, en las que esquiva afrontar sus pasivos. A la petrolera le liquidaron todos los bienes en poco más de un año, es un proceso donde no llegó a haber acuerdo de nada. Por el Correo se llegó a firmar un acuerdo con el Estado, cuando el presidente era Mauricio Macri, para licuar su deuda en un 98,87 por ciento, que fue lo que frenó Boquin. En Oil Combustibles la cuestionaron porque sostuvo que había que abrir un período de pruebas ante la fijación de una fecha de cesación de pagos. La mayor parte de sus dictámenes, en rigor, estuvieron destinado en un caso paralelo a garantizar que la AFIP no bloquee el dinero para pagar los sueldos de los medios de comunicación de Indalo. La interpretación de los Macri y que hacen propia columnistas de los grandes medios, es que quiere beneficiar a la empresa. Todo apunta a sacarla del camino a como dé lugar.



Jueves, 11 de febrero de 2021