Las fuerzas armadas de Myanmar aludieron fraude en las elecciones de noviembre pasado y el domingo detuvieron a todos los líderes del gobierno que la Nobel de la Paz de 75 años Aung San Suu Kyi dirigía sin presidir. Consumado el golpe, los militares declararon el estado de emergencia durante un año y anunciaron que el exgeneral Myint Swe ejercerá la presidencia del país.

En Myanmar, antes Birmania, en el medio de India, China, Tailandia y Bangladesh vive gente como Aung Tun. Mediana altura, 45 años, vende celulares en Yangon. En sus fotos de Facebook aparece con un pareo y sus dos hijos con la cara pintada, como todos los varones birmanos. Su foto de perfil está enmarcada por la de su líder y la frase: “estoy con Aung Sang Suu Kyi”. Ahora postea: “Queremos pedir a los líderes del mundo, a las Naciones Unidas, a los medios que ayuden a nuestro país, queremos desarrollarnos como nuestros vecinos”.

El héroe de la independencia birmana fue Aung Sang (padre de Aung Sang Suu Kyi), asesinado en 1947. El exilio llevó a Suu Kyi a estudiar en Delhi primero, Oxford después y quedarse en Inglaterra. En 1988 volvió. Le pidieron que hablara en un acto en el Shwedagon Pagoda, templo budista de 2500 años con una cúpula de oro que se ve desde todo Yangon. Medio millón de personas descubrió ahí a la líder de su revolución democrática. Suu Kiy arrasó en las elecciones de 1990 pero los militares no reconocieron el resultado y encarcelaron a todos los opositores. Un año después ella recibió el Nobel de la Paz, se negó a ser extraditada y aguantó 15 años de prisión domiciliaria.


La dictadura flexibilizó libertades y convocó a elecciones parlamentarias en 2010 pero antes reformó la Constitución: retuvo el 25% de las bancas del parlamento, la atribución de nombrar ministros y de formar gobierno “en caso de emergencia”, el manejo de los recursos naturales y la prohibición de ser presidente para cualquiera con familia no birmana, justo como Suu Kii, cuyos hijos y difunto esposo nacieron en Inglaterra. En 2016 se convocaron elecciones presidenciales y la LND de Suu Kyi arrasó con Htin Hyaw como candidato. Suu Kii fue designada Consejera de Estado, una especie de presidenta ipso facto.

Hasta 2014 el Relator de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Myanmar fue el abogado argentino Tomás Ojea Quintana. “Para mí esto es un deja vú”, afirma a PáginaI12. En 2010, se encontró personalmente con Suu Kyi y le expresó la importancia de juzgar los crímenes cometidos por los militares en las últimas décadas, algo que nunca sucedió. Ojea Quintana está sorprendido por el golpe, cree que el detonante pudo haber sido la abrumadora nueva victoria de Suu Kyi en las elecciones de noviembre, fue un empujón de legitimidad: “con la continuidad del gobierno electo con ese nivel de apoyo, se debilitaría el poder que se guardaron los militares”.

La teoría birmana de los dos demonios
Para Myanmar son bengalíes, para Bangladesh son birmanos. Los rohingyas son apátridas. “Deben parar. Nunca vi una población tan discriminada en mi vida”, dijo el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterrez. Los rohingyas son vulnerables como minoría étnica, como musulmanes y como descendientes del subcontinente indio. Según la ACNUR, al menos 723.000 rohingyas, una de las más de cien etnias que habitan Myanmar, tuvieron que escapar de las fuerzas oficiales birmanas hacia Bangladesh desde mediados de 2017. El 40% son menores de 12 años. En Bangladesh los retienen en un campo de refugiados de 13 kilómetros cuadrados.

La excusa es combatir al ARSA, un grupo insurgente de no más de 500 miembros a quienes los ultranacionalistas budistas comparan con ISIS. Después de décadas de aislamiento en telecomunicaciones, la irrupción de los celulares y de Internet fue una estampida. La campaña de fake news del movimiento budista Ma Ba Tha describiendo al millón de rohingyas como parte del ARSA caló hondo hasta en la base electoral budista de Suu Kii. En 2018, Facebook reconoció en un comunicado que “podría haber hecho más” para evitar que su plataforma sea usada para un genocidio. A fines de 2019, Aung Sang Suu Kyi fue a la Corte Internacional de Justicia a defender a las mismas Fuerzas Armadas que la habían llevado a prisión. Reconoció delitos de lesa humanidad pero los colocó en el marco de un conflicto que comenzó el ARSA.

Hasta llegar al poder, Occidente veía en Suu Kyi a una par de Mahatma Gandhi y Nelson Mandela. Pero otro premio Nobel, Barack Obama, notó algo distinto. Cuando la visitó en 2012 conversaron sobre el dilema de pasar de ícono opositor a tener el poder. “Yo siempre fui una dirigente política”, le dijo Suu Kyi. Ben Rodes entonces asesor de Obama contó que saliendo, de regreso en la limusina, el ex presidente reflexionó: “Yo solía ser también el rostro de un poster, la imagen solo se desvanece".

Occidente y China
La devaluación de la imagen de Suu Kyi en Occidente la obligó a buscar apoyos en donde sea posible. Fue a ver al presidente de Hungría, el nacionalista Viktor Orban, para hablar sobre “el crecimiento de la población musulmana”. China -que también es acusada de crímenes de lesa humanidad contra los islámicos Uyghur en la región de Xinjiang- vio una oportunidad.

Similar a lo que ocurre en otras regiones en las que Gran Bretaña trazó mapas mezclando pueblos, como Medio Oriente, Myanmar es un país sin una única nación consolidada. Frente a eso, China, desde hace una década, observa lo que pasa en su frontera sur y de vez en cuando mueve una ficha.


En 2017, China incorporó a la Constitución la Belt and Road Initiative, presentada poco antes por Xi Jin Pin como la Ruta de la seda del siglo XXI, un esquema en el que el premier chino invitó a los países a unirse a la mayor red logística global en que el país asiático es el gran dinamizador. Los tigres asiáticos saltan y también se agazapan. Los chinos no están lejos de consolidarse como los principales rule makers del sudeste asiático. Una de las piezas fundamentales del esquema es el puerto que Xi Jin Pin espera construir en Myanmar para acceder de manera directa al mar Índico, acompañado de un oleoducto que le ahorraría unos cuantos millones en la importación del crudo desde el Golfo Persa. El Corredor Económico China-Myanmar consolidaría esta política y, para ello, China puso a consideración del gobierno birmano 38 proyectos de infraestructura que Suu Kyi no desarrolló con la velocidad que los chinos pretendían.

A fin de enero ocurrió un hecho que habría ofendido la mellada paciencia roja: Myanmar adquirió un millón y medio de vacunas para Covid-19 de India y firmó un contrato con el Serum Institute del mismo país para recibir 30 millones más.

Por ahora China no condenó oficialmente el derrocamiento del gobierno civil en Myanmar pero el ministro de relaciones exteriores Wang Wenbin explicó que “China y Myanmar son buenos vecinos. Esperamos que todas las partes puedan resolver sus diferencias dentro del marco de la Constitución y la ley, salvaguardando la estabilidad política y social”. Un evento curioso sucedió el 12 de enero pasado. Wang Yi, canciller chino, se reunió con Min Aung Hlaing, jefe de las fuerzas armadas en la capital birmana. Desde ayer a la madrugada, Min Aung Hlaing es quien firma los decretos de Myanmar.

Miles como Aung Tun dan la batalla en su Facebook, Suu Kyi vuelve a estar presa, los militares vuelven al lugar de donde nunca se fueron y el abogado argentino que los denunciaba hace una década, Tomás Ojea Quintana, aprovecha la jurisprudencia universal de los delitos de lesa humanidad. En Argentina, defiende a una organización de rohingyas que acaba de presentar en el juzgado de Servini de Cubria una denuncia por genocidio en la provincia birmana de Rakhine.

Martes, 2 de febrero de 2021