El reconocimiento de Trump a la soberanía marroquí en este enclave en el desierto significa un revés a las aspiraciones independentistas alentadas durante casi medio siglo.

“Más se perdió en Cuba” es la expresión habitual que el riquísimo refranero español encuentra para relativizar cualquier contratiempo de la vida cotidiana. En el imaginario popular, la independencia de la isla en 1898, que puso punto final a lo que durante siglos fue el imperio más poderoso y extendido de la historia, sigue apareciendo como la referencia del final de una época de esplendor colonial que se prolongó durante cuatro siglos y el símbolo de una pérdida irreparable.

Sin embargo, no fue la isla caribeña la última colonia, ni 1898 el año en el que desapareció el postrero vestigio del imperio español. El Sahara Occidental, una vasta extensión desértica de 266.000 kilómetros cuadrados, con una población de medio millón de personas, riquísima en minerales, principalmente fosfato, y con mil kilómetros de costa sobre uno de los caladeros de pesca clave para abastecer a los países europeos, estuvo bajo la administración de Madrid hasta bien entrado el siglo XX. Concretamente, hasta 1975.

En noviembre de ese año, la parte más occidental del desierto del Sahara, delimitada por las fronteras de Mauritania, Argelia y Marruecos, se hallaba en pleno proceso de descolonización y en España la dictadura vivía sus últimos días. El entonces rey marroquí, Hassan II, hasta entonces uno de los pocos legitimadores del franquismo en la escena internacional, entendió que el vacío de poder que creaba el estado de salud de Francisco Franco, que moriría el 20 de ese mes, le ofrecía una oportunidad para expandirse hacia el sur y apoderarse de los recursos del territorio hasta entonces gobernado por España.

El 3 de noviembre de 1975, 350.000 civiles marroquíes movilizados por la corona iniciaron lo que se conoció como la 'marcha verde'. Ante la impotencia de la entonces potencia colonial, entraron en el Sahara Occidental, que acabó en su mayor parte anexionada por Marruecos. Mauritania hizo lo mismo e invadió desde el sur. La mayoría de la población autóctona huyó de la franja costera hacia el desierto, en dirección al Este y se instaló en campamentos cercanos a la frontera con Argelia, país que desde entonces ha respaldado su reivindicación de recuperar el hogar perdido.

España se retiró en medio de un silencio tan estruendoso que el episodio ni siquiera encontró hueco en el refranero popular. Desde entonces, la diplomacia española se ha debatido entre la obligación de defender el derecho a la autodeterminación del pueblo antiguamente colonizado y la necesidad de mantener buenas relaciones con Marruecos, el siempre conflictivo vecino del sur cuya capacidad para cerrar y abrir el grifo de la inmigración ilegal supone un arma de gran poder de fuego diplomático. Históricamente, a cada gesto de respaldo español a las aspiraciones del pueblo saharaui le ha seguido una llegada masiva de inmigrantes a las costas mediterráneas del país ibérico, con el consiguiente conflicto interno que eso supone para la administración española.

El Frente Polisario de Liberación Nacional, una organización que había nacido en 1973 bajo la inspiración de las revoluciones anticoloniales africanas, especialmente la argelina, para luchar por la independencia del Sahara Occidental, proclamó al año siguiente de la invasión la República Árabe Saharaui Democrática y entró en guerra con Mauritania y con Marruecos, conflictos en los que sólo encontró el respaldo de Argelia y Cuba.

Con Mauritania alcanzó un acuerdo de paz en 1979, pero el conflicto armado con Marruecos se ha prolongado hasta hoy. En 1980, los marroquíes iniciaron con asesoramiento técnico israelí y financiación de Arabia Saudí la construcción de un muro de 2.700 kilómetros en el desierto, que se sembró de radares y minas antipersonas, para protegerse de las incursiones del Polisario y que se mantiene hasta hoy como símbolo de la ocupación de la corona alauita, que mantiene desplazada a la zona una fuerza militar de 100.000 hombres.

No fue hasta 1991 cuando tras una mediación internacional ambas partes alcanzaron un alto el fuego y firmaron un acuerdo que incluía como punto sustancial la celebración de un referéndum de autodeterminación que Marruecos nunca se avino a convocar.

No obstante, los esfuerzos diplomáticos marroquíes por conseguir reconocimiento internacional a lo que considera sus provincias del sur siempre chocaron con el criterio de Naciones Unidas, según la cual el Sahara Occidental es uno de los escasos territorios pendientes aún de descolonizar. Hasta la pasada semana, cuando Donald Trump reconoció la soberanía marroquí a cambio de que el reino alauita estableciera relaciones plenas con el Estado de Israel, ningún país occidental consideraba a este territorio como parte de Marruecos. La decisión del mandatario saliente en la Casa Blanca da un giro inesperado a un conflicto que lleva casi medio siglo enquistado y que en el último mes ha visto recrudecido uno de los conflictos bélicos más invisibilizados del mundo.

El pasado 13 de noviembre, tras esperar durante casi 30 años el cumplimiento del acuerdo que dio lugar al alto el fuego, el Polisario retomó sus acciones bélicas. Lo hizo después de que el Ejército de Marruecos penetrara en la zona desmilitarizada del Guerguerat, en la parte sur del territorio, junto a la frontera con Mauritania, para expulsar a unos 50 civiles saharauis que en una acción de protesta pacífica bloqueaban la carretera de acceso a ese país y reclamaban la celebración del referéndum. Desde entonces se han producido enfrentamientos armados entre el Frente y el ejército marroquí sobre los que las informaciones suministradas por una y otra parte difieren en el número de bajas. En todo caso, el Frente considera roto el alto fuego acordado en 1991.

El Frente Polisario controla aproximadamente un 20 por ciento del territorio, el situado en la parte oriental, junto a la frontera con Argelia, donde desde hace más de cuatro décadas malvive buena parte de la población autóctona hacinada en campamentos de refugiados sostenidos gracias a la ayuda internacional y de organizaciones no gubernamentales, la mayor parte españolas. Ahora, con la decisión adoptada por Trump y el recrudecimiento de la guerra, un eventual acuerdo de paz que les permita volver a su tierra después de más de 40 años parece estar más lejos que nunca.

Miércoles, 16 de diciembre de 2020