El presidente de Bolivia, Luis Arce, informó que el gobierno derogó siete decretos supremos para derribar el "andamiaje neoliberal" dispuesto por la presidenta de facto, Jeanine Áñez.

Desde el ministerio de Economía denunciaron que dichos decretos "carecían de respaldo técnico y financiero y pretendían beneficiar a los grandes empresarios" poniendo en riesgo la estabilidad del país. A un mes de su asunción, Arce busca sacar a Bolivia de una profunda recesión económica retomando el exitoso modelo del expresidente Evo Morales.


Con la mira puesta en ese objetivo, la Cámara de Diputados aprobó el impuesto a las grandes fortunas. En tanto, el gobierno empezó a pagar este mes el llamado "Bono Contra el Hambre". "Sin dudas Arce está cumpliendo muchas promesas electorales enfocadas al ámbito estructural: la crisis económica y el golpeado bolsillo del boliviano", señaló en diálogo con Página/12 el director del Centro de Estudios Geopolíticos de Bolivia, Gabriel Villalba. En el horizonte judicial asoma la necesidad de una reforma profunda, mientras la llegada al país de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) busca correr el velo de la represión a las protestas que dejaron un saldo de más de 30 muertos tras el golpe de Estado.


Rumbo a la reconstrucción
"Estamos desmontando el andamiaje del modelo neoliberal reiniciado en noviembre de 2019", dijo Luis Arce en su cuenta de Twitter, al dar cuenta de los acuerdos alcanzados en la reunión de gabinete celebrada el miércoles. Con la excusa de la lucha contra el coronavirus, el gobierno transitorio de Jeanine Áñez había aprobado decenas de decretos durante la emergencia sanitaria.

Los siete decretos supremos que fueron derogados este jueves facilitaban las contrataciones a privados para mejorar el sistema sanitario, impulsaban el apoyo a grandes empresas para el cumplimiento de sus obligaciones sociales y establecían prórrogas y facilidades de pago de impuestos a las exportadoras. En definitiva, el actual gobierno cree que la batería de resoluciones no iba dirigida a los sectores más desprotegidos del país: muy por el contrario, favoreció un aumento de la pobreza y el desempleo.


El presidente de Bolivia también aplaudió la aprobación de las leyes de devolución del IVA a los trabajadores de bajos ingresos, y el esperado impuesto a las grandes fortunas. "Saludamos que la Cámara de Diputados haya aprobado dos importantes proyectos de ley dirigidos a reactivar la economía", aseguró Arce, quien asumió la presidencia el pasado ocho de noviembre luego de arrasar en los comicios de octubre.


En la madrugada del jueves Diputados le dio media sanción al proyecto de Ley del Impuesto a las Grandes Fortunas. El documento establece un tributo a las grandes riquezas en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, que se aplicará a la fortuna acumulada de más de 30 millones de pesos bolivianos de las personas naturales (poco más de cuatro millones de dolares). El proyecto ahora pasará al Senado, también de mayoría masista.

"Se le da la oportunidad al sistema tributario de ser más progresivo. Significa que los que más tienen deben aportar más al país. En otras partes del mundo los millonarios solicitan a las autoridades tributarias que les aumenten los impuestos porque saben que la sociedad es una cuestión sistémica y de sinergia", aseguró el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, luego de la votación en el Congreso.


"Vamos a reconstruir el modelo económico que es un modelo basado en la actividad productiva del país", expresó Montenegro en diálogo con periodistas. "La economía boliviana había sido la primera en crecimiento de la región. Un andamiaje económico que se está intentando reconstruir nuevamente a partir del viraje neoliberal que se tuvo en Bolivia durante once meses", planteó en el mismo sentido el abogado y politólogo Gabriel Villalba.

Claro que para desarrollar ese modelo, que fue virtuoso de la mano de Luis Arce en la cartera de Economía, primero hace falta atender las prioridades. Por eso el gobierno boliviano comenzó a pagar hace pocos días el "Bono contra el Hambre". Durante la campaña, Arce había prometido el pago de este bono de mil bolivianos (unos 144 dólares) como mecanismo para reactivar la demanda interna. Para Villalba, esto demuestra que "la estrategia electoral del MAS se está cumpliendo, por eso el gobierno tiene un alto porcentaje de aprobación en la ciudadanía".

Además de exponer el descalabro económico y social que dejó a sus espaldas el régimen de Áñez, el cambio de gobierno destapó varias irregularidades de la justicia. Una avalancha de procesos judiciales iniciados por el gobierno de facto contra líderes del MAS ya fueron rechazados por fallas de procedimiento. En tanto, otras causas que permanecieron paralizadas durante once meses, como las que atañen a las masacres de Sacaba y Senkata, empiezan a reactivarse lentamente.


Con el objetivo de ir a fondo, el ministerio de Justicia encabezado por Iván Lima convocó a un grupo de expertos en distintas áreas del derecho para encarar una reforma judicial. Lima afirmó que el cambio en el sistema de justicia se realizará "contra viento y marea y contra quien se oponga", aunque "buscando la unidad".

Balance y perspectivas

Analistas bolivianos consultados por este diario coincidieron en los avances del gobierno de Luis Arce a apenas un mes de su asunción. "Este mes de gestión es profundamente más social que económico en su agenda, porque primero está el tema de la reforma de la justicia y segundo el Bono contra el Hambre que tiene que ver con la redistribución de los recursos", aseguró el politólogo Marcelo Arequipa, quien a su vez destacó un elemento novedoso de este nuevo proceso.

"Por primera vez en la historia política de este país se dividen las funciones. Una cosa es la administración del poder político y otra es la administración de la organización política, es decir el MAS. En la primera función están Luis Arce y David Choquehuanca y en la segunda está Evo Morales", planteó Arequipa.

Para su colega Gabriel Villalba el saldo de este mes es "positivo aunque con muchísimos desafíos". Villalba calificó al nuevo gabinete como uno de "emergencia", ya que "tiene el rol de allanar el camino para el próximo gabinete que va a asumir el 22 de enero". En esa fecha se celebra en Bolivia el Día del Estado Plurinacional, donde se nombra al gabinete que acompañará al presidente por el lapso de un año. "Quizás muchos de los actuales ministros sobrevivan y otros no, pero no será una crisis de gabinete sino una articulación histórica", agregó Villalba.



Viernes, 11 de diciembre de 2020