Lleva solo tres semanas en la presidencia y ya ha nombrado a su tercer ministro del Interior. El presidente Francisco Sagasti -designado para el cargo por el Congreso el 15 de noviembre luego que masivas protestas ciudadanas se tumbaron en menos de una semana al gobierno ultraconservador de Manuel Merino, producto de un golpe parlamentario contra Martín Vizcarra- ha tenido que volver cambiar de ministro del Interior en menos de una semana, luego que el nuevo titular del sector cuestionó públicamente sus decisiones.

El general de la policía en retiro, Cluber Aliaga, duró solo cinco días como ministro del Interior. Ha sido reemplazado por José Elice, quien venía desempeñándose como secretario general de Palacio de Gobierno y a quien no se le conoce experiencia previa en el tema de seguridad ciudadana. Es el tercer ministro del Interior en tres semanas y el séptimo en lo que va del año.

La crisis estalló después que en los últimos días el general Aliaga, todavía ministro, apareció en los medios y después en el Congreso disparando contra su propio gobierno. Primero criticó la decisión del gobierno de Sagasti de pasar al retiro a dieciocho generales de la policía y después justificó la brutal represión policial contra las protestas que lograron la salida del gobierno de Merino. Posturas que iban en dirección opuesta a lo sostenido por el gobierno y que dejaban muy mal parado al presidente Sagasti, que reiteradamente había defendido la purga en la policía y criticado duramente la represión policial ordenada por Merino. Fue un abierto desafío del ministro al presidente. Después de esas declaraciones, Sagasti le pidió la renuncia al general Aliaga. Mantenerlo lo habría dejado como un presidente débil, sin mando en su propio equipo ministerial, sin un rumbo claro, desacreditado ante la opinión pública.


Pocos días después de asumir la presidencia, Sagasti implementó una purga policial que voló la cabeza de dieciocho generales, que ocupaban los cargos más altos en la cúpula policial. La represión policial a las masivas protestas contra el efímero gobierno de Merino, que dejó dos muertes y unos dos centenares de heridos, y la corrupción de altos oficiales en las compras de elementos de protección contra la covid 19 para los policías, fueron las explicaciones para esa purga.

Se cuestionó que entre el grupo de generales pasados a retiro había algunos que no estaban involucrados en esos hechos y que se haya puesto como jefe de la policía a un general que ocupaba el puesto diecinueve en el escalafón de la institución. La controversia por la purga policial fue aprovechada por los grupos parlamentarios que habían sacado a Vizcarra y puesto a Merino en la presidencia y que días después, por la presión popular, debieron retroceder y nombrar a Sagasti como presidente, y por otros sectores de la derecha ultraconservadora que perdió el poder con la caída de Merino y los interesados en boicotear las investigaciones a la represión y la corrupción policial, para buscar recuperar espacio, reagrupar fuerzas y contraatacar para arrinconar y desestabilizar al gobierno. Bancadas parlamentarias que habían impulsado el golpe contra Vizcarra amenazaron con negarle el voto de confianza al gabinete ministerial -requisito indispensable para todo nuevo gabinete- si se mantenía en su puesto al ministro del Interior Rubén Vargas, que había dirigido la purga policial. Presionaron al gobierno hasta que éste retrocedió y cambió al ministro Vargas. Sagasti obtuvo el voto de confianza en el Congreso para su gabinete ministerial a cambio de sacrificar a su ministro, pero salió debilitado de este episodio. Llevaba apenas dos semanas en el cargo.

Luego de sacar a Vargas, el presidente nombró al general Aliaga en su reemplazo, un expolicía que parecía más cercano a los altos oficiales dados de baja, sus compañeros de armas, que al gobierno. Una decisión difícil de entender. No se ha explicado cómo llegó Aliaga al gobierno. El cambio fue interpretado como un retroceso en la voluntad manifestada por el presidente de investigar la represión policial y la corrupción en su cúpula, e iniciar una reforma en la institución. Sagasti negó que hubiera un retroceso. Pero su nuevo ministro tenía otros planes.

El jueves pasado, en una conferencia con corresponsales de medios extranjeros, entre los que estuvo Página/12, Sagasti había defendido con énfasis la purga policial y asegurado que no había posibilidad alguna de un retroceso en esa decisión. “El cese de generales es una decisión legítima tomada por el presidente. Los cambios en la policía no han sido una equivocación. Sobre el retiro de policías ya no hay nada que discutir, ya volteamos la página. Con el cambio de ministro no cambia nada. Tenemos el mismo proceso en marcha de cuando se inició el gobierno, lo único que ha cambiado es la persona que lo tendrá a su cargo”, le dijo Sagasti a la prensa extranjera. Dos días después ratificó esas declaraciones a una radio local.

Pero su ministro del Interior pensaba totalmente distinto. Tenía su propia agenda. Y el domingo salió a enfrentar públicamente al presidente. Ese día dio una entrevista en televisión en la que se despachó contra la decisión del gobierno de cambiar la cúpula policial. Habló como un defensor de los generales destituidos unos días antes por el gobierno del que ahora formaba parte. Calificó la purga policial ordenada por el gobierno y defendida por el presidente como “apresurada” e “injusta”, y puso en duda su legalidad. Y dejó abierta la puerta a la posibilidad de reincorporar a los generales pasados a retiro, algo que el presidente había descartado poco antes.


Al día siguiente, el ministro del Interior siguió disparando contra el gobierno. Se presentó ante el Congreso y, como si fuera un ministro del ultraconservador Merino y no del gobierno de Sagasti, hizo una cerrada defensa de la brutal represión policial contra las protestas ciudadanas ordenada por Merino y acusó a los manifestantes de ser los culpables de la violencia, una violencia que, como revelan las imágenes y el gobierno ha admitido, fue desatada por la represión policial.

Luego de las declaraciones de Aliaga, al gobierno no le quedaba otra opción que su salida. Durante su breve gestión de cinco días murió un manifestante en un choque entre la policía y agricultores en huelga, y le generó una grave crisis al gobierno. El nombramiento de Aliaga ha sido el mayor error en lo que va del gobierno de Sagasti. Un error que esta semana le pasó factura. Mantenerlo en el cargo habría sido suicida.

Miércoles, 9 de diciembre de 2020