Ante un nuevo intento de la familia Macri y el Correo Argentino de desplazarla con una recusación del expediente donde frenó la condonación de una deuda millonaria al Estado, la fiscal Gabriela Boquin rechazó ese planteo por “improcedente y extemporáneo” y se topó con la sorpresa de que la Cámara Comercial le pidió opinión a un fiscal civil de San Justo, Javier Lorenzutti, designado como subrogante por el procurador interino, Eduardo Casal.

La empresa está en un momento crucial del expediente concursal, en el que se están valuando las acciones para un posible salvataje, que tiene chances de fracasar --entre otras cosas porque se denunció que hay balances truchos-- y derivar en la quiebra. Esto es precisamente lo que el grupo empresario quiere evitar y por eso continúa con los ataques.

La empresa Correo recusó a Boquin, la fiscal que a comienzos de 2017 denunció y frenó el acuerdo que había firmado con el Estado --por entonces con el gobierno de Mauricio Macri en la presidencia, de ambos lados del mostrador-- y que le perdonaba el 98,87 por ciento de su deuda millonaria, calculada por entonces en algo más de 4 mil millones de pesos. Desde aquel entonces los Macri, sus abogados y apoderados apostaron a la dilación permanente y a atacar a la fiscal, que además detectó y denunció maniobras de vaciamiento que podrían denotar un fraude concursal. La firma está intervenida y en agosto se abrió el proceso de “cramdwon” que posibilitaría la compra de acciones y de la deuda. Pero la fiscalía de cámara también viene denunciando irregularidades que señalan el posible camino a la quiebra, que caería sobre la controlante Socma, que es pilar del grupo empresario.


Los Macri intentan apartar a Boquin porque, supuestamente, incurrió en “enemistad”, “prejuzgamiento” o “animosidad” en el contenido de sus dictámenes, documentos que han apuntado a demostrar, en esencia, dilaciones intencionales a lo largo de 19 años y, además, maniobras con las mayorías entre los acreedores (se cedieron votos a personas vinculadas la Grupo Macri y al directorio del Correo) para llegar en 2016 a un acuerdo “ruinoso” y “abusivo”, movimientos de vaciamiento con beneficiarios hasta del mundo de la política y balances irregulares. En su respuesta a la recusación, ella desarmó la argumentación de la empresa con distintos señalamientos. Por un lado, apuntó que las y los fiscales comerciales no pueden ser recusados, a diferencia de los fiscales penales, de acuerdo a las normas vigentes. Sólo se pueden excusar. Tampoco se les puede endilgar prejuzgamiento, porque no juzgan. Lo que tienen es un “rol activo de defensa del interés general”. Agrega que, aun suponiendo que recusar fuera posible, no estaría dentro del plazo de cinco días previsto en relación con los dictámenes por los que se la cuestiona, que empiezan en 2017, y de los que el Correo siempre fue notificado.

Boquin advierte que el Correo la acusa de manera “forzada e inverosímil” y que usó fragmentos en forma “descontextualizada” de su declaración ante la Comisión bicameral de Seguimiento permanente del Ministerio Público --donde reveló aprietes por este caso-- “para sustentar una supuesta animosidad” pero se trata, dijo, de “una mera inferencia subjetiva de la recusante sin fundamento alguno”. La firma la acusa de tener una “cruzada personal contra quienes menciona como accionistas o beneficiarios finales, pero “sin dar sus nombres ni identificarlos, lo cual de por sí es una irregularidad que debe ser subsanada”. Socma hoy es manejada, en esencia, por los hijos de Mauricio Macri y su hermano Gianfranco. Si Correo va a la quiebra, deberá afrontarla esa empresa.


La recusación deberá ser resuelta por la Cámara Comercial, que le giró el tema a un fiscal civil de San Justo, Javier Lorenzutti, que subroga en este tribunal designado por el procurador interino. Justamente Casal lleva adelante parte de la ofensiva contra Boquin, con un sumario administrativo que está en plena etapa de prueba, con base en denuncias más que dudosas de maltrato laboral.

Viernes, 20 de noviembre de 2020