Por el hundimiento del ARA San Juan donde murieron 44 tripulantes se ordenó investigar al ex presidente Mauricio Macri y al ex ministro de Defensa Oscar Aguad, quienes hasta ahora no fueron citados a declarar.

Lo confirmó hoy la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. también se investigará al entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur, que también no fue pedida su declaración de parte de la Justicia.

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“Deberá indagarse y acreditarse en el expediente, el conocimiento por parte del Ministerio de Defensa y del titular del Poder Ejecutivo, sobre la realización del ejercicio naval, de la importante envergadura que significaba el que puso en marcha la Orden COAA 14/17; como asimismo las constancias que den cuenta de los recortes presupuestarios que afectaban a las fuerzas armadas y en particular a los buques que participaban del mismo”, dice la resolución de 177 páginas que publicó Infobae. Y agrega: “Estas razones impiden –al menos en este estado del proceso– descartar definitivamente, que el Ejecutivo Nacional por vía del Ministerio de Defensa y a través de sus Secretarías de Estado respectivas, no tuviera participación alguna en los hechos que se investigan”. Lo mismo plantea sobre el ex jefe del Estado Mayor de la Armada, Marcelo Srur.

En diciembre del año pasado, la jueza Yáñez dispuso el procesamiento de dos contraalmirantes y cuatro capitanes de navío por el siniestro que se llevó la vida de los 44 tripulantes. La magistrada, confirmada ahora por la Cámara al frente de la investigación, acusó como máximo responsable al ex comandante de adiestramiento y alistamiento naval contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien no se asesoró debidamente ni se ocupó personalmente de verificar el estado de la nave en forma previa a la realización de un ejercicio naval combinado de gran envergadura.


La lista de oficiales navales procesados en primera instancia incluye al capitán de navío Claudio Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos; el contraalmirante Luis Malchiodi, ex jefe de mantenimiento y arsenales; el capitán de navío Hector Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, ex jefe de departamento de operaciones de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, ex jefe del departamento logística de la fuerza submarina. Se los acusa de “estrago culposo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio”.

El fallo de primera instancia fue apelado por los abogados querellantes, quienes impugnaron las calificaciones legales y la desvinculación del ex presidente Macri, del ex ministro de Defensa y del entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur.

Esa misma querella había imputado a Macri, Aguad y diez altos mando de la Armada. “La jueza Yáñez solo citó a siete (seis fueron procesados y uno sobreseído), y dedicó un capítulo para exculpar a Macri y Aguad. Para hacerlo, introduce la imputación nuestra. Ahora es nuestra oportunidad de apelar también ese tramo de la resolución”, dijo Carreras a Infobae antes de la audiencia ante la Cámara.

Graves sospechas contra Macri

Esta semana, un excomandate chileno lanzó una gravísima acusación contra el gobierno argentino de Mauricio Macri por el submarino ARA San Juan: asegura que ese país dio con el submarino 11 días después de su hundimiento. Por ello, la abogada Valeria Carreras, representante de la querella mayoritaria de familiares de tripulantes del ARA San Juan, amplió hoy la denuncia contra el expresidente Macri y el exministro de Defensa Oscar Aguad y aportó esta nota periodística en la que este militar hace la confesión.


La letrada solicitó también que se cite como testigo al jefe de la Armada, Julio Horacio Guardia, quien la semana pasada contó cómo fue el año de búsqueda del submarino Ara San Juan, al brindar un discurso durante el acto de homenaje a las víctimas a tres años del hundimiento.

Existe la sospecha entre quienes siguen la causa de que el gobierno de Mauricio Macri pudo haber estado interesado en dejar de lado el dato aportado por Chile para contratar igual a una empresa estadounidense que se dedicara a la búsqueda del submarino. La abogada Carreras pidió además la declaración testimonial del contraalmirante Guardia para que de detalles sobre el discurso que leyó en el homenaje a las víctimas del hundimiento, tras entender que de esa exposición pueden surgir elementos que indiquen cómo se desplegó el encubrimiento.

Antes de disponer las primeras medidas, los investigadores solicitaron certificar al menos dos expedientes (uno que tramita en Comodoro Py y otro en Caleta Olivia, Santa Cruz) a los efectos de determinar su corresponde que la denuncia tramite ante el juzgado federal 12 de la Ciudad de Buenos Aires o debe ser enviada a otro juzgado.






Viernes, 20 de noviembre de 2020