Si bien la situación procesal del técnico informático no cambia y continúa imputado como sospechoso por la muerte del fiscal, la decisión de reducir la vigilancia sobre Lagomarsino revela que en casi seis años de investigación no se halló ninguna prueba que lo vincule con el supuesto comando asesino, de cuya exisencia tampoco hay evidencia alguna. Ni la fiscalía ni la querella de la madre de Nisman se opusieron a la decisión del juez Julián Ercolini.

El juez federal Julián Ercolini dispuso que se le saque la tobillera electrónica a Diego Lagomarsino, imputado por integrar, supuestamente, un comando que habría asesinado a Alberto Nisman en su departamento de Puerto Madero en 2015. La decisión, que fue avalada por el fiscal Eduardo Taiano y hasta por el abogado Pablo Lanusse, el ultramacrista representante de la madre de Nisman, es un síntoma notorio de que en casi seis años de investigación no pudieron encontrar una sola prueba que vincule al técnico informático con un comando y, en realidad, tampoco encontraron evidencia alguna de la existencia misma de tal comando. La situación procesal de Lagomarsino no cambia, pero es evidente que no piensan en la existencia de un peligro de fuga y no creen que se pueda obtener algún indicio que agrave la acusación. Transcurridos 69 meses de la muerte del fiscal, en el expediente y ahora también en la sociedad sobrevuela la certeza de que Nisman se suicidó.

Como se sabe, las tobilleras electrónicas son manejadas por el Servicio Penitenciario Federal y constituyen una manera morigerada de restricción de la libertad. En el caso de Lagomarsino, el sistema disparaba una alarma cuando el técnico se acercaba a Aeroparque o incluso a Puerto Madero, por ser supuestamente vías de escape. También sonaba la alerta ante un alejamiento a más de 100 kilómetros. Para quien la lleva, significa, sin dudas, una mejora respecto de la posibilidad de estar en una cárcel, pero implica no poder ir ni a una pileta ni a una playa porque nadie quiere exhibir que tiene una tobillera electrónica puesta y es igualmente una marca que se lleva incluso frente a la propia familia. Está claro que tiene costos emocionales fuertes, según reconoció el juez.

Los abogados del técnico informático, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, pidieron que se retire la tobillera en base a una larga serie de razones, entre ellas el transcurso del tiempo --Lagomarsino tiene puesto el dispositivo desde noviembre de 2017--, por lo que es más que el tiempo razonable en una causa judicial respecto de medidas restrictivas. Además, siempre estuvo a derecho, incluso entre el 18 de enero de 2015, cuando murió Nisman, y el 7 de noviembre de 2017, momento en que le pusieron la tobillera.

Un dato importante es que frente al pedido de Rusconi-Palmeiro, el fiscal manifestó su acuerdo y lo propio hizo Pablo Lanusse, que representa a Sara Garfunkel, la madre de Nisman. Ya se sabe que la otra querella, que encarnaba la jueza Sandra Arroyo Salgado en representación de las dos hijas del fiscal fallecido, se retiró del expediente. Tanto Taiano como Lanusse siguen impulsando la hipótesis de que Nisman fue asesinado por un comando del que no pudieron individualizar, en seis años, ni a uno solo de los integrantes. Tampoco lograron armar una idea de cómo el supuesto comando entró al edificio, al departamento cerrado por dentro y cómo pudieron haber ingresado y salido, sin dejar ningún rastro, los tres sicarios que, según esa versión, estuvieron en el baño al momento del disparo. Pese a la precariedad de evidencias, el juez Ercolini mantuvo la imputación en base a un peritaje trucho armado por la Gendarmería bajo el mando de Patricia Bullrich.

Respecto de Lagomarsino, en los 69 meses transcurridos desde la muerte de Nisman no encontraron vinculaciones ni llamadas extrañas del informático con ninguna persona que pudiera ser sospechosa. Es más, lo que ocurrió es que se confirmó todo lo que dijo en la mañana siguiente al hallazgo del cuerpo y a esta altura está clarísimo que Nisman estaba con vida después que Lagomarsino se retiró de las torres Le Parc, pasadas las 20 del sábado 17 de enero de 2015. El fiscal habló con dos periodistas y un custodio cerca de las 21. De manera que está probado que Lagomarsino no estaba en el departamento a la hora de la muerte, que el delirante peritaje de la Gendarmería estableció a las 2.46 de la madrugada del domingo 18. Es el único peritaje de la historia mundial en determinar el minuto exacto de un deceso, lo que en verdad constituyó un papelón científico internacional. Hasta el momento el fiscal y el juez eludieron citar a los gendarmes responsables del estudio forense para que declaren bajo juramento, algo que redondearía el falso testimonio agravado. En cualquier caso, Lagomarsino estaba en su casa a las 2.46 de la madrugada, como lo prueban las cámaras del complejo en el que vive.

De ahora en adelante, Lagomarsino deberá seguir con la custodia que tiene desde el primer día. Es que para la Justicia existe el peligro de que los otros integrantes del (inexistente) comando lo quieran matar para silenciarlo, aún transcurridos seis años. A esto se agrega que no puede alejarse de su vivienda por más de 24 horas y tampoco desplazarse a más de 100 kilómetros sin pedir autorización en el juzgado. No está claro cuánto tiempo más existirán estas restricciones, porque en la actual situación ni el juez ni el fiscal encuentran una salida al caso. Elevar la causa a juicio oral carece de sentido porque la inexistencia de pruebas muestra que el expediente es la nada misma. Un juicio sólo exhibiría las maniobras que hizo el aparato judicial-mediático-político para usar la muerte de Nisman contra el peronismo.

Miércoles, 28 de octubre de 2020