El gobierno chileno y el cuerpo de Carabineros salieron a rechazar el informe que Amnistía Internacional publicó el miércoles denunciando "graves violaciones a los derechos humanos" durante la represión a las protestas que estallaron el 18 de octubre del año pasado.

El ministerio de Justicia negó que la fuerza policial tenga una "política premeditada" de uso de la fuerza contra los manifestantes, mientras que Carabineros señaló que las operaciones antidisturbios se realizaron de manera legal, y que el reporte presentado por Amnistía contiene "una serie de imprecisiones y omisiones". El caso más reciente de uso excesivo de la fuerza policial tuvo lugar el viernes dos de octubre, cuando el oficial Sebastián Zamora arrojó a un joven menor de edad desde un puente al río Mapocho durante una manifestación. La semana pasada, el presidente Sebastián Piñera convocó a una comisión especial integrada por expertos independientes, que en un plazo de 90 días deberán presentar una propuesta de reforma estructural de Carabineros.


A través de un comunicado, Carabineros señaló que "el informe de Amnistía Internacional da por probadas algunas denuncias graves en contra de determinados carabineros, pese a que éstas se encuentran actualmente siendo investigadas por el Ministerio Público y deberán ser juzgadas por los Tribunales de Justicia". El cuerpo de uniformados explicó que entre octubre de 2019 y marzo de este año se produjeron alrededor de 2.800 "eventos graves" con "episodios inéditos de extrema violencia", y que en ese contexto se esforzaron por abordar esos desórdenes "en cumplimiento del mandato constitucional y pleno apego a las leyes vigentes".


En tanto, el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile planteó que analizará el reporte de Amnistía aunque lamentó su contenido y considera que omite la actuación e investigación de otros órganos del gobierno chileno. Reiteraron "con fuerza" que "no ha existido por parte de Carabineros una práctica o política premeditada o generalizada de uso de la fuerza con el fin o la intención de castigar a las personas manifestantes, como supone el informe".

Ojos sobre Chile
Según el documento de Amnistía Internacional titulado "Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social", entre el 18 de octubre y el 20 de noviembre se registraron 347 lesiones graves causadas por disparos de escopetas o bombas lacrimógenas, municiones contrarias al estándar internacional sobre uso de la fuerza. La ONG advirtió que las violaciones a los derechos humanos se siguen registrando hasta la actualidad.

Amnistía denunció la "impunidad" en el accionar policial y la displicencia por parte de los altos mandos. A pesar de que existía un informe interno de Carabineros que mostraba la peligrosidad de los balines antidisturbios como herramienta para dispersar marchas y de las alertas de diversos organismos de derechos humanos, la institución nunca llegó a prohibirlos y tardó más de un mes en limitar su uso.


"Los mandos estratégicos de Carabineros permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos en contra de manifestantes por considerarlo un mal necesario para lograr dispersarles a toda costa", dijo la directora para las Américas de AI, Érika Guevara, durante la presentación del informe. "Lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia, los actos de violencia se habrían cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social", sentenció Guevara en una videoconferencia.

"No es Venezuela, es Chile"
A días de cumplirse un año del inicio del estallido social, la oposición chilena criticó al gobierno por no seguir las recomendaciones de distintas organizaciones en relación a la represión de las protestas. "Todos los informes internacionales, como el de Amnistía, han denunciado graves atropellos a los derechos humanos en Chile, post 18 de octubre. Y el gobierno no ha seguido la mayoría de las recomendaciones que esas organizaciones han realizado, incluyendo una reforma profunda de Carabineros", argumentó Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia, en declaraciones recogidas por el portal de noticias Emol.


Por su parte Catalina Pérez, diputada y presidenta de Revolución Democrática, comentó que el informe "es brutal y concluye que agentes de Carabineros violaron de forma generalizada los derechos humanos de manifestantes bajo la complicidad de altos mandos". Pérez se preguntó además: "¿Cuántos informes internacionales, cuántas vidas y mutilaciones hacen falta para que este gobierno logre dimensionar el dolor y sufrimiento que ha causado su política represiva?".

Por último la diputada del Partido Comunista y una de las principales figuras del movimiento estudiantil que cobró una gran fuerza en 2011, Camila Vallejo, aseguró en su cuenta de Twitter: "No es Venezuela, es Chile. Son los compatriotas a los que nos debemos todos los políticos y que están siendo víctimas de violaciones a los derechos humanos. ¿Quiénes serán los que callen ahora?".


La revuelta explotó el 18 de octubre de 2019 luego de un aumento en el precio del subte de Santiago, la capital chilena. Pronto se convirtió en una amplia movilización social en contra de las desigualdades y el gobierno del derechista Sebastián Piñera, dejando al menos 30 muertos y miles de heridos y detenidos tras semanas de protestas. Según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 460 personas sufrieron graves heridas en sus ojos por disparos de los agentes antidisturbios. Las marchas se suspendieron al inicio de la pandemia para respetar las medidas sanitarias, pero en las últimas semanas el pueblo chileno volvió a copar las calles.

Viernes, 16 de octubre de 2020