Entre las compañías denunciadas están, además de Volkswagen, Johnson & Johnson, Esso, Pirelli, Texaco, Pfizer y Souza Cruz. La automotriz alemana tiene una larga historia de imputaciones por violaciones a los Derechos Humanos desde el nazismo hasta hoy.

Un acuerdo inédito, arrancado a la filial brasileña de Volkswagen por sus ex trabajadores – víctimas de la dictadura y de la propia empresa entre 1964 y 1985 – descoloca al presidente Jair Bolsonaro que reivindica desde siempre al régimen militar. La automotriz admitió su complicidad en la persecución, secuestro y torturas a empleados de su planta en São Bernardo do Campo, en las afueras de San Pablo y firmó un acuerdo para indemnizarlos por 36 millones de reales (unos 6,4 millones de dólares). El hecho adquirió un peso simbólico muy fuerte en el país de la región que menos progresó en políticas de memoria, verdad y justicia. La razón es obvia: sigue vigente la Ley de Amnistía de 1979 que impide juzgar a los responsables del Terrorismo de Estado. El convenio tiene su contraparte para la multinacional alemana. Se cerrarán tres demandas civiles contra ella y cualquier eventual juicio que se le entablara en el futuro no prosperaría. La medida que tomó la compañía puede ser un precedente para que otras empresas involucradas en el golpe de Estado de hace 56 años – la Comisión de la Verdad de 2014 estableció que hubo unas 53 – sean llevadas a la Justicia también.

“Estamos celebrando este acuerdo porque cambia una página importante de la historia y se da en un momento político de tinieblas por el que pasa Brasil”, señaló Tarcisio Tadeu García Pereira, presidente de la Asociación Heinrich Plagge en diálogo con Efe. Esa organización que representa a las víctimas de la dictadura y de la propia Volkswagen recibirá 3 millones de dólares del total de la indemnización. Lleva ese nombre por un ex trabajador que falleció el 7 de marzo de 2018. Activista sindical y profesional técnico con doce años en VW, terminó en las salas de tortura del DOPS (Departamento de Orden Político y Social). “Alrededor de las dos de la tarde del 8 de agosto de 1972, Plagge fue llamado a la oficina del director Ruy Luiz Giometti, donde dos desconocidos ya lo esperaban para ser arrestado. Lo llevaron al DOPS, donde fue torturado durante treinta días y luego trasladado a la prisión de Tiradentes”, se explica su historia en el libro Empresas alemanas en Brasil: el 7 × 1 en la economía, del periodista germano Christian Russau. Una investigación sobre las relaciones comerciales entre los dos paises.

Además del dinero que cobrará la Heinrich Plagge, dos millones de dólares se destinarán a reforzar las políticas de Justicia Transicional, con proyectos para preservar la memoria de las víctimas y el resto - 1,6 millones de dólares – lo percibirá el llamado Fondo Federal y Estatal para la Defensa y Reparación de Derechos Difusos (FDD). Crítico del convenio porque sostiene que es limitado y beneficioso para la empresa, Jair Krischke, del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, le dijo a Página/12: “El acuerdo firmado se queda corto con lo negociado en los últimos cinco años. Corre el riesgo de rebajar el nivel de reparaciones que se requerirán en nuevas iniciativas para responsabilizar a las empresas por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura”.

Entre las compañías denunciadas están, además de Volkswagen, Johnson & Johnson, Esso, Pirelli, Texaco, Pfizer y Souza Cruz. La automotriz alemana tiene una larga historia de imputaciones por violaciones a los Derechos Humanos desde el nazismo hasta hoy. Sobrevivientes del holocausto la demandaron en 1998 junto a miles de empresas alemanas y austríacas por trabajos forzados y sometimiento a la esclavitud en sus diferentes plantas de Europa. En el libro Volkswagen y sus trabajadores durante el Tercer Reich, se publicaron fotos de jóvenes mujeres, sobre todo de la ex Unión Soviética y Polonia, realizando sus tareas descalzas en pleno invierno. En ese trabajo se denunció que hubo unos 16 mil prisioneros de guerra que se desempeñaron en condiciones infrahumanas en VW, fundada en 1937 durante el Tercer Reich e instalada en Brasil el 23 de marzo de 1953.

La multinacional se refirió al acuerdo conseguido la semana pasada y del que participaron la Fiscalía federal y estatal y el Ministerio de Trabajo. Hiltrud Werner, una ejecutiva de VW, comentó: “Lamentamos los atropellos contra los derechos humanos del pasado. Para Volkswagen es importante asumir la responsabilidad de ese capítulo negativo en la historia de Brasil y promover la transparencia”. Lo que firmó la empresa se conoce jurídicamente como Término de Ajuste de Conducta (TAC) y la obliga además a publicar una solicitada en los medios. Ahora falta que lo ratifique la Procuraduría General de la República (PGR). Sobre el procedimiento, los fiscales dijeron en un comunicado de prensa que “es inédito en la historia de Brasil” y agregaron que se trata de un hecho que “tiene una importancia enorme para la promoción de la Justicia de la transición en Brasil y el mundo”.

También es inusual la investigación que le encargó la propia compañía al historiador alemán Christopher Kopper, un profesor de la Universidad de Bielefeld. Cuando se divulgó su trabajo hace tres años, un dato clave que arrojó fue cómo VW colaboró con la DOPS y puso su personal de Seguridad a perseguir trabajadores como Heinrich Plagge entre 1969 y 1979. Estos últimos habían iniciado la demanda en 2015 que motivó la contratación de Kopper por la automotriz para que hiciera su informe de 126 páginas en una replica muy rápida a las denuncias que recibía.


Krischke señala que “quienes acompañaron la investigación, presentaron la documentación, reunieron testigos y lucharon por el desarrollo del caso no fueron escuchados. Esto fue posible por el producto de la enorme presión de muchas personas y el trabajo continuo de años. Además se impuso la confidencialidad sobre los términos del acuerdo. Ni siquiera se les informó de la fecha en que se firmaría el TAC”.

La multinacional que a nivel regional conduce el argentino Pablo Di Si, un ex futbolista de Huracán que se formó en Estados Unidos – es graduado de Harvard Business School- intenta este enjabonado y lavado de imagen mientras en Brasil despide trabajadores. “Tenemos una excedencia que corresponde a un turno en cada fábrica. Son medidas muy duras, que van a impactar directamente en nuestra fuerza de trabajo, en todas las localidades”, explicó el CEO en una comunicación interna que publicó hace unos días el diario Ambito Financiero. En el país vecino, VW tiene unos diez mil empleados distribuidos en cuatro plantas. Es el mismo Brasil que en 2016, cuando la empresa le encargaba la investigación al profesor Kopper, tenía un diputado que decía: “El error de la dictadura fue torturar y no matar”. Hoy es el presidente de la república y sigue justificando al terrorismo de Estado que con la colaboración de Wolkswagen Brasil persiguió, torturó y encarceló a sus trabajadores.

Viernes, 2 de octubre de 2020