La Cámara de Casación pidió lo que no existe ni existirá: la grabación de las declaraciones de los arrepentidos en la causa de las fotocopias de los Cuadernos. Para colmo se viene una especie de Gran Bonete. Casación se lo pidió al juzgado que era del fallecido Claudio Bonadio y que ahora está a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.

Este magistrado le mandó este lunes un escrito a Carlos Stornelli que fue el que arregló con cada uno de los arrepentidos. El fiscal inevitablemente contestará que nada se grabó como indica la ley, pero que Bonadio estuvo de acuerdo en que no era necesario porque, como siempre se supo, aplicaba el Código Bonadio. La pelota quedará en la cancha de Casación en una causa en la que, además, se dijo que los cuadernos se quemaron y luego la mayoría apareció intacto. Ni siquiera hay una pericia sobre la escritura que se adjudica al chofer Oscar Centeno que mintió con un relato falso sobre el asado que dijo que hicieron con los cuadernos. La locura política de Bonadio, Stornelli y gran parte de la estructura de Comodoro Py produjo desastres jurídicos de esta calaña, lo que arruinó lo que podía haber sido una investigación seria sobre la cartelización de la obra pública, los aportes a las campañas electorales y también la coima que habría cobrado algún funcionario como José López, por ejemplo, ya condenado por los bolsos en el convento.

La ley
La llamada ley del arrepentido ordena, en su artículo 6, que "las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice una evaluación posterior".



El texto es claro en que se necesita más que la declaración firmada por el arrepentido: debe grabarse. El espíritu es que el fiscal está haciendo un acuerdo con alguien que cometió delitos y por lo tanto hay que despejar las dudas sobre una coacción. Sería el equivalente a despejar las dudas sobre una confesión bajo tortura.

La camarista de Casación, Ana María Figueroa, viene insistiendo en que debían pedirse esas grabaciones y, además, desde hace un año afirma que no puede aplicarse la ley del arrepentido porque su sanción para casos de corrupción -en octubre de 2016- fue posterior a los hechos denunciados en las fotocopias.

De todas maneras, en la audiencia realizada la semana pasada, distintos letrados pidieron la nulidad de las declaraciones de los 31 arrepentidos.Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, defensores de Julio De Vido; Eduardo Barcesat, abogado de Gerardo Ferreyra, Laura Fechino, representante de un funcionario de Planificación, Hernán Gómez,y Marcelo Mónaco letrado del empresario Juan Carlos Lascurain plantearon , justamente, la inconstitucionalidad de la ley porque no puede aplicarse en forma retroactiva y también la nulidad porque no hay ningún tipo de registro de las declaraciones.

El oficio
En la oficina de Stornelli se recibió este lunes el escrito firmado por Martínez de Giorgi trasladándole el pedido de la Casación: que se entregue copia de la grabación de las declaraciones. Como es obvio, no existen.

Todo indica que el fiscal contestará con alguno de los argumentos que esbozó Bonadio en su momento.

*Que no es necesaria la grabación porque es suficiente la declaración por escrito, firmada. Eso es violatorio de lo que dice explícitamente la ley.

*Que las nulidades sólo las pueden pedir los propios arrepentidos, una idea descabellada porque justamente los perjudicados por esas declaraciones son los que tienen derecho a objetarlas si no se hicieron como correspondía.

El ejemplo contrario se pudo ver en Dolores, en que el juez Alejo Ramos Padilla estuvo firme en que las audiencias con los posibles arrepentidos -incluyendo a Marcelo D'Alessio- debían grabarse, algo que concretó el fiscal Juan Pablo Curi.

Las decisiones
Ante lo que parece una respuesta cantada -que no existen las grabaciones-, la Sala I de Casación, integrada por Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, deberá resolver si mantiene la validez o nulifica esas declaraciones.

En caso de nulidad, quedan para sostener la acusación el resto de las pruebas del expediente. Pero también eso es un tembladeral, empezando por los propios cuadernos.


Como se sabe, la sospecha se instaló desde un principio con el razonamiento de que el chofer Oscar Centeno "habla como un jugador de fútbol y escribe como García Márquez". Pero lo más serio es que declaró que pusieron los cuadernos en una parrilla para quemarlos y de la forma más insólita, un personaje anónimo, se los entregó al periodista de La Nación Diego Cabot, en una esquina de Nuñez al anochecer. El dato llamativo es que de los ocho cuadernos aparecieron seis. Faltaron el tres y el cinco, justito el primer cuaderno en que cambió el estilo, porque al principio sólo se registraba "fui de tal lado a tal otro lado", para cobrar luego como un remise, y a partir del tres empiezaron a aparecer textos sobre el dinero. El cuaderno 5 tiene los supuestos pagos de Techint relacionados con su filial de Venezuela. En la aparición de los cuadernos, lLa mezcla entre medios, justicia y servicios de inteligencia pareció aflorar una vez más.

Un ingrediente que parece esencial, las pericias, también está pendiente. Es obvio que debió determinarse todo lo referido a la letra del chofer, al origen de las fotocopias y los originales y una larga serie de elementos técnicos casi elementales. Bonadío elevó el expediente a juicio oral sin haber concretado una medida que parece la base de cualquier investigación.

Los peligros
Como se ve, el expediente de las fotocopias de los cuadernos fue convertido en una sucesión de irregularidades e ilegalidades. A dos de los protagonistas -José López y Daniel Muñoz- se le encontraron millones de dólares inexplicables, pero eso sucedió en causas anteriores: la de los bolsos arrojados en el convento de General Rodríguez y un expediente previo sobre Muñoz, a raíz de sociedades que aparecieron en Panamá Papers, lo que recién después se vinculó con las fotocopias. A ningún otro funcionario se le detectaron ni sociedades ni cuentas ocultas. También existía una sospecha sobre la cartelización de la obra pública, un supuesto entramado de constructoras que se repartían las licitaciones. Pero nada se pudo investigar como corresponde porque al dúo Bonadío-Stornelli sólo le importó el atropello político de la oposición y el alineamiento con el macrismo. Las maniobras fueron dejadas correr durante más de un año y ahora existe un paquete, armado ilegalmente por la coalición judicial-política-mediática relacionada con Cambiemos, que no está claro cómo se va a desatar.

Martes, 29 de septiembre de 2020