Además los jueces pidieron que tanto al expresidente como a su vice Jorge Glas se les quite las pensiones vitalicias. "Nos estamos enfrentando a un proceso de venganza a través de la función judicial", dijo Fausto Jarrin abogado de Correa.

La Justicia de Ecuador ordenó la localización y captura del expresidente Rafael Correa. Hace dos semanas un Tribunal de Casación había ratificado la condena en segunda instancia contra el exmandatario y otros funcionarios de su gobierno. Ahora el Tribunal Penal pidió que se cursen los oficios a las autoridades policiales para avanzar en las detenciones correspondientes. Además los jueces pidieron que tanto al expresidente como a su vice Jorge Glas se les quite las pensiones vitalicias que les correspondían como exmiembros del Ejecutivo. El expresidente criticó la decisión de la Justicia. "El #CasoSobornos es una gran charada. Imposible en un Estado de Derecho. NUNCA han existido ´sobornos´," twiteó.

Fausto Jarrin, abogado de Correa, denunció que esa medida no estaba en la sentencia original. “Cuando ya se sabía que los iban a condenar prepararon esta norma para seguir humillándolos y ahora la agregaron a la sentencia", sostuvo el abogado.


"Ruptura del Estado de derecho"
El Tribunal pidió llevar a cabo las detenciones dos semanas después de que la última instancia judicial ratificarse las sentencias del caso “Sobornos 2012-2016”. “Se dispone que por Secretaría -en el transcurso de este día- se cursen los oficios correspondientes, tanto al Comandante General de Policía, como al Jefe de la Policía Judicial, para su inmediata localización y captura”, pidieron los jueces. Correa y Glas habían sido sentenciados a ocho años de cárcel por “cohecho agravado”. La Justicia estableció que ambos recibieron sobornos a cambio de contratos con diversas empresas, entre ellas Odebrecht. Junto a ellos también deberán cumplir sentencia exfuncionarios del correísmo que estuvo en poder entre 2007 y 2017. El primero en ser detenido durante la jornada del jueves fue Alexis Mera, exsecretario Jurídico de la Presidencia. Mera había sido declarado coautor del delito de cohecho.


La orden emitida por el Tribunal detalló que sigue vigente la pérdida de los derechos de participación política de todos los condenados por un tiempo igual al de su sentencia. Es decir que Correa no podrá ocupar cargos públicos por ocho años. El abogado del exmandatario dijo que con seguridad el gobierno ecuatoriano pedirá la colaboración de Interpol para detenerlo, ya que el expresidente vive desde 2017 en Bélgica. “Esperamos que eso suceda. Pero entiendo que Interpol va a negar su colaboración por que a ojos de todos está clara la perversidad de todo este proceso”, sostuvo el letrado. Además mencionó que ya en otras ocasiones el organismo internacional se había negado a colaborar con el país. “Interpol ha negado alertas rojas del Ecuador absolutamente en todos los casos de políticos ligados al correísmo. Y en algunas de ellas planteó que se violentaron derechos humanos durante los procesos judiciales. Seguramente se va a replicar esa decisión en un caso tan manoseado como es ´Sobornos´”, sostuvo Jarrín.

A su vez el tribunal agregó a la sentencia original que tanto Correa como Glas deben dejar de percibir sus pensiones vitalicias. Esta disposición tiene su origen en la aprobación de la Ley Humanitaria por parte de la Asamblea ecuatoriana en junio pasado. Los legisladores habían dispuesto que se quitara las pensiones a exmandatarios que hubieran sido sentenciados por cohecho, entre otras figuras legales. Para Jarrin se trató de una normativa hecha a medida de los exmandatarios del correísmo. “Esta ley fue posterior a la sentencia de primera instancia del caso Sobornos, en abril de este año. Están aplicando retroactivamente una norma que no había formado parte ni de la sentencia de apelación, ni de la sentencia de casación. Es muy grave y expresa una ruptura absoluta del Estado de derecho”, sostuvo el abogado.

La resolución del Tribunal también pidió que se lleven a cabo las “medidas reparatorias” que formaban parte de la sentencia original. Los condenados deberán realizar una disculpa pública en la Plaza de la Independencia en Quito. Además deberá colocarse una placa en el Palacio Carondelet, la casa de Gobierno ecuatoriana, con la siguiente inscripción: "Los recursos públicos deben ser siempre administrados honradamente, el servicio público no es otra cosa que un servicio a la comunidad, con sujeción a los principios de la ética". El texto deberá ser escrito en español y quichua. Todavía resta que se fije el día y la hora para llevar a cabo las medidas.

Ante esta decisiones el jueves a la tarde organizaciones sociales ligadas al correísmo llamaron a una marcha en “Defensa de la Democracia”. Jarrin explicó que pese a la pandemia decidieron dar lugar a la convocatoria para prevenir posibles incidentes. “En las manifestaciones del año pasado ya hemos visto de lo que es capaz el gobierno de Lenín Moreno. Por eso decidimos intervenir y darle orden a esta marcha para que sea un evento pacífico y sin violencia”, sostuvo el abogado.

Viernes, 25 de septiembre de 2020