Designan el tribunal para juzgar a Carlos Vicente Soto Dávila, el exjuez acusado de cobrar coimas de los narcos. Fue juez federal de Corrientes con competencia electoral y penal durante casi 23 años hasta su renuncia, en febrero de 2019, en medio de una megacausa en su contra.

Ahora, Carlos Soto Dávila deberá sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgado como presunto jefe de una organización “dedicada a realizar diversas maniobras de corte delictivo, tendientes a perturbar la correcta administración de Justicia y a garantizar la impunidad de diferentes sujetos vinculados con maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes“.
En su dimisión el exmagistrado alegó “razones personales”.
El viernes pasado, tras un sorteo, se determinó que el debate donde serán juzgados Soto Dávila y otros ocho acusados -entre ellos, dos funcionarios judiciales, un exintendente y abogados- estará a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) porteño Nº5, integrado por los magistrados Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grunberg. El Ministerio Público Fiscal estará representado en las audiencias por Diego Velasco.
Pero como el TOF Porteño Nº3, integrado por Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Pelloni, está juzgando actualmente a los supuestos capos narcos presuntamente beneficiados por la organización atribuida a Soto Dávila, el TOF Nº5 podría declararse incompetente, según explicaron a LA NACION fuentes judiciales.
La elevación a juicio para Soto Dávila, sus exsecretarios Pablo Molina y Federico Grau, el exintendente de Empedrado Juan Manuel Faraone, y los abogados Duylio Barboza Galeano, Tomás Viglione, Jorge Vallejos, Omar Serial y Gregorio Giménez, fue firmada por el juez federal Sebastián Casanello tras la requisitoria presentada en septiembre del año pasado por el fiscal Carlos Stornelli y su colega Diego Iglesias, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).
“Los imputados coordinaron sus acciones para que en las causas o asuntos sometidos a la competencia del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, por entonces a cargo de Soto Dávila, y secretarías N°2 conducida por Molina, y N°6 por Grau, fueran dictadas resoluciones o se omitieran o demoren las que debían adoptarse con la finalidad de beneficiar a las personas sospechadas de haber intervenido en actividades de narcotráfico, a cambio de la percepción de dádivas o cualquier otro tipo de beneficio o promesa indebida de su parte, con la intermediación de los abogados Viglione, Vallejos, Barboza Galeano y Giménez, como así también del abogado Serial y del exintendente Faraone, integrantes de esas organizaciones narcocriminales”, afirmaron Stornelli e Iglesias en su pedido de elevación a juicio. Según ese dictamen dieron por hecho que la organización criminal habría operado entre 2010 y el 5 de diciembre de 2018.
La causa que investigaron Stornelli e Iglesias puso al descubierto los vínculos de clanes dedicados al narcotráfico con el poder político y el judicial, además de relaciones con fuerzas de seguridad en Corrientes, en especial, en la ciudad de Itatí, puerta de entrada de la marihuana en la Argentina.

ESCUCHAS
Entre las pruebas contra los sospechosos se tuvieron en cuenta escuchas surgidas de intervenciones telefónicas, donde uno de los presuntos capos narcos, Federico Marín, conocido por el apodo de Morenita, conversa con Miriam Almirón, la esposa de uno de sus lugartenientes detenido, y hablan del dinero que debían pagar en el juzgado para que liberaran al imputado.
El 22 de diciembre de 2015, Almirón le envió a las 17:45 un SMS a Marín, el jefe de la banda, donde confirmó lo que habían conversado por teléfono sobre el “arreglo” con el abogado y el juez. “Solo queda pagarle a [Omar] Serial 30.000 pesos y 30.000 al juzgado. No te preocupes, Dani sale bajo caución”.
En diciembre pasado, el exintendente de Itatí Natividad “Roger” Terán, y quien había sido su vice, Fabio Aquino, recuperaron la libertad después de admitir su culpabilidad en un juicio abreviado ante el TOF N°3. Acordaron penas de tres años y tres años y ocho meses de prisión, respectivamente.

UN ESCANDALO
La llegada de esta causa a juicio oral amenaza con convertirse, según afirmó a La Nación, Aníbal Ibarra, el exjefe de gobierno porteño que ejerce la defensa técnica de Grau, “en un escándalo“.
“Lo único que sostiene este expediente es el acuerdo de la Procunar con el narco arrepentido Federico Marín. Este hombre, que fue jefe de una organización narco, se tiroteó con las fuerzas de seguridad y aunque estuvo prófugo no fue procesado en esta causa. Es una vergüenza que además le hayan dado prisión domiciliaria”, afirmó Ibarra, quien cuestionó, además, que en esta investigación “se usó un fragmento de la declaración que el arrepentido hizo en otro expediente”. Sostuvo el exjefe de gobierno porteño: “Nunca pudimos acceder a toda la declaración de Marín. Esto sirvió para ‘cargarse’ un juzgado, en consonancia entre la Procunar y [la exministra] Patricia Bullrich”.

SUAVEMENTE
Entre las pruebas contra Soto Dávila, los representantes del Ministerio Público Fiscal citaron como ejemplo una resolución por medio de la cual procesó a uno de los presuntos líderes narcos de Itatí, pero por un rol secundario.
“A Carlos Bareiro, Soto Dávila le concedió su exención de prisión bajo caución juratoria, a pesar de haber estado durante casi tres años sin someterse a proceso, y luego ordenó su procesamiento por un rol secundario, aun cuando las pruebas colectadas en la causa lo señalaban como el encargado de haber organizado el transporte de la marihuana que luego fue secuestrada en poder de su consorte de causa; no es más ni menos, como ya se dijo, que el jefe de una de las organizaciones narcocriminales más importantes de la zona de Itatí, conformada por distintos integrantes y con claros contactos en Paraguay”, afirmaron Stornelli e Iglesias.

Gabriel Di Nicola y Germán de los Santos

Jueves, 24 de septiembre de 2020