La declaración la hizo durante una pericia solicitada por su defensa. Pero ahora su abogada, Valeria Corbacho, pidió su nulidad. La escandalosa decisión de Bonadio de procesar a los 5 peritos que dijeron que los frenos andaban y tomar solo la opinión del que dijo que no. Los cinco primeros fueron absueltos y el último está procesado.

“Yo tengo responsabilidad, anulé el dispositivo, pero no lo hice a propósito, nunca imaginé que algo así podía ocurrir”. Con esta frase, el conductor del tren que chocó en la estación Once, Marcos Antonio Córdoba, reconoció durante una pericia psicológica a las licenciadas María Dolores Carbia y Silvia Blanco, que fue el responsable de lo ocurrido aquel 22 de febrero de 2012 porque desconectó el freno de emergencia, llamado freno hombre-muerto. Córdoba admitió su accionar como una forma de probar que está arrepentido y acceder a la libertad condicional. La causa por la tragedia de Once giró en torno de los frenos: si fallaron, la conclusión era que el tren estaba en malas condiciones y la culpa era de funcionarios y empresarios. Si los frenos funcionaban, la carga de la responsabilidad caía más en el maquinista. Las maniobras en el expediente que instruyó Claudio Bonadio fueron tan grotescas que los cinco peritos que dictaminaron que el tren frenaba fueron acusados de falso testimonio. Dos años más tarde terminaron absueltos. En cambio el único perito que dijo que los frenos fallaron, Juan Alfredo Brito, está ahora al borde del procesamiento por falso testimonio agravado.

El reconocimiento que hace Córdoba figura en dos páginas, la 39 y la 42 del escrito que presentó su abogada, Valeria Corbacho, pidiendo su libertad condicional. “Yo soy responsable de anular el dispositivo del hombre muerto. Eso no me impedía frenar el tren”, dijo Córdoba en la página 39. En realidad, justamente el hombre muerto está para el caso en que haya una falla: el conductor lo tiene apretado todo el tiempo y entonces cuando lo suelta -por ejemplo si se desvanece o muere- eso hace que el tren pare automáticamente. Al tenerlo desactivado, no hubo freno de última instancia. En la página 42, las profesionales le preguntan si es justa su detención. “No sé si es justa o no -respondió Córdoba-. Yo tengo responsabilidad. Anulé el dispositivo, pero no lo hice a propósito. Nunca imaginé que algo así podía ocurrir”.

Con ambas frases, el motorman admite que desactivó el freno. El reconocimiento lo hizo para dar cuenta de que está arrepentido, necesita reconstruir su vida porque ese recuerdo lo tortura y por lo tanto considera que es imperioso que deje la cárcel. De todas formas, la abogada Corbacho solicitó que se declare la nulidad del informe por considerar que se excedieron en su contenido, pese a que la conclusión de ese estudio fue a favor del detenido.

La querella de Menghini-Rey, que siempre fue durísima, se opuso recientemente a que se conceda la prisión domiciliaria de Córdoba con una frase significativa: “siendo el único responsable del estrago” consideraron bochornoso que el conductor pase sus dias en su domicilio. El fallo de la Casación que condenó a Córdoba, los funcionarios y empresarios, está todavía pendiente de un recurso ante la Corte Suprema. Más allá de la catástrofe que significaron los 51 muertos y los centenares de heridos, la causa fue utilizada contra el gobierno de Cristina Kirchner.

El arrepentimiento de Córdoba fue detectado por uno de los abogados de las víctimas, Gregorio Dalbon, en su momento escandalosamente apartado del juicio por los magistrados Jorge Tassara, ya fallecido; Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu. En las audiencias orales el debate se centró justamente en los frenos de la formación chapa 16. Fueron convocados seis peritos: cinco dictaminaron que el tren frenaba y solo Brito sostuvo que los frenos fallaron. Bonadio y los jueces del tribunal oral aceptaron lo que decía Brito y denunciaron a los demás -Raúl Díaz, Horacio Faggiani, Néstor Luzuriaga, Alejandro Leonetti y Julio Pastine- por falso testimonio. El Tribunal dispuso incluso el arresto de Leonetti.

El expediente contra los peritos fue insólitamente instruido también por Bonadio, en otra de las maniobras de Comodoro Py. Como es obvio, el fallecido magistrado los procesó, pero la Sala II de la Cámara Federal revocó su decisión, por supuesto muchísimo más tarde. Del otro lado, ahora el que está en la mira es Brito. Sucede que en un segundo juicio, en el que el acusado fue Julio De Vido, Brito terminó reconociendo errores de todo tipo: que evaluó mal los compresores, que los datos que introdujo en su programa eran equivocados, que tomó elementos del GPS que resultaron inexistentes y que hizo un supuesto estudio por su cuenta, fuera de las rees de peritos. Los jueces nunca confrontaron las conclusiones. Una maniobra más del caso. Hoy Brito es investigado por la fiscal Alejandra Mangano, aunque el juez de la causa es otro amigo de Cambiemos, Julián Ercolini.

Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, defensores de De Vido y del exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, hoy detenido, dieron a conocer un comunicado en el que sostienen que “el contenido de las declaraciones de Córdoba no asombran para nada a esta defensa, atento a que desde nuestra intervención en el segundo juicio de Once, pudimos demostrar sobradamente que el sistema de frenos del tren funcionaba en forma correcta y que el choque se produce como única consecuencia de la inacción -a título culposo o doloso– del motorman de la formación. Esto no hace más que confirmar la manipulación absoluta a la que se ha sometido la prueba en el presente caso”.

Córdoba fue condenado por conducción imprudente, porque estaba claro que desactivó el freno de hombre-muerto, entró a la estación a más del doble de la velocidad permitida, aplicó los frenos tarde, no usó la bocina ni hizo señales de ningún tipo. Pese a esas evidencias, que dan idea de que el motorman se durmió, se condenó a funcionarios y empresarios por estrago seguido de muerte cuando todo apunta a que la causa decisiva fue el accionar de Córdoba. Es más, hubo una grotesca demora y evaluación de la alcoholemia del motorman. Respecto de los funcionarios y empresarios correspondía que en todo caso se discutiera si hubo o no desmanejos en los dineros de la concesión del sistema ferroviario pero eso era muy distinto a la responsabilidad en las muertes. La cuestión de la administración de los trenes está en otro expediente que instruye el juez federal Sebastián Ramos.

Martes, 15 de septiembre de 2020