La Anses tiene en estudio el lanzamiento de una nueva moratoria jubilatoria, con el objetivo de permitir que personas que no cuentan con los 30 años de aportes puedan jubilarse. Fuentes del organismo que conduce Fernanda Raverta confirmaron a Infobae que el tema está en estudio.

"Hay que volver a poner al sistema previsional en el lugar en el que lo puso puntualmente el gobierno de Néstor y Cristina, donde quienes tienen los requisitos para jubilarse fácilmente lo puedan hacer sin hacer un trámite. Pero, quienes no tengan esos requisitos y esas condiciones, el Estado les genere las condiciones para poder tener sus derechos. Porque los derechos son de los ciudadanos y el Estado está obligado a garantizarlos construyendo condiciones”, había dicho Raverta en declaraciones radiales del 23 de agosto pasado, en las que se había referido a la medida.

Fuentes de Anses dijeron a este medio que la posibilidad de lanzar una moratoria que incluya a más personas en el beneficio jubilatorio está en análisis aunque no es una prioridad inmediata. Antes de esa iniciativa vienen la solución de las deudas de las provincias con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del organismo, tema que se trata mañana en el Congreso.

También la ley de movilidad jubilatoria que establezca un mecanismo de ajuste para los haberes. Y, por último, Y la salida del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en dirección a un programa de contención, capacitación y empleo.

El régimen continuó con la administración de Cambiemos pero sin modificar el año tope (2003) para regularizar los aportes por lo que una posible modificación sería el cambio del año para poder regularizar los aportes y puedan ingresar aquellos que no pudieron acceder a este beneficio

“Estamos pensando desde el organismo dar soluciones a problemas que necesariamente nos obligan a ser mejores. El tope de la moratoria alcanzó hasta el 2003 cubrir una necesidad. En los tiempos de crisis económicas, donde los empleadores no habían hecho oportunamente los aportes de sus trabajadores y trabajadoras, se tomó la decisión política de un gobierno que comprendía que tenían la edad y no por responsabilidad propia no habían tenido sus aportes pudieran el Estado garantizarlo a partir de una moratoria que, de alguna manera, ese mismo ciudadano lo va devolviendo al Estado y tiene la posibilidad de tener su jubilación”, había dicho Raverta el mes pasado a Radio 10.

“Si yo te digo qué aspiro y qué pienso del gobierno de Alberto y de Cristina es que sea un gobierno que vuelva a poner el trabajo en la centralidad, que vuelva a haber aportes y contribuciones para que nuestro organismo tenga ingresos suficientes para pagar jubilaciones dignas, volver a la idea de que nadie se salva solo y que vivimos en comunidad. Y vivir en comunidad significa que todos hacemos algo para desarrollarnos entre todos y todas. Y por eso la discusión es de no solamente un tope de hasta cuándo me reconocen los años que yo no aporté o que no me hicieron los aportes quienes correspondía que me los hicieran, sino obedece a una discusión de un modelo económico que vuelve a poner el trabajo como centro”, agregó.

Respecto de la moratoria anterior, lo que había establecido el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es que se puedan regularizar los aportes no ingresados hasta 2003 sin necesidad de contratar a un abogado o gestor.

El régimen continuó con la administración de Cambiemos pero sin modificar el año tope (2003) para regularizar los aportes por lo que se entiende que una posible modificación sería el cambio del año para poder regularizar los aportes para que puedan ingresar todos aquellos que no pudieron acceder a este beneficio.

Por otro lado, Raverta había dicho que tenían atrasos con los trámites jubilatorios ya que, según explicó en varias entrevista, cuando asumió en mayo pasado todas las oficinas de la Anses estaban cerradas y, aunque se fueron abriendo las dependencias, no se hizo en todo el país. Así fue que otorgamiento de jubilaciones que se tramitaron por Internet durante la pandemia están atrasadas.

“Fuimos abriendo provincia por provincia, ciudad por ciudad, Área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y cuando abrimos el stock de pedidos que había quedado, cuando llamamos para retornar, fue más importante que en otros lugares donde hubo más tiempo de espera, por eso en AMBA y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se está returnando a los que ya teníamos”.

Respecto de la moratoria anterior, lo que había establecido el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es que se puedan regularizar los aportes no ingresados hasta 2003 sin necesidad de contratar a un abogado o gestor.

El régimen continuó con la administración de Cambiemos pero sin modificar el año tope (2003) para regularizar los aportes por lo que se entiende que una posible modificación sería el cambio del año para poder regularizar los aportes para que puedan ingresar todos aquellos que no pudieron acceder a este beneficio.

Por otro lado, Raverta había dicho que tenían atrasos con los trámites jubilatorios ya que, según explicó en varias entrevista, cuando asumió en mayo pasado todas las oficinas de la Anses estaban cerradas y, aunque se fueron abriendo las dependencias, no se hizo en todo el país. Así fue que otorgamiento de jubilaciones que se tramitaron por Internet durante la pandemia están atrasadas.

“Fuimos abriendo provincia por provincia, ciudad por ciudad, Área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y cuando abrimos el stock de pedidos que había quedado, cuando llamamos para retornar, fue más importante que en otros lugares donde hubo más tiempo de espera, por eso en AMBA y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se está returnando a los que ya teníamos”.

Respecto de la moratoria anterior, lo que había establecido el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es que se puedan regularizar los aportes no ingresados hasta 2003 sin necesidad de contratar a un abogado o gestor.

El régimen continuó con la administración de Cambiemos pero sin modificar el año tope (2003) para regularizar los aportes por lo que se entiende que una posible modificación sería el cambio del año para poder regularizar los aportes para que puedan ingresar todos aquellos que no pudieron acceder a este beneficio.

Por otro lado, Raverta había dicho que tenían atrasos con los trámites jubilatorios ya que, según explicó en varias entrevista, cuando asumió en mayo pasado todas las oficinas de la Anses estaban cerradas y, aunque se fueron abriendo las dependencias, no se hizo en todo el país. Así fue que otorgamiento de jubilaciones que se tramitaron por Internet durante la pandemia están atrasadas.

“Fuimos abriendo provincia por provincia, ciudad por ciudad, Área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y cuando abrimos el stock de pedidos que había quedado, cuando llamamos para retornar, fue más importante que en otros lugares donde hubo más tiempo de espera, por eso en AMBA y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se está returnando a los que ya teníamos”.

Otro tema que siguen de cerca en la Anses es lo que pueda llegar a suceder con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y el proyecto de ley que se empieza a discutir mañana en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

Días atrás, a pedido de varias provincias, la Anses publicó la Resolución 3/20 en el Boletín Oficial en donde se establece que las provincias que tienen deuda con el FGS tienen una prórroga de 45 días corridos a partir del vencimiento del pago de capital.

Las fechas de los vencimientos de los distritos están entre el 24 y el 31 de agosto por lo que a mediados de octubre la Ciudad de Buenos Aires deberá hacer frente de un pago de $ 2.007 millones, Mendoza $ 1.268 millones, Salta $ 1.165 millones, San Juan $ 1.026 millones, Santiago del Estero $ 1.256 millones, Corrientes $1.129 millones, Buenos Aires $ 6.685 millones, Jujuy $ 864 millones y Misiones otros 1.004 millones. En total, al 31 de agosto vencieron deudas por 25.000 millones de pesos.

La ley que se discutirá y que todos los gobernadores miran con mucho atención, tiene como objetivo blindar los activos del FGS por un lado y, por el otro, facultar al organismo a renegociar las deudas con las provincias con un plazo máximo de ocho meses.

Lunes, 14 de septiembre de 2020