CAUSA PERUGORRIA
La Fiscalía pidió condena para exfuncionarios y los defensores reclamaron la absolución
Por segundo día consecutivo el Ministerio Público argumentó los pedidos de penas de prisión, que van de 9 años y medio hasta 42 meses, e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Luego, los abogados de Corona y Lesieux solicitaron que ambos sean exculpados.
La Fiscalía pidió condena para exfuncionarios y los defensores reclamaron la absoluciónEn el Tribunal Oral Penal (TOP) de Mercedes se reanudó ayer la audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal continuó con su alegato para fundamentar su requerimiento de condenar a los cinco exfuncionarios de Perugorría por -según el caso- presunta asociación ilícita y fraude contra la administración pública. También los defensores de quienes fueron intendentes, Angelina Lesieux y Jorge Corona, realizaron sus respectivos alegatos para solicitar así la absolución de ambos.
Hoy a las 13, en tanto, se expresarán los letrados que representan a los otros imputados en la causa por supuestas anomalías en la administración de fondos que Nación envió para solventar diferentes obras y proyectos en la localidad.
Comenzó a la mañana y se extendió hasta después de las 18 la segunda audiencia destinada a los alegatos de cada una de las partes del juicio contra quienes -además de los exintendentes- ejercieron diferentes cargos en la Comuna: Ernesto Moray Mussio (auditor externo); Patricia Vera (tesorera) y Sabrina Lammens (secretaria de Gobierno).
Durante gran parte de la jornada se escucharon los fundamentos del Ministerio Público Fiscal, que en este caso estaba representado por el fiscal del TOP de Mercedes, Juan Carlos Alegre y su par de Instrucción de Curuzú Cuatiá, María Alejandra Talamona. Los funcionarios judiciales plantearon que en el juicio se habría probado una serie de hechos que constituirían delitos. No obstante, según pudo saber El Litoral, solicitaron penas que contemplan diferente cantidad de tiempo de prisión. Pero pidieron que a todos se les aplique la pena de inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
Sobre esto, precisaron a El Litoral que pidieron nueve años y seis meses de prisión para Lesieux, por considerar que “fue una de las organizadoras de la asociación ilícita a través de la cual, en cinco hechos, se llevó a cabo una administración fraudulenta de recursos públicos”. “Por idénticos delitos, pero cometidos en un solo hecho, se requirió que en el caso de Corona se lo condene por siete años y seis meses de prisión”, indicaron. Tras lo cual acotaron: “No se lo acusó por otros hechos porque, debido a la insuficiencia de pruebas, no se pudo tener la certeza de que cometió algún tipo de irregularidad”.
Miembros y defensas
Desde el ámbito judicial explicaron que -a diferencia de los exintendentes- los demás procesados presuntamente habrían participado de delitos en perjuicio de la administración pública, pero no fueron quienes organizaron la asociación ilícita.
Razón por la cual, para Moray Mussio y Vera, el Ministerio Público Fiscal pidió cuatro años y seis meses de prisión “en calidad de miembros de la asociación”, por medio de la que supuestamente incurrieron en anomalías en el uso de recursos que Nación envió a la localidad. Mientras que para Lammens requirió tres años y seis meses de prisión por supuesta “malversación mediante peculado y fraude en perjuicio de la administración pública”, indicaron a este medio.
Por su parte, los abogados Jorge Monti y Marcelo Hanson realizaron la defensa de Lesieux. Ambos fundamentaron por qué consideran que durante el juicio no quedó demostrado que la exintendenta haya cometido alguno de los delitos que le atribuyen. Entre diferentes puntos, los letrados objetaron la denuncia que dio origen a la causa, como así también la presunta falta de precisiones en cuanto al daño económico que habría sufrido la administración pública.
Mientras que en el tramo final de la audiencia, José Luis Gelmi -como defensor de Corona- pidió también la absolución por considerar que no cometió delitos. Y en este sentido planteó: “¿Dónde están esos bienes?”. Refiriéndose a que el jefe comunal no tendría bienes personales que hayan sido adquiridos con recursos del Estado.
Entre los argumentos esgrimidos, el abogado recordó el testimonio de un exintegrante del Tribunal de Cuentas de la Provincia que explicó quiénes y cómo se realiza el control de los fondos que Nación envía a una comuna. Concluido su alegato, el TOP pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a las 13, cuando se desarrollará el tramo final del juicio.
Jueves, 10 de septiembre de 2020
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