La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) hizo su tercera denuncia por contrataciones directas, millonarias e inexplicables durante la gestión de Gustavo Arribas. Esta vez la hay un condimento peculiar: se trata de compras de distintos tipos de software que, en algunos casos, se podrían utilizar para hacer búsqueda de datos y espionaje de dudosa legalidad.

Todo indica, además, que los grandes eventos internacionales que tuvieron lugar durante la presidencia de Mauricio Macri, como la Cumbre del G-20 y la de la Organización Mundial de Comercio (OMC) fueron utilizados como grandes excusas para hacer inteligencia ilegal no sólo sobre políticos, organizaciones y periodistas sino también para hacer “excursiones de pesca”, para luego armar fichas e informes. La nueva presentación judicial se refiere a la adquisición directa de una licencia para usar el software llamado “Open Mind” que se usa para “recolección y análisis de datos de fuentes abiertas de Internet” y que costó más de 1 millón de dólares; también compró el equipamiento y los servidores, por cerca de 307 mil dólares; también pagó 30 millones de pesos sin cotejar otros posibles oferentes por la compra directa de licencias de la base de datos Oracle, que sólo se habría utilizado parcialmente. Es el mismo sistema que intentó contratar el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, por un sistema de gestión que la propia dirección tecnológica del tribunal decía que podía hacer sin costo.

Las tres denuncias que lleva concretadas la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, en los tribunales federales porteños ya suman un monto de compras y contrataciones irregulares por 2.203.641 de dólares y 47.198.824 de pesos en total. La última, presentada este martes, representa más de la mitad de ese dinero: 1.430.000 dólares y 33.309.880 de pesos. El expediente quedó en manos de la jueza Servini y el fiscal Eduardo Taiano, e incluye pedidos de indagatoria para Macri, Arribas y Silvia Majdalani. Los delitos en juego, dice el documento, son administración fraudulenta, negociaciones incompatibles y violación de los deberes de funcionario público. Para habilitar este tipo de gastos, la AFI se amparó en el decreto 656 de 2016 que declaró “secretos” todos los recursos de la central de espías. Por eso Arribas dispuso que las compras fueran directas y secretas. Se invocaban razones de “necesidad y urgencia” sin explicaciones.

Así fue que, por ejemplo, cuenta la presentación judicial, que en agosto de 2017 la AFI contrató en forma directa una licencia para el uso del software “Open Mind”, que se usa para recabar y analizar fuentes abiertas de Internet (información pública) con el argumento de que se celebraría la Conferencia de la OMC el 13 de octubre de ese año. La AFI emitió una orden de compra por 1 millón de dólares y un mes después pagó 127.000 dólares adicionales por la renovación anual sin jamás pedir un precio testigo a la Sindicatura General de la Nación pese a la increíble suma, cuyo pago en moneda estadounidense tampoco justificó. Para el uso se preveía, además, un pago trimestral de 30.000 de dólares. Es inevitable asociar este instrumento con otros asuntos en plena investigación sobre tareas de espionaje ilegal.

Por empezar, tanto la Cumbre de la OMC como la Cumbre del G-20 fueron utilizadas como excusa para que se abriera una causa judicial en Lomas de Zamora, en el juzgado de Federico Villena, que habilitó todo tipo de actividades de inteligencia sobre dirigentes políticos (oficialistas y opositores), periodistas, organizaciones sociales, dirigentes eclesiásticos, entre otros. En base a esa causa la AFI consiguió acceder a las Cámara del Aeropuerto de Ezeiza, al 911 y a las cámaras de toda la ciudad de Buenos Aires. Otra denuncia realizada por Caamaño reveló que la AFI confeccionó fichas con información personal y patrimonial de periodistas que se acreditaron para la cumbre del G-20 y de especial activistas, algunos empresarios y dirigentes sociales que inscribieron en el evento de la OMC. La AFI macrista armó más de 500 fichas, a menudo con información tomada de redes sociales y otro tipo de fuentes abiertas. En el caso de los activistas y empresarios incluso recolectó información detallada sobre sus propiedades, vehículos, participaciones societarias, cuentas bancarias y lazos familiares y personales. Esta investigación penal en particular está a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Para implementar el “Open Mind”, además, la AFI adquirió servidores, equipamiento y software. Eso costó, según la denuncia: 306.859,48 pesos. Un dato que llamó la atención, sumado a que no se justificó la compra para la cumbre de la OMC, es que parte de los bienes llegaron recién en febrero de 2018, después de evento.

Otro de los programas y sistemas contratados era para la “gestión de expedientes jurídicos”. La AFI de Macri y Arribas puso un fuerte foco en el monitoreo y hasta la intrusión en causas judiciales. De hecho le dio relevancia a la Dirección de Asuntos Jurídicos, que comandó Juan Sebastián De Stéfano, ligado a Daniel Angelici. Un agente que declaró en la Bicameral de Inteligencia describió a esa área como un “agencia dentro de la agencia”, donde hasta se hacía la desgrabación de escuchas telefónicas. El software cuestionado en este caso fue comprado a la firma One Finger S.A para la cual, sin controles ni conformidades, se emitieron órdenes de compras 3.180.485 de pesos, un monto se ubicaba un 36 por ciento encima de la propuesta de otro oferente que resultó desestimado por presentar un “precio elevado”. La intervención de la AFI encontró este sistema parcialmente instalado, imposible de utilizar.

La tercera adquisición directa denunciada fue de licencias de bases de datos de la empresa Oracle a la firma Preteco S.A, por 30.129.395 de pesos. Es similar a lo que intentó contratar para la Corte Suprema su presidente, Rosenkrantz, por 6,3 millones de dólares en febrero último: un sistema para gestión judicial que podía poner en marcha sin pagar un peso su propia dirección de tecnología. En ese entonces la excusa era que en enero se había producido una caída del sistema que dejó la información judicial inaccesible y era urgente una nueva tecnología. Sin embargo, Oracle había presentado su oferta antes, en noviembre de 2019. En el caso de la AFI, dice la denuncia de Caamaño “se pagaron más de 30 millones pesos por un sistema operativo del que únicamente se utiliza una parte de él y, como mayor agravante, existen otros software libres que no sólo sustituyen a Oracle, sino que son mucho más eficientes”.

La denuncia sugiere medidas y también pide indagar al exdirector de la Dirección de Gestión Económica y Financiera; al extitular de la Dirección de Tecnología de la Información; a un exasesor del director General, quien suscribió la justificación de compra del software “Open Mind”; y el exdirector operacional de Ciberinteligencia. Entre otras cosas, el escrito argumentó: “Establecer unilateralmente la totalidad de compras con carácter de secretas, es una licencia ilegítima para disponer de recursos públicos sin límites, sin ley, control, transparencia ni competencia empresarial, que en la práctica produjo además un perjuicio concreto y serio a las arcas del Estado y un detrimento a la sociedad”.



Miércoles, 9 de septiembre de 2020