Hace una semana dos menores argentinas murieron baleadas en Paraguay durante un operativo del gobierno contra un grupo guerrillero. Las familias de las niñas denunciaron que se trató de una masacre llevada a cabo por esta unidad de las Fuerzas Armadas.

Hace una semana dos menores argentinas murieron baleadas en Paraguay durante un operativo del gobierno contra el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El procedimiento había sido realizado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), unidad creada por el expresidente Horacio Cartes con el objetivo de acabar con el EPP. Las versiones de los hechos que dieron tanto el presidente Mario Abdo Benítez, así como el Ministerio Público, generaron cuestionamientos por parte de organismos internacionales. Las familias de las niñas denunciaron que se trató de una masacre llevada a cabo por la FTC. Por su parte, el gobierno abrió una investigación formal contra el EPP por tener menores entre sus filas. Para Juan Martens, docente paraguayo que estudió a esta fuerza de élite, la visibilidad que tomó el caso permitió correr el velo al accionar ilegal histórico del FTC. “Ejecuciones extrajudiciales, torturas, falsos positivos son sólo algunas de las denuncias que ya se habían hecho contra esta unidad militar”, sostuvo el abogado e investigador de la Universidad Nacional de Pilar.


En 2013 Cartes creó el FTC a través de un decreto. El objetivo del grupo militar era acabar con el plan estratégico del EPP, una organización guerrillera de izquierda que desde el 2018 venía llevando a cabo secuestros y asesinatos de gran resonancia. El FTC se conformó con miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD). La creación de esta fuerza había generado polémica ya que implicó la aprobación previa de una ley para permitir la injerencia de las FFAA en seguridad interna, algo que no estaba permitido en el país. Tras intensos debates en el Congreso, el Partido Colorado logró que se sancione la Ley 5036.

Sin embargo el proceso de militarización del país había empezado en 2008, durante la presidencia de Fernando Lugo. Martens explicó que desde ese año se habían hecho varios operativos contra la guerrilla. “Fundamentalmente en los departamentos de Concepción, San Pedro y Apampay, que es la zona de influencia del EPP. Incluso se declararó el Estado de excepción en esas zonas. Así llegamos a la ley de 2013”, explicó el abogado. Ya con el FTC en funcionamiento, su campo de acción quedó circunscrito a esas regiones del norte de Paraguay. “De un día para otro la gente empezó a ver tanquetas de guerra patrullando. Eso generó mucho miedo. Al tiempo aparecieron las primeras denuncias de violaciones a los DDHH”, sostuvo el docente.

En las investigaciones que llevo adelante Martens encontró decenas de denuncias sobre falsos positivos, personas asesinadas por la unidad militar que buscaron hacer pasar como miembros del EPP. “Uno de los casos que tomó mayor notoriedad fue el de Agustín Ledesma, un chico de 22 años sordo mudo, asesinado en 2012. Así como hoy denuncian los familiares de las nenas argentinas, a Ledesma le pusieron armas, lo vistieron con ropa de camuflaje y fue presentado como un miembro del EPP. Lo llevaron a la morgue de Concepción. Allí toda la comunidad estaba al tanto que había sido asesinado mientras cazaba pájaros en un monte cercano”, sostuvo el investigador. Además señaló que la operatoria del FTC cuentan con el apoyo fundamental del poder Judicial. “Todas las atrocidades que cometió esta fuerza fueron convalidadas por una fiscalía complaciente y un Poder Judicial absolutamente sometido”, señaló el abogado. Entre las ilegalidades llevadas a cabo por la Justicia paraguaya enumeró la implantación de pruebas, violaciones a la presunción de inocencia, imputaciones con acusaciones genéricas, utilización de pruebas secretas, y, lo que es más grave, condenas a altísimas penas sin sustento sólido.

Otro falso positivo se dio en 2015 tras el ataque del EPP a a una comisaría en Kuruzú de Hierro. “La reacción policial produjo la muerte de Francisco Denis Almirón y la detención de Isabelino Riveros durante un operativo. Nosotros corroboramos tras el relato de varios testigos inconexos que la FTC le puso un traje militar al cadáver. Según nos contaron saltaba a la vista que era un uniforme del ejército paraguayo. Se notaba en los bordados y las marcas. Riveros estuvo un año preso y después lo liberaron por falta de pruebas”, explicó Martens.

El Estado cómplice
Concepción es una de las zonas más pobres de Paraguay. Los niveles de desigualdad social saltan a la vista. Es una región donde abundan grandes extensiones de tierra apiñadas en pocas manos. A su vez allí funcionan importantes frigoríficos. Actualmente los pobladores conviven con altos niveles de violencia y miedo provocado por la presencia conjunta de la guerrilla y el ejército.“Los campesinos ya no andan por la noche. Si lo encuentra alguien de la FTC los mete presos bajo acusación de que están apoyando al EPP”, indicó el docente. Para el investigador la presencia de las FFAA desde 2013 sólo sirvió para deslegitimar aún más el rol del Estado a los ojos de la población. “La FTC se instala y reproduce un sistema de desigualdad, acompañado de violaciones a los DDHH. Su presencia violenta fortalece el discurso del EPP y le da contenido”, señaló el investigador. Para Martens ambos grupos responden a dinámicas diferentes, pero de cualquier manera violentas y terribles. “El EPP es un grupo que mata, asesina, secuestra, provoca desplazamiento forzoso. Nosotros asistimos a campesinos que tuvieron que abandonar sus tierras a las apuradas porque estaban bajo amenaza de muerte. Hay un caso muy gráfico de una señora a la que le pusieron una bomba en la boca por haber colaborado con la policía”, señaló el abogado. “Lo que nos dijeron los pobladores es que el EPP tiene más códigos. Sino lo denuncias, no te mata”, explicó el investigador.

Según el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) de Paraguay entre 2013 a 2018 el FTC multiplicó su presupuesto nueve veces. Un aumento que no se le dio a ninguna otra dependencia del Estado, según el organismo de DDHH. Martens informó que actualmente esta unidad militar cuenta con un presupuesto anual que ronda los 15 millones de dólares. “Hay mucho dinero para gastar que sólo maneja una cúpula que no supera las 15 personas. Además funcionan con gastos reservados de los que no rinden cuentas”, indicó el investigador. También indicó que en la formación del FTC, así como en la provisión de armamentos, estuvo involucrado el gobierno colombiano.

En el caso de las niñas argentinas los altos mandos de esta unidad militar confirmaron hace días que no hay filmaciones del presunto enfrentamiento. Anteriormente la Justicia había ordenado enterrar su cuerpos la misma noche que fueron baleados. El fiscal a cargo de la causa Federico Delfino también había pedido quemar los uniformes militares con los que los miembros del FTC dijeron haberlas encontrado. Sostuvo que estaba siguiendo los protocolos sanitarios por el covi-19. El médico forense que había participado en la autopsia dijo el lunes que la ropa se hubiera podido guardar sin ningún problema. Martens no se sorprende. Para él esta es la forma habitual en que procede el Estado paraguayo. “El FTC y la fiscalía volvieron a meter la pata. La única diferencia es que hoy, por tratarse de menores extranjeras, todo quedó a la vista", explicó el investigador.



Miércoles, 9 de septiembre de 2020