 DERIVACIONES DEL OPERATIVO “CIUDADES HERMANAS”
La Justicia Federal pide datos por la detención de un policía en Goya
La Justicia Federal avanza en las investigaciones de los hechos que derivaron en la privación de la libertad de un alto funcionario policial de la provincia de Santa Fe en la ciudad de Goya, durante un operativo antinarco al que asistió el entonces gobernador Ricardo Colombi. Ocurrió el 21 de diciembre de 2016 cuando el titular del Juzgado Federal de la ciudad de Reconquista, Aldo Alurralde, mandó a realizar varios allanamientos en Goya debido a que existía una banda narco que operaba en esa ciudad y traficaba marihuana a la provincia de Santa Fe.
Ese día llegaron a la segunda ciudad de la provincia un grupo de policías santafesinos con una orden para allanar varias viviendas, pero mientras se realizaba el operativo en una casa en la que estaban los narcos, se hicieron presentes en el lugar unos 50 efectivos de la Policía de Corrientes acompañados por Colombi y funcionarios judiciales.
Luego de ordenar que se suspendiera la irrupción en la vivienda donde había droga, se ordenó detener a José Mario Moyano, jefe de la Fuerza antinarcóticos de la Policía santafesina. “La privación de la libertad de Moyano habría contado con autorización de un juez o un fiscal. Esto debió haber originado un expediente judicial, una investigación o una imputación contra el efectivo detenido. Eso es lo que se pretende conocer”, indicó una fuente judicial a NORTE de Corrientes. Esta información es clave para profundizar en la investigación respecto a si Colombi y los efectivos policiales correntinos incurrieron en un delito.
“La investigación está activa y se avanza con los elementos de análisis. Lo que se puede notar es que la Justicia provincial se niega a brindar la información que se viene requiriendo desde 2016”, hicieron trascender desde el fuero federal. En aquella oportunidad la detención de Moyano fue avalada por el juez provincial Carlos Balestra y los fiscales Patricio Palisá y Guillermo Barry.s
Defensor de testigos
La excusa de Colombi para bloquear el allanamiento antinarco fue que los efectivos santafesinos habían pasado por la ciudad de Corrientes y se llevaron a diez muchachos hasta Goya para que oficien de testigos. Es una carga pública a la que los jóvenes no pudieron negarse, pero sus padres no estaban en conocimiento de que se los trasladó y por ello se habrían quejado al gobernador, quien se apersonó en el lugar del operativo.
Condenas tras polémica intervención de efectivos
El juez de Reconquista, Aldo Alurralde, afirmó en 2016 tras el polémico altercado entre policías provinciales de Santa Fe y de Corrientes: “Inicié una causa para que se investiguen todos los hechos que ocurrieron en Goya, que no sólo tuvieron como protagonista al gobernador de Corrientes sino también a los jefes policiales de esa provincia”. Lo que pretende aclarar es si los correntinos incurrieron en un delito, o bien, si hubo un error de procedimiento por parte de los efectivos santafesinos.
Pero, pese a los inconvenientes ocurridos aquel miércoles del último mes de 2016 en la ciudad de Goya, Alurralde logró que ocho integrantes de una organización de narcotráfico sean procesados y juzgados por el tráfico de grandes cantidades de marihuana desde la provincia de Corrientes a Santa Fe por medio de embarcaciones que cruzaban el río Paraná.
La investigación había iniciado a principios de 2015 cuando la Policía de Santa Fe descubrió una red de centro de ventas de droga que operaban en Reconquista y localidades vecinas. Lo que se pudo determinar es que esos lugares se abastecían a partir de cargamentos de hasta 200 kilos que llegaban semanalmente desde Goya. Lo que se determinó es que los líderes de la organización estaban en la provincia de Corrientes.
Es por ello que en diciembre de 2016 se realizó el operativo “Ciudades Hermanas”, contexto en el que los policías santafesinos allanaron una vivienda ubicada en la calle Chile al 1100 de la ciudad de Goya donde apresaron al goyano Javier Oscar “Cabeza” López, quien fue llevado a juicio en 2019 junto a los demás integrantes de la banda.
En un juicio abreviado, López asumió la responsabilidad de los hechos y se declaró autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y fue condenado a 5 años de detención; una pena de 4 años fue para Carlos “Gordo” Ramírez; Valeria Rolón, pareja de López, recibió una condena de 2 años y 6 meses de prisión al igual que Fabián Antonio “Cotorra” Quiroz por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El mismo monto de pena fue resuelto para Cristian “Colo” Thompson y Elvio Ramón Silva por tenencia de drogas.
Domingo, 12 de julio de 2020
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