El fiscal interpuso un recurso de casación por el fallo emitido en el juicio en el cual se investigaba presuntas anomalías en la administración de recursos del Fondo Sojero. El caso responde a una denuncia realizada por ediles en el 2009.

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El fiscal de Mercedes, Adrián Casarrubia, el último viernes, presentó un recurso de casación ante el STJ por el fallo que absolvió al ex intendente de Perugorría, Jorge Corona, en una causa por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Este caso que llegó a juicio, comenzó en el 2009 a partir de que ediles denunciaron que él no presentó un plan de obras que indicara cuál fue el destino de los recursos recibidos por el Fondo Sojero.

El pasado 14 de noviembre, tal como lo informó El Litoral, comenzó el debate oral en el Juzgado Correccional de Mercedes, bajo la presidencia de la jueza Margarita López Rivadeneira.

Durante esa audiencia, se leyó el requerimiento y se concretó la apertura de la causa a prueba.

En este contexto, declararon como testigos los ex concejales Orlando Montenegro y Carmen Méndez, como así también quien estuvo a carto del área contable durante la gestión del citado ex Jefe comunal.

Inclusive Corona, antes que concluyera la audiencia, prestó declaración y respondió varias preguntas del fiscal.

Al día siguiente, continuó el juicio con la lectura de los alegatos y el posterior fallo a través del cual Corona fue absuelto.

Días después, fueron dados a conocer los alegatos de la resolución judicial. “El dictamen se basó en que el decreto de necesidad y urgencia emitido por el Gobierno Nacional -206/09-y al cual se adhirió la Provincia por medio del 399/09, no estableció en qué plazos los intendentes tenían que rendir cuentas sobre el uso del Fondo Sojero”, explicó Casarrubia. Tras lo cual indicó que “si bien no precisaba eso, sí en el artículo cuatro del decreto 399, decía que los intendentes deberán presentar los plazos de obras”.

Esto, “sumado a que transcurrió bastante tiempo hasta que el ex intendente hizo las rendiciones, consideré que era necesario apelar su absolución, lo cual técnicamente consiste en presentar un recurso de casación ante el STJ”, afirmó el fiscal a El Litoral. En este punto, argumentó que “considero que incumplió con sus deberes de funcionario público y por eso, durante el juicio, solicité una multa de $10.000 e inhabilitación de un año para ejercer cargos públicos”.

Lunes, 9 de diciembre de 2019