A paso firme, con reserva y “no muy lejos” de los primeros llamados a indagatoria. Así es como avanza la causa que investiga la operatoria con contratos vencidos durante dos años de las concesiones de peajes de siete corredores viales, cuyos principales imputados son el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y el ex director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel. “La prórroga de las concesiones fue totalmente ilegal”, afirmó Julieta Ripoli, ex titular de Jurídicos de Vialidad, quien declaró como testigo.

Si bien en el despacho del juez Sebastián Casanello son muy cautos y evitan adelantar las próximas medidas para preservar la pesquisa, Página/12 pudo saber que se está trabajando fuerte en el expediente. Los investigadores consideran que la denuncia que originó la causa es muy sólida. ¿Están lejos o cerca de los primeros llamados a indagatoria?, consultó este diario. “No muy lejos”, respondieron en Comodoro Py. Hasta el momento ya se tomaron varias testimoniales, entre ellas la de Graciela Aleña, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines y querellante en la causa, y la de Ripoli. Ambas declaraciones fueron muy valoradas en el juzgado, que ahora busca profundizar en la determinación concreta de los hechos que se investigan. La hipótesis principal de la demanda es que los funcionarios buscaron “beneficiar a un grupo pequeño, pero de influyentes empresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”.

La novedad más importante en el expediente que instruye Casanello es que declaró como testigo la ex jefa de Jurídicos de Vialidad, Julieta Ripoli . Se trata de la abogada que ya había aportado su testimonio en la otra causa sobre el negociado de los peajes del Gobierno de Mauricio Macri, la que involucra al grupo Socma, ex accionista de Ausol SA, concesionaria de la Panamerica. La palabra de Ripoli, quien declaró nuevamente bajo juramento, se transformó en un testimonio clave para los dos expedientes.

Según declaró en esta oportunidad, el objetivo “oculto” de no haber enviado los pliegos de licitación a tiempo y prorrogar por simple vía administrativa, era acoger a los corredores bajo el cuestionado régimen de las PPP (contratos de Participación Público Privada). “Solamente se puede entender lo que pasó en el marco de un plan con un objetivo mayor: el gran negocio eran las PPP, que son las nuevas privatizaciones de los 90'”, dijo Ripoli ante la consulta de Página/12.

La denuncia
Con pliegos totalmente vencidos, el Estado habilitó a varias empresas –entre ellas Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente– a seguir cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos. Se trata de rutas nacionales que pasan por un total de once provincias. Los contratos de esos corredores viales habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más. La fecha final de caducidad pasó a ser el 21 de abril de 2017, momento en el cual debió haberse llamado a una nueva licitación. Sin embargo, Iguacel emitió una resolución (la 811/17) para extender los plazos omitiendo el decreto 1288 de 2016, que ordenaba precisamente que esos corredores debían volver a licitarse.

Esa resolución de Iguacel era ad referéndum del Poder Ejecutivo, por lo que fue girada al Ministerio de Transporte. Sin embargo, según la denuncia y según ratificó Ripoli en su declaración, Dietrich la devolvió en tiempo récord y sin tramitar. “Iguacel y Dietrich favorecieron a las empresas, privando a la administración de obtener una mejor oferta o mejor precio de mercado, ahorrándose la necesidad de competir para acceder o sostener por más de dos años la operación de los corredores concesionados”, señala la denuncia del Sindicato. Según Ripoli, testigo directa de los manejos del macrismo en Vialidad para beneficiar a las empresas de peajes, el ex Occovi -que era la autoridad de aplicación- tuvo tiempo suficiente para elaborar los pliegos para una nueva licitación y no lo hizo. Desde 2010 el Estado ya sabía que esos contratos vencían en 2016. Sin embargo no lo hizo”

¿Por qué fue ilegal la prórroga de los contratos?, le preguntó a Ripoli Página/12. "La prórroga de las concesiones fue ilegal porque no lo prevén el contrato y la ley aplicable, que es la ley de concesiones, ni tampoco el decreto 1023, del año 2001. Ambos actos administrativos prohíben una nueva extensión sin llamado a licitación.

¿Y cuál pudo haber sido el objetivo de mantener a los holdings operando sin licitación? "Viendo en retrospectiva, solo se explica esa prórroga ilegal porque estaban esperando la aplicación de la nueva ley de PPP, que al Gobierno le interesaba. Por PPP las empresas salen beneficiadas y se perjudica al Estado abiertamente, porque los precios que se pagan son mucho más elevados que en concesiones normales. Mientras el modelo de PPP fracasó en todo el mundo, acá avanzaron y las inauguraron justo en Vialidad, donde los contratos son millonarios. No empezaron por algo chico para probar, empezaron con los peajes y las rutas", detalló la testigo.

Ante la Justicia, Ripoli relató que cuando estaba en funciones recibió un documento del ex Occovi, en el que se planteaba la prórroga extra contractual aduciendo que no habían llegado con los tiempos para elaborar los nuevos pliegos. “Cuando pregunté por qué no se llamaba a licitar, Paulina Segovia, subgerenta de Jurídicos del ex Occovi, me dijo que era orden de Jefatura de Gabinete y que no llegaron a preparar toda la documentación”. Justamente, fue bajo la órbita de Marcos Peña que se ubicó al negocio de las PPP. Para Ripoli “lo que hubiera correspondido era una nueva licitación o que se hiciera cargo el Estado”.

El fiscal Eduardo Taiano imputó a Dietrich y a Iguacel por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica. Lo escandaloso es que por dos años, las empresas siguieron cobrando peajes, certificados de obra millonarios y se favorecieron con el aumento constante de las tarifas.

El 24 de septiembre de este año, dos semanas después de impulsada la acción penal, el Gobierno buscó desactivar la investigación con la derogación por decreto de los contratos de los corredores que estaban vencidos y pasó la administración de manera provisoria y con un “plazo máximo de cinco años” a Corredores S.A., una empresa con acciones estatales. Sin embargo, insólitamente el decreto 659/2019 reconoce que los contratos estaban vencidos y no logró el objetivo de devenir la denuncia en abstracta. Muy por el contrario, la investigación avanza y promete profundizarse.

Viernes, 22 de noviembre de 2019