El operativo comenzó a pesar de las denuncias de la oposición y de que la Justicia analiza frenar el plan. Es para personas inscriptas como desocupadas sin ingresos por punteros de Juntos por el Cambio.

A pesar de las denuncias de la oposición y de que la Justicia analiza frenar su plan clandestino de subsidios el Gobierno comenzó a pagar ayer los bonos de $5.000 a personas inscriptas como desocupadas sin ingresos por punteros de Juntos por el Cambio. El operativo arrancó en todo el país y en bancos públicos como el Nación y el Provincia de Buenos Aires al mismo tiempo que proliferaban nuevas presentaciones judiciales del Frente de Todos para reclamar una investigación en varios distritos a partir de las revelaciones que hizo en exclusiva este diario a partir del 23 de septiembre.

La liquidación de subsidios ya había sido anticipada por las autoridades de la banca pública a sus gerentes a través de circulares internas y ayer acudieron los primeros contingentes de beneficiarios a retirar sus cinco mil pesos, como pudo constatar este diario. En algunas entidades, en donde el ítem que consagró los pagos fue “planes sociales”, advirtieron que hubo perceptores que les dijeron que se trataba del primero de tres pagos por el mismo monto. La reglamentación del plan, sin embargo, contempla un pago por única vez y por ventanilla.

La Justicia, en paralelo, continuó con sus pesquisas. Mientras se espera para hoy una resolución de la jueza federal con competencia electoral, María Servini, respecto del pedido de los apoderados del Frente de Todos para poner en suspenso los pagos, el fiscal Jorge Di Lello recibió ayer del secretario de Empleo, Fernando Prémoli, subalterno del ministro de Producción, Dante Sica, la información que le había exigido sobre la normativa que dio origen a la bonificación. Los documentos llegaron al filo del plazo en el que Di Lello había emplazado al firmante de la resolución 1177 y antes de disponerse una orden de allanamiento en la cartera.

La jueza resolverá hoy sobre la denuncia del abogado Jorge Landau, que planteó por un lado la necesidad de iniciar una investigación penal por supuesta violación del artículo 139 inciso “b” del Código Electoral, que pena con entre uno y tres años de cárcel a quien compeliere a terceros a votar por un determinado candidato, y por otro pidió una cautelar para suspender los pagos. Di Lello dictaminó el miércoles a favor de este último punto por entender que la ejecución de los montos podría lograr el efecto buscado en la acción clientelista del puntero al ofrecer el plan a cambio del voto para Juntos por el Cambio. Al mismo tiempo, el fiscal aclaró que una vez superada la elección del 27 el monto podrá ser cobrado por los beneficiarios en su condición de desocupados sin ingresos.

Landau se manifestó confiado ante este diario en obtener la cautelar de la jueza y contó que esta misma semana, en simultáneo con su denuncia ante el fueron Electoral, hubo presentaciones similares que hicieron abogados del Frente de Todos en otros distritos, siempre bajo la sospecha de que punteros, dirigentes e intendentes de Juntos por el Cambio realizaban acciones proselitistas con fondos públicos en el último tramo de la campaña electoral. Según el letrado hasta ayer se habían radicado denuncias en la Justicia respecto de la provincia de Buenos Aires, por maniobras detectadas en Roque Pérez; en Santiago del Estero y en Salta.

En Roque Pérez este diario había informado que el concejal de Juntos por el Cambio Juan María Cravero, candidato a arrebatarle la intendencia al actual jefe comunal, el peronista Juan Carlos Gasparini, era sospechoso de ofrecer los bonos de $ 5.000 sin tener facultades ni los resortes del Ejecutivo municipal. Incluso una página de la red social Facebook que se presenta como la oficial de Juntos por el Cambio en Roque Pérez anunciaba hasta ayer que los potenciales beneficiarios del plan podían inscribirse en esa sede partidaria.

Como reveló Ámbito Financiero, el Gobierno nacional montó en silencio un megaplán de distribución de 114 mil bonos de $ 5.000 cada uno entre desocupados de todo el país a través de punteros propios con un presupuesto máximo de 650 millones de pesos a cargo de la Secretaría de Empleo.

Viernes, 18 de octubre de 2019