El inicio del juicio a Cristina Fernández de Kirchner y a ex funcionarios empezó a pesar de que no se realizaron las auditorías requeridas para precisar la relación entre pagos y obras realizadas o no. El modus operandi de manejar tiempos judiciales en función de tiempos políticos apareció en plenitud.

Javier Iguacel, al frente de Vialidad Nacional, arrancó en abril de 2016 con la causa que llegó a juicio este martes. El objetivo era político desde el primer momento: en aquel entonces, cargar las culpas a "la pesada herencia", justificar los desastres económicos perpetrados por el macrismo. Luego insistieron con la noción: "se robaron un PBI", igualmente para explicar la hecatombe producida a trabajadores y jubilados. Hoy en día, el juicio hecho a las apuradas es una necesidad electoral desesperada.

Como siempre les importó sólo el objetivo político, no las pruebas, pasaron tres años sin hacer una pericia elemental: ver en concreto si las obras se hicieron o no, si se cobró más de lo debido, si se cobró algo no hecho, si las demoras --que existen en todas las obras del país-- tuvieron fundamento. No pidieron la pericia los fiscales, no la ordenó el juez, ni la Cámara Federal ni la Casación. Cuando la Corte Suprema amagó con postergar el juicio para ordenar la pericia, ardió Troya.


La única explicación por la que no se realizó esa prueba básica en tres años y no se hace ahora sobre la totalidad de las obras cuestionadas es que le tienen miedo a las conclusiones. Es que la propia auditoría ordenada por el macrismo, con dos ingenieros y un contador designados por el macrismo, dio que "no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse" y que " lo que figuraba como pagado estaba hecho".

Por lo tanto, la jugada fue impedir que una prueba se interponga en el objetivo político.

Algo similar hicieron en el caso del Memorándum de Entendimiento con Irán. Había una prueba categórica, devastadora y al mismo tiempo elemental por hacer: tomarle declaración a Ronald Noble, el ex titular de Interpol. Si la acusación contra CFK y el fallecido Héctor Timerman era que firmaron el acuerdo para favorecer a los sospechosos iraníes y levantar las órdenes de captura con alertas rojas, nadie mejor que el secretario de Interpol, un hombre que, justamente, estaba al frente de las alertas rojas. Noble, desde Dubai, donde vive, insistió en venir a declarar. El juez Claudio Bonadio, la Cámara Federal y la Casa Rosada se negaron a que se tomara ese testimonio. Les destrozaba la acusación y toda la causa.

O sea, no dejaron que una prueba se interponga en el objetivo político: juzgar y condenar a la ex presidenta y al ex canciller.

Por estos días se está produciendo algo llamativo. El mes próximo, tal vez el 12 de junio, se va a dar a conocer el fallo de un caso que motivó tapas y más tapas de diarios: los bolsos que arrojó José López en el convento de General Rodríguez.

Uno se pregunta: ¿qué es lo que sucede que los grandes medios ya no hacen alharaca con ese juicio y esa causa?

La respuesta es que ya cerraron la acusación el fiscal y los alegatos de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, estos dos últimos organismos voceros de la Casa Rosada. Ninguno pudo alegar que el dinero que tenía López venía de Cristina o de más arriba que López. Todos dijeron que era dinero que el ex secretario tenía en su casa desde hacía rato, algo que se evidenció por el escondite que encontró el juez Daniel Rafecas en la casa del ex funcionario. Los billetes estaban húmedos porque López los escondió durante bastante tiempo al lado del tanque de agua.

En ninguno de los tres alegatos se tomó como cierto que los bolsos se los había dado a López un secretario de los Kirchner, Fabián Gutierrez. Es decir, se concluyó tácitamente que los dólares fueron producto de la corrupción del ex secretario --casi seguro coimas de algunas empresas-- no de alguien por encima de él.

Otra vez, la prueba arrasó con la jugada política. Entonces todo el caso dejó de interesar.

Hay vidas paralelas en los expedientes. El aparato judicial--político--mediático jugó, como en Brasil, a voltear cualquier posibilidad de regreso de lo que ellos llaman "el populismo". En ese camino, las pruebas no importan.

Cuando van en contra de la necesidad política, no se hacen.

Cuando se hicieron y no van con lo que se busca, se barren debajo de la alfombra.

Miércoles, 22 de mayo de 2019