En el Brasil de Lula preso y Bolsonaro rindiéndole pleitesía a Trump, empiezan a conocerse historias que la Argentina ya descubrió hace décadas. No son de este presente impiadoso, sino de su larga dictadura militar (1964-1985) que el presidente actual reivindica. Se trata de los casos de niños secuestrados y adoptados de manera ilegal por familias de uniformados o vinculadas a ellos.

Si ante hechos semejantes que ocurrieron en nuestro país, las Madres o Abuelas de Plaza de Mayo siguen buscando a sus hijos y nietos hace 43 años en una lucha que las enaltece, al lado de nuestras fronteras la tarea recién ahora empieza a dar frutos. El periodista brasileño Eduardo Reina realizó una contribución clave a la memoria de la nación más poblada de América Latina. Investigó el terrorismo de Estado y sus consecuencias, sobre todo en la región de Araguaia, estado de Pará, donde la guerrilla del Partido Comunista de Brasil (PCdoB) combatió contra el régimen entre 1972-1975. El resultado fue su aniquilación, con las consecuencias de desapariciones forzadas, torturas y robo de niños de los militantes y campesinos que vivían en la región.

En su nuevo libro Cautivo sin fin, el periodista documentó al menos 19 apropiaciones de menores que terminaron entregados a familias de militares. En diálogo con PáginaI12, Reina cuenta que lo atormentaba saber que había registros de hijos que eran buscados por sus padres en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, pero que, en su país, poco y nada se decía a pesar de que había soportado la más larga de todas las dictaduras sudamericanas: “Fue un proyecto que tuve largamente parado en un cajón, unos veinte años, aunque venía realizando algunas investigaciones. En 2015 decidí hacer el lanzamiento de la novela Después de la calle Tutoia, que cuenta la historia de una niña, hija de un militante político, secuestrada al nacer y entregada por los agentes de la represión a un empresario que financiaba la dictadura”.

La sorpresa y repercusión que causó su trabajo en Brasil las corrobora Jair Krischke, el presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos que tiene sede en Porto Alegre: “Estoy sorprendido por esas informaciones que hablan de los hijos secuestrados de los guerrilleros y campesinos de Araguaia”. El experimentado dirigente conoció a varios de los militantes que cayeron en aquel foco insurgente. Recuerda a sus amigos “José Humberto Bronca, con quien de jóvenes remábamos juntos en un club, Cilon Cunha Brum y Joâo Carlos Haas Sobrinho, un joven y brillante estudiante de Medicina”. Sus casos llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009 durante un juicio contra el estado brasileño. Krischke le ratificó a este diario que nunca había sentido mencionar las historias de los menores apropiados.

Reina cuenta que leyó unos 150 libros escritos por militares, periodistas, investigadores y funcionarios de la dictadura, con dos visiones diferentes del operativo de exterminio en Araguaia. “A partir de 2016 intensifiqué la investigación. Fui al campo a buscar a las víctimas y a sus familiares. Un caso fue tirando del otro. Algunas otras víctimas me buscaron. Hice un exhaustivo trabajo de chequeo y recopilación de informaciones, de documentos, de testimonios. Cientos de entrevistas. Recorrí más de 20 mil kilómetros por Brasil en busca de mis fuentes. Lo hice todo solo. La búsqueda inicial siempre fue por el secuestro de hijos de militantes de izquierda. Los casos de los hijos de campesinos fueron una sorpresa. Surgieron a partir de dos líneas escritas en el libro de un sacerdote, que era de la Comisión Pastoral de la Tierra en Araguaia”, comenta.

El libro de Reina que trabaja desde San Pablo fue apoyado por el Instituto Vladimir Herzog, que lleva el nombre del periodista croata-brasileño asesinado por la dictadura militar en 1975. Será presentado el próximo 2 de abril y menciona –dentro de los 19 casos de niños apropiados que documenta– a once que tenían vinculación con guerrilleros o campesinos de Araguaia. Una de las historias que investigó es la de Juracy Bezerra de Oliveira. Tenía 6 años cuando fue arrancado de su familia por los militares. Lo confundieron con otro menor. Los secuestradores creyeron que era el hijo del militante del PCdoB, Orlando da Costa, descendiente de esclavos, más conocido como Osvaldâo. Un ex boxeador del club Botafogo y estudiante de Ingeniería Mecánica de físico privilegiado. Un guerrillero que se transformó en mito para los lugareños y al que temían los militares. Ambos chicos tenían en común la piel morena, una edad similar y sus madres se llamaban María.

Uno de los suboficiales que combatió a la guerrilla en Araguaia, el sargento José Vargas Jiménez, confesó una vez cuál fue la estrategia de la dictadura en la zona: “Las órdenes eran claras: disparar primero, preguntar después. Entramos para destruir, para matar, no para hacer prisioneros. La cuestión era clara: exterminar. Y no veo por qué ocultar que hubo tortura y que estamos hablando de exterminio”. Chico Dólar, tal su nombre de guerra, se suicidó en 2017 reivindicando sus crímenes. Dejó dos libros y varios pedidos de entrevista sin respuesta del periodista Reina.

El autor de Cautivo sin fin le dijo a este diario que no recibió “ninguna colaboración de las fuerzas armadas brasileñas para hacer el libro. Por ejemplo, pregunté sobre el tío abuelo adoptivo de una de las víctimas, que era general del Ejército. Me enviaron una respuesta parcial sobre dónde había trabajado, alegando que esos datos sólo podían ser pasados por su familia. Sin embargo, informaciones de que él fue el administrador del Hospital del Ejército en Belém do Pará en 1963 y 1964, me fueron negadas. La misma información que está descrita en el portal del mismo Hospital en Internet y es abierta al público”.

Reina explicó que lo impactó cómo “la mayoría de estos hijos busca desesperadamente a sus padres biológicos. Quieren conocer sus orígenes... También me asombra cómo estas historias quedaron escondidas en los libros y en los medios en general durante todos estos años. Por cierto, estoy estudiando la razón de todo ese silencio”.

Lunes, 25 de marzo de 2019