Las transcripciones que sostienen la maniobra de la cofundadora de Cambiemos y Clarín para proteger al fiscal denunciado por extorsión salieron de la ex SIDE.

Las “fuentes anónimas” que le acercaron las transcripciones de escuchas a ex funcionarios kirchneristas presos a Elisa Carrió, según la información que obtuvo El Destape, no fueron otras que las huestes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que comanda el amigo presidencial Gustavo Arribas.

La AFI, que depende directo de Mauricio Macri, fue la única fuerza que intervino en la obtención y desgrabación de esas llamadas, lo que coloca a la casa de espías en el rol de proveedor exclusivo de Carrió. Esto implica que el Gobierno fue parte de la maniobra de blindaje a Carlos Stornelli junto a Carrió y el Grupo Clarín, que intentaron instalar que la denuncia por extorsión contra el fiscal fue orquestada por ex funcionarios detenidos en el penal de Ezeiza. Como reveló El Destape en base a los documentos de la causa, nada más lejos de la realidad. Pero la participación de la AFI, que depende directo del presidente Mauricio Macri, abre un nuevo capítulo en el libro sobre el uso de los servicios de inteligencia para espionaje a opositores y su utilización para operaciones mediáticas.


Las transcripciones a las que accedió Carrió, de ser verídicas, fueron realizadas por personal de la AFI. Es conocido que las intervenciones en los teléfonos del penal de Ezeiza se realizaron en el marco de una causa en la que se investiga al narcotraficante Mario Segovia, conocido como “El Rey de la Efedrina”, ordenadas por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correcional N 2 de Lomas de Zamora. Lo que no se conocía hasta ahora es que los únicos que manipularon ese contenido fueron agentes bajo el mando del señor 5, Arribas, como se conoce al jefe de la casa de los espías.

Todas las escuchas telefónicas legales se hacen en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCo), la ex oficina de escuchas que históricamente estuvo en la SIDE conocida como “Ojota”, que luego pasó al ámbito del Ministerio Público Fiscal durante la gestión de Alejandra Gils Carbó (período en el que se registraron cero filtraciones a medios) y que Macri entregó al (des)control de la Corte Suprema apenas asumió. En su momento, Ricardo Lorenzetti puso a cargo de esta oficina al juez Martín Doctrina Irurzun, luego de un sorteo del cuál nunca hubo pruebas de que se realizara. Como director de la DaJuDeCo, a cargo del día a día, colocaron a Juan Tomás Rodriguez Ponte, apadrinado por el juez Ariel Lijo. El operador judicial PRO Daniel Angelici colocó a varios cargos clave, como el responsable de las escuchas directas. Y el resto de los cargos Irurzun los ofreció a los jueces y fiscales de Comodoro Py para sus parientes y amigos.

Las escuchas se hacen por pedido de un juez, que pide la intervención de un teléfono en directo o diferida. En directo es cuando hay una persona escuchando “online” un teléfono. Sirve, por ejemplo, durante un secuestro. En las diferidas, el contenido de las conversaciones se graba en un CD. Lo relevante es que ese CD se coloca en un sobre y solo puede retirarlo personal autorizado de la fuerza autorizada por el juez.

Según pudo averiguar El Destape, en la causa en la que se investigaba al narcotraficante Segovia y por la que se monitoreaban los teléfonos del penal de Ezeiza, la única fuerza que intervino en la recolección de los CDs y las transcripciones de las conversaciones fue la AFI. Es decir, que personal de la casa de espías retiraba los CD, transcribía las conversaciones y tenía que remitirle al juez todo ese material siempre que fuera relevante para la causa que se estaba investigando. Lo que no tuviera vínculo con la causa de origen, en este caso lo relacionado al narcotraficante Segovia, debía destruirse. De ser verídicas, las transcripciones que Carrió difundió a través de Clarín no tenían razón de conservarse.

Las transcripciones de la maniobra para proteger a Stornelli, de ser verídicas, no tienen ninguna relación con la causa por la que estaban intervenidos los teléfonos. Tampoco revelan algún delito inminente, algo que podría llevar a que se informara al juez del contenido para que este la remita a otro juzgado e investigue. Por dar un ejemplo, si hubieran escuchado que se daban datos para cometer un delito. Nada de eso ocurrió, asumiendo siempre, vale repetir, que las transcripciones sean verídicas.

Miércoles, 13 de febrero de 2019