En el primer plenario con la nueva composición del Consejo de la Magistratura se designó al juez Ricardo Recondo como presidente. El encuentro estuvo signado por el reclamo contra el pago de Ganancias.

En la primera sesión con la nueva composición, el Consejo de la Magistratura designó al juez Ricardo Recondo como nuevo presidente y a la abogada Marina Sánchez Herrero como vice. El plenario estuvo signado por la disputa en torno a la suspensión del pago del Impuesto a las Ganancias para los integrantes del Poder Judicial pese a lo establecido por la Corte Suprema días pasados, un tema planteado por los representantes de los jueces. Para discutir el tema, el juez Juan Manuel Culotta, quien fue designado presidente de la comisión de Selección, convocó para la semana que viene a una reunión de la comisión de Administración y Financiera del Consejo.

Luego de la designación, el juez Recondo agradeció la “confianza” y aseguró que no tendría “pretensiones de figuración” sino de “armonía” en el desempeño del cargo. Durante el plenario, desarrollado en el segundo piso del edificio de Libertad 731, también se designaron a las autoridades de las cuatro comisiones en las que se divide el trabajo del Consejo.

Desde su cargo en la comisión de Selección, Culotta –muy cercano al abogado de Mauricio Macri, Alejandro Pérez Chada–, quien pidió que se abstengan de realizar los descuentos de Ganancias a los magistrados, contó con el apoyo del propio Recondo y del juez Alberto Lugones.

Sin embargo, el planteo de los jueces no tuvo apoyo de los demás consejeros: el diputado del PRO e impulsor de la ley para que paguen Ganancias, Pablo Tonelli, señaló que avalaba que el tema se trate en la comisión pero que ya había un fallo de la Corte Suprema sobre el particular. En tanto, la diputada del Frente Renovador Graciela Camaño apuntó al Gobierno y lo exhortó a reglamentar la ley. “El Congreso ya intervino, el Poder Judicial ya lo está haciendo. Falta que lo haga el gobierno con la reglamentación de la ley”, sostuvo Camaño.

De la sesión también participaron el diputado Eduardo “Wado” de Pedro (Frente para la Victoria), el representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques, la senadora Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini y el académico Diego Molea, pero ninguno de ellos se expidió sobre el tema.

El pasado 27 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia rechazó por unanimidad la medida cautelar presentada por la Asociación de Magistrados y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nación (Amfjn) para limitar el alcance de la ley votada en el Congreso que dispuso el pago del Impuesto a las Ganancias para todos los miembros del Poder Judicial que hayan sido nombrados o ascendidos a partir de enero de 2017. El fallo sumó así un punto para el Gobierno, que propició aquella ley que abordó un tópico molesto para la corporación judicial y que venía a desarmar una pequeña porción de un privilegio vigente, al tiempo que abrió un proceso de negociación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo para que el resto de los jueces y fiscales se sumen progresivamente al elenco de aportantes.

En su resolución, los supremos no se expidieron sobre la cuestión de fondo y descartaron la medida provisoria dictada en el fuero Contencioso Administrativo Federal, por lo que el pago del impuesto obtuvo vigencia plena. Sin embargo, la posición es conocida: pocos días antes de que se conociera el fallo, el presidente de la Corte consideró que la exención del impuesto a las Ganancias de la que gozan los jueces no se trataba de “una consagración de un privilegio”, sino de “la defensa de un salario adecuado”. “Lo que no se quiere es que el salario sea reducido para pagar Ganancias. Pero si hubiera un incremento salarial y sobre ese incremento se redujera el monto para pagar Ganancias no habría ninguna oposición”, puntualizó Rosenkrantz.

Viernes, 7 de diciembre de 2018