Luego de la resolución que rechazó la prisión preventiva de Pablo Moyano y sus revelaciones sobre “aprietes”, el juez quedó en la mira del procurador bonaerense. El juez Violini, en tanto, sumó sus acusaciones contra Conte Grand.

El fallo del juez Luis Carzoglio cayó como una bomba en el Poder Judicial bonaerense y también en el oficialismo. Es que no se trató sólo del rechazo a un pedido de prisión para Pablo Moyano sino que el magistrado consideró la investigación “endeble”, “contradictoria” y “direccionada”. O sea que el fiscal Sebastián Scalera –presumiblemente impulsado por el procurador Julio Conte Grand– direccionó las cosas contra Moyano, no por evidencias judiciales sino por motivos político-gremiales. La conferencia de prensa de la noche del martes terminó de redondear el impacto. Carzoglio arremetió nuevamente contra Conte Grand por presionar, filtrar información, alimentar a los grandes medios para que realicen una campaña en su contra y ser una especie de “monje negro” en la justicia provincial. El magistrado se sumó así al juez de la Casación, Víctor Violini, quien ya hace diez días viene denunciando al procurador. La respuesta de Conte Grand no se hizo esperar: ayer reavivó un jury que tiene planteado desde septiembre del año pasado contra Carzoglio. Por su parte, el fiscal Scalera adelantó que apelará el rechazo a la prisión –algo que no tendrá acogida en Cámara– y citará a Moyano a indagatoria, lo que está entre sus facultades.

Fallo
El punto clave de la resolución de 52 páginas de Carzoglio es más que razonable: rechaza la detención del dirigente camionero. Parece cantado que Pablo Moyano no tiene intenciones de huir –de hecho regresará hoy de Singapur– y el expediente se inició hace más de un año, de manera que si hubiera tenido voluntad de obstruir ya lo hubiera hecho. Pero el golpe mayor se produjo porque la Casa Rosada, sus voceros y los grandes diarios alentaron la detención de Moyano durante todo el fin de semana largo. Varios editorialistas difundieron, ya hace meses, que el camionero iría a parar a la cárcel.

Por lo tanto, el centro de la resolución del magistrado es sólido: no corresponde la detención.

Pruebas
En el resto de la resolución, Carzoglio considera que entre la barra brava de Independiente (Bebote Alvarez y el Polaco Petrov) y los Moyano había una relación tensa, de negociación, de idas y vueltas; no una asociación donde la barra seguía las instrucciones de Pablo Moyano.

Carzoglio lo define así: “en las escuchas, los barras le hacen exigencias cuasi extorsivas a Moyano”. El magistrado sostiene que, por ejemplo, los Moyano cumplían con el derecho de admisión aplicado a Bebote, o sea le impedían entrar a la cancha, y que eso demuestra que no eran una sociedad. Globalmente, el juez dice que el jefe de la asociación ilícita era Bebote, que Pablo Moyano no era parte y mucho menos el jefe.

Aún así, la resolución exhibe partes de ese tira y afloje por plata, por entradas de protocolo, por un viaje a Chile, porque no los dejaban entrar al estadio en Colombia y una larga serie de “negociaciones”.

Conflicto
Tanto en el fallo como en el posterior diálogo con los periodistas, Carzoglio confrontó con lo que consideró “aprietes y carpetazos”. En primer lugar, del procurador Julio Conte Grand, a quien adjudica la filtración del fallo mismo, pero sobre todo que le aportó a los grandes medios un listado de supuestos antecedentes del magistrado.

El choque con Conte Grand se viene agigantando en las últimas semanas a raíz de que se lo acusa de utilizar una megacausa existente en La Plata para imputar a jueces, camaristas, fiscales y abogados por complicidad con una banda de delincuentes. En ese expediente está detenido el juez César Melazo, pero también se apunta al integrante de la Casación, Martín Ordoqui.

Hace ya diez días el también integrante de la Casación, Víctor Violini, salió a la cancha contra Conte Grand señalando que estaba en una persecución infundada contra jueces, fiscales y abogados. Violini afirmó que Conte Grand quiere ser procurador nacional ante el naufragio de la candidatura de Inés Weinberg de Roca. “Las presiones al Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires encarnado en la persona de Conte Grand existen y son intolerables”, dijo Violini, apuntando también contra la gobernadora María Eugenia Vidal.

Ayer Conte Grand salió a responder diciendo que son acusaciones que Carzoglio y Violini tendrán que probar y en el caso del magistrado sostuvo que reactivará un jury, iniciado hace un año, para destituirlo por falta de idoneidad. El estallido parece poderoso y abarca a una parte importante del Poder Judicial bonaerense.

Apelación
Por su parte, el fiscal Scalera, que pidió la detención del camionero, anunció ayer que va a apelar el rechazo y adelantó que llamará a indagatoria a Pablo Moyano.

En la apelación tiene pocas chances. Interviene la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora, integrada por los doctores Pablo Little y Alejandro Rojas. Los camaristas tienen dicho que el rechazo a una prisión no es apelable porque, como dicen en la jerga legal, “no le causa agravio al fiscal”. Es decir que puede seguir investigando y avanzando en la causa y que la libertad de Pablo Moyano no le cambia nada.

Respecto de la indagatoria, Scalera no tiene problemas porque el código procesal bonaerense se lo permite y no requiere autorización del juez. Por ahora tendrá que prescindir de allanamientos, que también fueron denegados por Carzoglio.

Juez
Carzoglio no es un juez común. Llegó al cargo de grande, por concurso, apadrinado por el ex intendente de Avellaneda Baldomero Cacho Alvarez, un peronista no-kirchnerista. El magistrado es peronista, hincha de Independiente y su hijo fue parte de la conducción del club durante la gestión Cantero. En aquella época, Carzoglio benefició al club concediendo algunos amparos que le permitieron jugar a varios futbolistas rojos.

Todos los reconocen como muy trabajador, campechano, que recibe a todos los que le piden una audiencia. No tiene fama de jurista, sino que se lo considera poco ducho en el manejo de los encuadres legales y la jurisprudencia. Dicen que repite una frase “me importa la justicia, no la ley”.

En los tribunales de Avellaneda es muy querido y esa forma rústica de ser es la que se vió en el diálogo con los periodistas: no tiene pelos en la lengua. Se animó a lo que pocos se animan.

Jueves, 18 de octubre de 2018